Que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el real decreto con el acuerdo entre Navarra y el Estado para la recuperación de la competencia de Tráfico para la Policía Foral se haga pública el día después de que un pequeño acto conmemorara los 130 años de la Gamazada parece una coincidencia de mala coña y eso si se piensa con buen sentido del entramado jurídico. La justicia es una lotería que puede caer de un lado u otro al albur del criterio de los señores magistrados y magistradas –no lo digo yo, lo afirman abogados, fiscales y los mismos jueces–, y en el ámbito del autogobierno foral en los altos tribunales de justicia española casi siempre toca perdedor.

Es cierto que el Supremo deja la puerta abierta a que se lleve a cabo la recuperación de la transferencia de Tráfico para Navarra por la vía de una ley orgánica o la modificación del texto del Amejoramiento y que el contenido de la argumentación no es del centralismo desaforado habitual que se estila allí, pero también lo es que dos sentencias anteriores del mismo Supremo interpretaron de otra forma el contenido del Amejoramiento y habían reconocido esa competencia como propia de la Comunidad Foral no como una nueva. De hecho, la ejerció durante décadas –ya en 1843 la Diputación Foral contaba con una ordenanza para la conservación y vigilancia de las vías públicas, que en 1928 cristalizó en la creación del Cuerpo de Policía de Carreteras, actual Policía Foral–, hasta que la dictadura franquista la eliminó en 1962. Aquellas resoluciones judiciales reafirmaban el valor jurídico y político de los argumentos del Gobierno de Navarra en defensa de los derechos históricos de Navarra reconocidos en la Constitución, el Amejoramiento y las leyes forales de Policías y de Carreteras. Esto es, una sala u otra de un mismo tribunal como el Supremo pueden interpretar un texto jurídico-político como el Amejoramiento en un sentido o el contrario. No parece que eso se atenga a una seguridad jurídica mínima.

La recuperación de la competencia exclusiva de Tráfico es una demanda histórica y común de Navarra. Algo que han defendido todos los Gobiernos forales, incluido el de UPN cuando por primera vez esta demanda formó parte de los compromisos de investidura de Miguel Sanz al acceder a la presidencia del Gobierno en 1996. Que Esparza cambiara de posición a medio camino es problema suyo. Fue acordado sucesivamente con Aznar, Zapatero, Rajoy con apoyo de UPN y PSN, pero siempre incumplido hasta que Sánchez lo pactó de nuevo con el PNV, se visualizó con la entonces presidenta Uxue Barkos en octubre de 2018, pero no se oficializó definitivamente hasta marzo de 2023 poco antes de las últimas elecciones autonómicas tras el enésimo acuerdo en ese momento con EH Bildu.

Manosear políticamente la transferencia de Tráfico para Navarra se ha hecho un rato. Vista la sentencia, lo importante para Navarra es recuperar la competencia aprobando una ley orgánica en el Congreso o una reforma exprés del Amejoramiento –hay mayoría para ambas vías y será más rápido acudir directamente al la ley orgánica supongo–, que optar por un recurso, siempre de resultado judicial incierto, ante el Tribunal Constitucional. De las responsabilidades si alguien ha hecho mal las cosas pudiendo hacerlas bien, o al menos mejor, política y jurídicamente en Navarra –los Fueros en Madrid nunca han estado bien vistos–, que también puede ser, ya se debatirá después.