El Gobierno de Navarra empieza a controlar el flujo financiero de las criptomonedas y su tratamiento fiscal. Pese al auge de las monedas virtuales, no hay a día de hoy información sistematizada sobre el número de personas físicas y jurídicas que tienen criptodinero en Navarra, ni tampoco sobre el importe que tienen los y las contribuyentes navarras en activos de este tipo.
Una situación que se prevé corregir con las últimas modificaciones fiscales aprobadas por el Parlamento foral. Está previsto que a partir de este mes de abril Hacienda empiece a recabar los primeros datos relativos a las criptomonedas, según ha avanzado el propio Gobierno foral en una respuesta parlamentaria al portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz.
¿Qué son?
Las monedas virtuales son activos financieros que tienen como función servir como medio digital de intercambio. Como el dinero tradicional, pero de forma totalmente digital y descentralizada, ajena a los bancos centrales. Lo que les da más independencia pero también menos seguridad. De hecho, actualmente son escasas las opciones de compra mediante este tipo de monedas, por lo que las cripto se han convertido sobre todo en un activo para la inversión y la especulación financiera en un mercado que hasta ahora se ha demostrado especialmente volátil.
Sin embargo, la opacidad que envuelve muchas de estas operaciones y el crecimiento exponencial que ha vivido en los últimos años ha llevado a Hacienda a prestar una especial atención a este tipo de activos. Las monedas digitales tienen un valor por lo que su transmisión puede generar un beneficio que se debe declarar junto con el IRPF.
Hay sin embargo mucha indefinición y desconocimiento en este ámbito que ha llevado a los distintos gobiernos a adaptar su normativa. De hecho, según un estudio de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, el 77% de los inversores desconoce cómo debe declarar su patrimonio virtual.
En este escenario, la Unión Europea ha aprobado una nueva directiva, conocida como DAC 8, que introduce, entre otras modificaciones, nuevas obligaciones de comunicación de información y diligencia debida para los proveedores de servicios de criptoactivos y consiguiente intercambio automático de información sobre operaciones con criptoactivos.
Básicamente, la DAC 8 promueve la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y traslada a la Unión Europea los últimos trabajos efectuados a nivel internacional por la OCDE en materia de intercambio automático de información sobre criptoactivos. Esta directiva debe ser transpuesta al derecho interno antes del 31 de diciembre de 2025, por lo que el Gobierno de Navarra trabajará para presentar un proyecto de ley foral de transposición de la directiva en los próximos meses que aclare el tratamiento y el control tributario de las criptomonedas.
El objetivo fundamental la norma de transposición será la incorporación al derecho foral navarro de las nuevas obligaciones de comunicación de información y diligencia debida para los proveedores de servicios de criptoactivos. Europa pretende avanzar así en el intercambio internacional de información fiscal, mejorando los actuales mecanismos y ampliando la información intercambiada, revelado en los últimos años como un instrumento esencial para la transparencia fiscal y en la lucha contra el fraude.
Declaración obligada
Actualmente, la normativa navarra establece la obligación de informar a Hacienda de la tenencia de monedas virtuales en el extranjero y de las operaciones que se lleven a cabo. El plazo para declarar los activos finalizaba el pasado 31 de marzo, por lo que el Gobierno foral prevé disponer de los primeros datos relativos a las criptomonedas a partir de este mes de abril. Estas nuevas obligaciones informativas permitirán tener un mayor control sobre monedas virtuales mientras entra en vigor la nueva normativa europea.
No obstante, y aunque este 2024 será el primer año en el que la Hacienda Foral va a disponer de información sistematizada sobre saldos y operaciones con monedas virtuales, en ejercicios anteriores ya se había puesto el foco en el estudio de la inversión en monedas virtuales por los riesgos fiscales que estas operaciones conllevan. Y aunque la no disposición de información sistematizada ha limitado la capacidad de actuación por parte de la inspección; sí se ha procedido a iniciar algún expediente directamente relacionado con criptomoneda.
