El Gobierno de Navarra ha otorgado esta semana a Mikel Zabalza la condición de víctima de motivación política. Ha sido un proceso largo que ha tenido que superar décadas de olvido institucional y desidia judicial. No solo no se ha querido investigar el caso –está archivado desde 2010 sin juicio ni culpables– sino que todos los intentos de reparación se han encontrado con obstáculos políticos y judiciales hasta que el Constitucional finalmente dio luz verde a la ley navarra de 2019. La Comisión de Reparación ha resuelto favorablemente la solicitado de la familia.

Ha costado, pero por fin Navarra ha reconocido a Mikel Zabalza víctima de la violencia. ¿Cómo han recibido la noticia?

–Es un paso adelante importante. Para nosotros no es una novedad porque a Mikel la condición de víctima ya se la había reconocido el Gobierno vasco. Pero es una decisión importante sobre todo para el resto de víctimas. Porque el Gobierno de Navarra lo que está es reconociendo que ha habido víctimas de abusos policiales y del Estado.

Han sido casi 40 años. Pero al final, aunque sea por la vía administrativa, han acabado reconociendo que la familia tenía razón.

–Hemos tenido que luchar siempre contra un gran muro, que hoy sigue ahí en frente. Todavía no lo hemos podido derribar. Hemos conseguido que por lo menos ratifiquen lo que hemos dicho todo este tiempo. Que Mikel murió torturado en Intxaurrondo, que era verdad y que teníamos razón. Que la versión verdadera es la nuestra, y no la que pretendió hacer ver la Guardia Civi.

A Mikel lo detienen el 26 de noviembre de 1985 y no aparece muerto hasta 20 días después. Según la versión oficial, se había ahogado cuando trataba de escapar. ¿Cómo recuerdan aquellos días?

–Con mucha angustia y mucha incertidumbre. Rabia, dolor, confusión... Fue algo muy difícil que vivimos con mucho respaldo social. Aquel apoyo fue reconfortante.

¿La familia se ha sentido sola durante todo este tiempo?

–Nos hemos sentido solas en el sentido de que la versión oficial todavía prevalece. Es algo con lo que chocamos una y otra vez. Sí que hemos tenido un apoyo de nuestro entorno más cercano. De instituciones como el Ayuntamiento de Orbaitzeta o la plataforma Mikel Zabalza Gogoan. Ha sido un desierto larguísimo, lleno de obstáculos y de altibajos. Un camino largo que siempre acaba en el mismo punto, en el muro judicial.

Ahora tienen un argumento más.

–El reconocimiento al final es una actuación administrativa. Importante, pero administrativa. No tiene consecuencias jurídicas ni nada por ese estilo. Pero es cierto que la resolución nos da más argumentos y más razones para seguir exigiendo verdad y justicia. Hemos empezado por el final, que es el reconocimiento, pero falta lo principal. Lo que queremos es una verdad judicial y para eso hay que reabrir la investigación y hay que llegar hasta el final.

“El Gobierno de Navarra está reconociendo que ha habido víctimas de abusos policiales y del Estado, y eso es importante”

¿Qué opciones hay ahora para poder abrir una investigación?

–No muchas. A Mikel lo matan en 1985 y la causa penal se cierra en solo un año. En 2006 conseguimos que se reabriera, pero se volvió a archivar en 2010. Tendríamos que aportar nuevas pruebas o algún indicio para poder intentarlo otra vez. Pero eso no está en nuestra mano.

¿De quién depende?

–Quien puede aportar pruebas es la propia Guardia Civil, sus altos mandos. O los responsables del Gobierno de España. Que investiguen qué es lo que pasó en Intxaurrondo. Se lo hemos pedido al ministro Marlaska y también al delegado del Gobierno en Gipuzkoa. Que el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra digan que Mikel murió en Intxaurrondo debería ser suficiente para que en otras instancias se abriese una investigación.

¿Confía en que una desclasificación de documentos pueda aportar algo más de información?

–Desde luego, si hubiera más transparencia, si esos archivos secretos fueran accesibles, aunque sea indirectamente se podrían conseguir indicios que permitan abrir una investigación.

“Este reconocimiento debería ser suficiente para que el Gobierno de España aporte información y para que la justicia investigue el caso”

De lo contrario, tendremos una víctima sin victimario.

–Es la gran injusticia de esta y del resto de víctimas de la violencia del Estado, la impunidad que protege a los responsables. Se nos reconoce la verdad administrativa. Pero esa verdad administrativa da paso a muchas preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué pasó? ¿Quién tomó las decisiones? ¿Dónde están sus responsables?

¿El Estado algún día admitirá la verdad y pida perdón?

–Lo de reconocer los hechos para nosotros es en parte secundario. Lo que le pedimos al Gobierno español es que impulse las iniciativas necesarias para conocer la verdad y para que haya justicia. Hemos dado un paso pero el camino no ha acabado. Ni para nosotros ni para el resto de víctimas. Todas tenemos derecho a verdad, justicia y reparación. Eso es algo a lo que no vamos a renunciar.

De momento son 12 las víctimas de la violencia policial y del Estado reconocidas en Navarra. ¿Cree que habrá más?

–Espero que solo sea el principio porque quedan por reconocer muchos casos de vulneraciones de derechos cometidos por los cuerpos policiales y por el Estado. El nuestro en ese sentido era un caso fácil. Pero hay otros que no lo son tanto. Siempre decimos que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Pero también a quien se trata como víctimas de tercera y de cuarta. Pero el dolor es el mismo para todos. l