El 11 de marzo de 2004 la explosión de 10 artefactos en cuatro trenes de cercanías de Madrid dejó 191 muertos y 1.856 personas heridas. El balance final de víctimas mortales ascendería a 193 tras la muerte en la explosión de Leganés del Geo, Francisco Javier Torronteras, y del fallecimiento de una mujer en 2014 por las secuelas del atentado tras permanecer en coma una década. El primer atentado islamista en el Estado tuvo lugar tres días antes de las elecciones generales que perdió el Partido Popular después de que el Gobierno de José María Aznar alimentara la teoría de la autoría de ETA. Esta tesis se mantuvo desde diferentes frentes durante los 28 meses que duró la instrucción del caso, dirigida por el juez Juan del Olmo. Pero los 241 tomos que recogen la información recabada durante la investigación apuntaron en todo momento a la autoría islámica, una teoría que quedó demostrada en el juicio sin margen de duda.
El juicio por el 11 M comenzó el 15 de febrero de 2007. Era un proceso de dimensiones homéricas con 29 procesados, 26 abogados defensores, 23 de la acusación, tres acusaciones populares, 65 testigos y 98 peritos. La magnitud del caso obligó a que se tuviera que celebrar en el pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid desde donde el juicio fue retransmitido en directo.
Además, al proceso se llegó con un país dividido entre los que defendían la autoría de ETA, y los que creían en el peso de las pruebas y apuntaban al terrorismo islámico. El juez Javier Gómez Bermúdez que presidió el tribunal que completaron Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara, ha reconocido en multitud de ocasiones que recibió presiones por parte del sector que defendía la autoría de ETA, pero el juez se encargó de combatir la teoría de la conspiración en los momentos en los que los abogados o los testigos intentaron introducirla en el juicio.
Gómez Bermúdez cree a día de hoy que esa teoría quedó desmontada en el juicio por las pruebas que demostraron que la autoría apuntaba a una célula islamista y que una trama asturiana de tráfico de explosivos les facilitó el material con el que perpetrar el atentado. “El tribunal después de analizar diez pruebas periciales y cantidad ingente de información llegó a la convicción absoluta de que ETA no tenía absolutamente nada que ver con este atentado”, explicó Gómez Bermúdez.
Fin a las especulaciones sobre el explosivo
Los testimonios de los peritos y de los agentes de los Tedax ratificaron que el explosivo utilizado en los atentados, y presente también en la bomba que no explotó por un error en su mecanismo y que posteriormente fue la clave fundamental para aclarar el caso, era Goma2-Eco y EC, una sustancia que no formaba parte del ‘modus operandi’ de ETA.
Además, también quedó demostrado que el material para atentar había llegado desde Asturias gracias a la trama encabezada por Emilio Suárez Trashorras, un exminero que sustraía el explosivo de la mina Conchita. Suárez Trashorras en sus distintas declaraciones y también durante el juicio manifestó que el “atentado había sido un golpe de estado encubierto” en alusión a la teoría de la conspiración, pero después reconoció en varios medios de comunicación y también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que todo fue una estrategia para intentar confundir.
Condenas
Tras 57 sesiones el 2 de julio de 2007 terminó el juicio y el juez Gómez Bermúdez leyó la sentencia el 31 de octubre de ese mismo año. De los 29 procesados, el tribunal absolvió a ocho e impuso condenas a otros 21.
La mayor parte de ellos fueron condenados a penas de entre 18 y 10 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada o colaboración con organización terrorista. El Tribunal Supremo ratificó la condena de la Audiencia Nacional, aunque absolvió a cuatro condenados e impuso una pena de cuatro años a Antonio Toro por tráfico de explosivos que en un primer momento había quedado absuelto.
Tres condenados en prisión
El Supremo también avaló la condena de los tres principales procesados que son los únicos que a día de hoy siguen en prisión. Un testigo visual confirmó que Jamal Zougam fue uno de los terroristas que colocó las bombas en los trenes. Es el único autor material condenado a 42.917 años de prisión. Otman El Ganoui cumple una pena de 42.919 años de cárcel como cooperador necesario, y Emilio Suárez Trashorras fue sentenciado a 34.715 años también como cooperador necesario en el asesinato de 192 personas.
Ninguno de ellos saldrá de prisión hasta 2044, aunque el ex minero asturiano que actualmente tiene 47 años pidió el pasado 1 de marzo acogerse a la eutanasia al considerar que en prisión no se le ofrece el tratamiento adecuado para la enfermedad mental que padece.
Autoría intelectual
Lo que no consiguió aclarar el juicio fue la autoría intelectual del atentado, aunque tanto el tribunal que juzgó el caso como el fiscal, Javier Zaragoza, consideran que las mentes tras el 11 M se encuentran entre los siete terroristas que se inmolaron en Leganés, que también fueron autores materiales al colocar las bombas en los trenes junto a Zougam.
Para Zaragoza el 11 M es un caso resuelto, aunque el fiscal jefe de la Audiencia Nacional apunta a que eso no quiere decir que “personas que no conocemos pudieran estar detrás del diseño o la planificación de los atentados”.
