El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que están estudiando cómo efectuar el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra tras el fallo del Supremo que, según ha dicho, no lo descarta, sino que "incluso abre la puerta a que Navarra reciba esta transferencia por otras vías".
Sánchez ha respondido de este modo a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien en la sesión de control en el Congreso ha pedido al presidente que se comprometa en hacer efectivo este traspaso y que lo haga cuanto antes.
El jefe del Ejecutivo ha insistido en que el Gobierno "respeta y acata" la resolución judicial del pasado día 19 por la que el Supremo consideró que no cabe emplear un real decreto para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Lorafna (Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra) ni amparada en su Derecho histórico.
En todo caso, Sánchez ha dejado claro que están viendo como materializar ese traspaso y que lo hará "dialogando con el Gobierno foral de Navarra".
Ha aprovechado para recordar que esta cuestión ha sido utilizada "de manera bastante torticera" desde la oposición por acusarle de querer retirar a la Guardia Civil de ese territorio cuando su Gobierno ha aumentado la plantilla en más de un 18 por ciento desde 2018, según ha detallado.
Además, ha señalado que José María Aznar ya se comprometió con transferir Tráfico a Navarra cuando era presidente y que lo mismo reclamaba Alberto Núñez Feijóo para Galicia mientras estaba al frente de la Xunta.
Aizpurua, por su parte, se ha quejado de que una vez más, "el poder judicial de la mano de la Guardia Civil" se convierte en un instrumento contra los intereses de la mayoría y al servicio de los sectores "más autoritarios y centralizadores de este Estado".
El Gobierno de España ya se comprometió ayer a subsanar el rechazo del Tribunal Supremo al traspaso de la gestión exclusiva de Tráfico y Seguridad Vial a Navarra. Una transferencia ahora mismo en el aire después de que el Alto Tribunal haya anulado el Real Decreto que había dado forma jurídica al traspaso. Las nuevas competencias han quedado en un limbo jurídico a la espera de que les de cobertura legal, ya sea mediante una reforma del Amejoramiento o mediante la aprobación de una ley orgánica de delegación de competencias. Una vía recogida en el artículo 150.2 de la Constitución y que ya se empleó para el traspaso de gestión de tráfico a Catalunya.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió ayer el acuerdo alcanzado con el Gobierno foral, en vigor desde el pasado 1 de julio. Y ante las críticas del PP recordó que el proceso “se remonta al año 2000”, con José María Aznar como presidente y Miguel Sanz al frente del Ejecutivo foral. Señaló además que algunos presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo las reclamaron también para Galicia. Por lo que restó importancia a la polémica.
La portavoz también desmintió “algunas acusaciones” sobre la supuesta expulsión de la Guardia Civil de Navarra, que no es tal. Y subrayó que desde el año 2018 se ha incrementado la plantilla en casi un 7 % en la Comunidad Foral, 96 efectivos más frente a los 330 que “desaparecieron” con los gobiernos del PP.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra argumentó que el reproche del Supremo es por una cuestión de fondo y no de forma, por lo que no supone un rechazo a la transferencia. Ahora, dijo, analizarán la situación creada para hacer efectiva la medida acorde con el criterio del Tribunal.
En similar situación se encuentra el Gobierno de Navarra, que comparte el análisis con el Gobierno central y evita definir cuál será la solución jurídica. Internamente se asume que el proceso, que ya estaba en marcha, se va a ver ralentizado al menos varios meses. De hecho, hay varias competencias ya recogidas junto al traspaso de Tráfico y Seguridad Vial que se estaban ejerciendo y cuya continuidad queda pendiente de un análisis jurídico más detallado.
