La decisión del Tribunal Supremo de tumbar la transferencia de tráfico a Navarra vuelve a poner sobre la mesa la decepcionante sensación de que el autogobierno está siempre en cuestión. En el caso que nos ocupa, el grado de consenso político sobre la transferencia debería haber permitido su implementación hace muchos años. Ya en el año 2000, contaba con el acuerdo del presidente foral Miguel Sanz (UPN) y el del Estado, José María Aznar, aunque nunca se puso en marcha el procedimiento. Lo reclamó después la presidenta Uxue Barkos (Geroa Bai) y el consenso al respecto se amplió, de facto, al PSOE.
Pero tuvo que ser en la anterior legislatura de Pedro Sánchez cuando el PNV cerrara el compromiso a cambio de la investidura del presidente socialista. Un periplo de más de 20 años en los que la desidia administrativa o la falta de voluntad política, o ambas, impidieron un proceso normalizado. Llegaron las prisas cuando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado del año pasado los vinculó EH Bildu al cierre de la transferencia en apenas cuatro meses. La fórmula elegida fue el decreto ley y el Tribunal Supremo la rechaza por considerarla contraria a normativa. El artículo 150.2 de la Constitución establece que la transferencia de una competencia no explícitamente contemplada en un Estatuto de autonomía –en este caso en el Amejoramiento del Fuero– debe realizarse mediante ley orgánica, cuyo procedimiento está tasado, conlleva su paso por las dos Cámaras legislativas del Estado y requiere mayoría absoluta.
La falta de diligencia durante casi tres décadas redundó en un procedimiento que el Tribunal rechaza al valorar que la competencia no es implícitamente foral en el marco de las funciones de la Policía propia. Más allá de la interpretación jurídica, el hecho retrata un grado de improvisación inducido por el último capítulo del proceso –un acuerdo PSOE-EH Bildu constreñido temporalmente en su ejecución por escenificarse sin plena seguridad jurídica–.
Pero retrata también la inequívoca voluntad de los grupos de interés –en este caso la organización Justicia para la Guardia Civil– ideológicamente alineados con el rechazo a cualquier descentralización del Estado. Dense, pues, los pasos debidos para restaurar la competencia del Gobierno de Navarra con la seguridad jurídica que la haga incuestionable.
