El Parlamento de Navarra no logró consensuar un texto de rechazo y condena de los altercados producidos el pasado jueves durante el pleno de aprobación de los presupuestos. Ni la gravedad de lo ocurrido, que llevó a un grupo de agricultores a intentar entrar por la fuerza en la Cámara, ni la condena general en la que coinciden todos los partidos fue suficiente para fijar una posición institucional unitaria.

Hay dos motivos fundamentales. De un lado, la propia dinámica parlamentaria, que exige la unanimidad para dar paso a las declaraciones institucionales, que Vox se encarga siempre de echar por tierra. Y por otro, la diferente percepción que tienen los distintos partidos de la gravedad de lo que ocurrió el jueves en las puertas del Parlamento. Para la mayoría de Gobierno –PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin– fue un “asalto”, con lo que eso implica desde el punto de vista político y también judicial. Pero para la derecha, y en especial para UPN, se trata de un hecho “condenable” pero que no conviene “exagerar”.

La posición de los regionalistas hizo imposible el punto de encuentro, y dio paso a un cruce de reproches, sobre todo entre el PSN y UPN. “No ha sido posible una declaración de condena porque UPN no ha querido poner la palabra ‘asalto’. No sabemos si es para proteger a sus cargos públicos que fueron los estiletes y las puntas de lanza del asalto a este Parlamento”, apuntó el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, que criticó que “todavía hoy UPN no les ha pedido la dimisión”.

Los socialistas dan un paso más, y acusan a los regionalistas de alentar las protestas coordinándolas desde dentro del Parlamento. El PSN señala expresamente a UPN porque las protestas se produjeron nada más debatirse una propuesta de los regionalistas para rebajar la presión fiscal a los agricultores, tal y como habían pedido. Y porque entre los manifestantes que trataron de entrar al pleno por la fuerza había al menos un alcalde de UPN y un concejal de la formación regionalista. “Tendrán que decir por qué determinadas acciones de fuera coordinadas se movían cuando se tomaron ciertas decisiones dentro de este Parlamento”, insistió Alzórriz, que se preguntó qué diría UPN si los incidentes los hubiera protagonizado la izquierda abertzale.

Igualmente grave es lo ocurrido para el resto de socios del Gobierno, que destacan que estas actuaciones no representan al conjunto del sector, sí que son censurables. “No es el modo ni la forma” (Laura Aznal, EH Bildu); “No se pude repetir algo así” (Pablo Azcona, Geroa Bai); “Son hechos aislados y minoritarios, pero no son aceptables” (Carlos Guzmán, Contigo-Zurekin).

UPN se desmarca 

Los regionalistas sin embargo se desmarcan. Muestran su “condena” y su “rechazo” a los incidentes, pero niega que se trate de un “asalto” como ocurrió “en el capitolio” de EEUU. “Con UPN que no cuenten para criminalizar a los agricultores y hacer ver que son como los CDR catalanes o los seguidores de Trump. Exageraciones, ninguna”, replicó Javier Esparza, que alega que el intento de asalto “fue desorganizado y espontáneo”. 

El líder de UPN descarta además sancionar a los cargos de su partido que participaron en los incidentes ya que fue “fruto de los nervios y de la tensión”. “Si fueran independentistas catalanes seguramente los estarían amnistiando”, defendió Esparza, que asegura que allí “había también ediles del PSN y de EH Bildu”.