Navarra detecta mucho más el fraude fiscal ahora que hace una década. Pero todavía hay margen de mejora, también en la recaudación. Es una de las reflexiones que plasma la Cámara de Comptos en su último informe de Cuentas, donde hace un repaso por la lucha contra el fraude durante los últimos años.
La cronología es clara: hace una década, en 2013, Hacienda detectó 95 millones. Ahora, esa cifra es un 86% superior: 177 millones en 2022. La sofisticación de los sistemas informáticos y los refuerzos de personal que incorporó el Gobierno de Barkos están detrás –en parte– de la subida.
Aunque queda mucho camino por recorrer. Sobre todo para la claridad de un sistema que Comptos insiste en que hay que mejorar y para asegurarse recaudar todo lo que aflora, algo que ahora no ocurre.
Comptos subraya en un par de ocasiones que es difícil hacerse a la idea de cuánto puede aflorar por lucha contra el fraude en un año. El órgano fiscalizador lo asume en el informe cuando deja por escrito que “los devengos obtenidos [los millones que afloran, que se entienden como derechos de cobro] no tienen que seguir necesariamente una tendencia”.
Navarra tiene planes específicos de lucha contra el fraude desde 2003, pero el periodo 2011-2014 es una montaña rusa de resultados: de los 90 millones a los 128 de 2012, para luego volver a los 95 y caer en el último año completo de UPN hasta los 84 millones.
Lo que pasa es que a partir de ahí los resultados sí que son más constantes y, sobre todo, mayores. Comptos especifica en su informe que fue en 2015 cuando la Hacienda empezó a incorporar otras actuaciones tributarias a la lucha contra el fraude. Ese mismo año, además, UPN sale del Gobierno y llega el equipo de Barkos, con Mikel Aranburu –un veterano inspector de Hacienda– al frente del departamento.
El gráfico es revelador: desde entonces, cada vez se detecta más. Una de las promesas políticas del Gobierno del cambio fue, precisamente, mejorar en la lucha contra el fraude, en una época en la que estaban muy recientes los recortes y la corrupción política. En 2015 comenzó el refuerzo de las plantillas de lucha contra el fraude –con más contrataciones– y una serie de campañas de concienciación.
En una entrevista con este periódico, en marzo de 2022, el conocido técnico Javier Onieva (miembro de la comisión de lucha contra el fraude) coincidía en señalar 2015 como un efímero punto de inflexión. Al menos desde el punto de vista de la plantilla. “Una vez que Aranburu dejó el cargo, en estos dos últimos Presupuestos [se refería a los de 2019 y 2020], la partida [para contratar] bajó a la mitad”, reconocía a este periódico.
El Gobierno perdió cuatro técnicos de Hacienda y la dirección encargada de las derivaciones de responsabilidad, “que en un año pasó de sacar a la luz un millón y medio a once millones en expedientes”, desapareció. Onieva, en esa misma entrevista, sostenía que por cada euro que la Administración foral gasta en un técnico de Hacienda, el Gobierno recauda veinte.
Y también hablaba de que doblar la plantilla de inspectores –que ahora es de 25– lleva siendo una promesa incumplida desde 1999. Gran parte del problema reside en que es cuestión de voluntad política, de querer luchar de verdad contra el fraude, resume Onieva. Para pensar.
Las observaciones de Comptos
Que el sistema es mejorable lo evidencia la Cámara de Comptos, que asume que es muy complicado distinguir qué cantidad efectivamente se ha recaudado de la que se ha detectado.
“El devengo de ingresos mostrado no implica que estas cantidades se hayan cobrado”, aclara el órgano, que insiste en que “debido a los problemas existentes en el propio diseño del CAT [la contabilidad auxiliar de terceros] y entre las aplicaciones informáticas que participan en la gestión tributaria y la contabilidad, no podemos identificar qué importe de la cantidad detectada en la lucha contra el fraude fiscal ha sido recaudada efectivamente”. Esto es lo mismo que reconocer que ni el órgano fiscalizador tiene todas las garantías de que todo lo que aflora se recauda.
De ahí que Comptos reitere en sus recomendaciones la necesidad de modificar la aplicación de la contabilidad auxiliar de terceros “para obtener datos sobre la recaudación de los impuestos que alimenten al sistema SAPG21 [un sistema informático que usa Hacienda Foral] y proporcionen información fiable para la elaboración de los estados financieros, ayudando asimismo en la gestión y análisis de otras áreas como la de lucha contra el fraude fiscal”.
Sobre el papel, los últimos datos disponibles son los que siguen: 33,1 millones afloraron por actas de inspección, aunque la cifra real de lo que se recauda sigue sin estar. 74,9 aparecen en el capítulo de “otras actuaciones” y tienen que ver con cambios de domicilio y actas únicas de empresas que tributan en cifra relativa. Y en las unidades de gestión tributaria se regularizaron casi 70 millones en liquidaciones, sanciones y recargos extemporáneos.
