La instalación de un parque fotovoltaico en Cáseda ha reabierto una antigua disputa por la titularidad de los terrenos comunales. Una controversia que ya se ha dado en otras localidades navarras, y que esta vez viene salpicada por los intereses económicos y expectativas de beneficios a futuro que ofrece la planta, que prevé generar energía solar durante las próximas décadas.
Se trata de un proyecto doble promovido por la empresa Metka EGN Solar 29 y Metka EGN Solar 30, y que se han denominado Sangüesa 1 y Sangüesa 2, de 48,66 y 43,78 hectáreas respectivamente. En total, un millar de robadas de las que algo menos de la mitad (40,88 hectáreas) están reconocidas en el catastro como terreno comunal. Y es ahí donde surge el problema, porque la mayoría de las parcelas de carácter público están en litigio con particulares del municipio, que reclaman su propiedad.
Entre ellos se encuentra el propio alcalde de Cáseda, Jesús Esparza, que dirige el municipio desde 2007 por la Agrupación San Zoilo y ha ocupado diversos cargos públicos por UPN. Recientemente fue incorporado además a la ejecutiva del partido de la mano de la nueva presidenta, Cristina Ibarrola.
Según datos del catastro, el alcalde de la localidad tiene 18,9 hectáreas de terreno comunal en litigio en ambos parques, además de otras 6,5 hectáreas reconocidas como titularidad privativa. El resto de las parcelas del futuro parte fotovoltaico se reparten entre terreno comunal propiedad del Ayuntamiento (10%), particulares y comunales en litigio con una treintena vecinos. Casi en su totalidad son terrenos de secano para la agricultura.
Conflicto de titularidad
El conflicto de titularidad de los comunales no es nuevo en Cáseda. Aunque la propiedad pública está claramente documentada en el catastro, el derecho de uso y cultivo ha hecho que muchos particulares hayan asumido como suya la propiedad. Una situación “compleja y anómala” a juicio del propio Gobierno de Navarra, que ha tratado dar solución a situaciones parecidas en otras localidades navarras de diferente forma.
En unas ocasiones recurriendo a los tribunales, en otras mediante una compensación a los propietarios y generalmente mediante un acuerdo entre el Ayuntamiento y los demandantes para repartir en una proporción por acordar los terrenos en disputa. Esta fue una opción que ya se barajó hace unos años en la localidad, pero en la que finalmente no hubo acuerdo.
Los comunales en litigio
La posibilidad de firmar un convenio para definir la titularidad de las parcelas ha vuelto ahora con la perspectiva del proyecto fotovoltaico. Se trata de un paso imprescindible para poder llevar a cabo la desafección de los terrenos y autorizar la planta solar. Algunos propietarios, inicialmente reacios, han llegado a plantear un reparto de 60%-40% en favor de los particulares, pero no se ha llegado a concretar.
La solución debía partir del Ayuntamiento, que no ha aprobado ningún acuerdo de desafección, y debe contar con el visto bueno del Gobierno foral. La presencia del alcalde como particular litigante le da además un carácter especial a este caso, en la medida en que se mezcla el interés económico y patrimonial con el del municipio.
El proyecto energético ha encontrado la oposición de la Sección de Comunales del Gobierno de Navarra, que depende del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que en junio del pasado año ya emitió un informe negativo. En sus conclusiones recuerda al Consistorio que tiene la responsabilidad de velar por el patrimonio público, y que debe denegar las licencias de construcción cuyo otorgamiento “permita la ocupación ilegal” de los terrenos.
“La defensa, conservación y recuperación de los bienes comunales constituye uno de los puntos fundamentales de la política municipal”, defiende el informe elaborado por los técnicos del Departamento, que señalan a modo de advertencia que el Ejecutivo “excepcionalmente podrá llevar a cabo las acciones de defensa no ejercidas por los entes locales”.
La sección del Gobierno señala además que los bienes comunales “son imprescriptibles”, por lo que cualquier acuerdo o contrato que hayan podido firmar hasta ahora los particulares con la empresa promotora “no tendría valor jurídico alguno”.
Utilidad pública
La planta fotovoltaica se remonta al menos hasta 2020. Durante este tiempo el proyecto de ambos parques solares ha ido avanzando en su trámite administrativo, dejando de lado el conflicto abierto en torno a la titularidad de los terrenos.
En septiembre de 2023 el Departamento de Industria concedió la Autorización Administrativa Previa a la planta, que ya había obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida por Medio Ambiente y la Autorización en Suelo No Urbanizable (ASNU) favorable emitida por Ordenación del Territorio.
El Ayuntamiento sin embargo no ha llegado a aprobar la desafección de los terrenos que le pidió la empresa en 2022, ya que el cambio en el dominio público que exige clarificar de forma previa la titularidad de los terrenos en litigio. En su lugar, el Consistorio remitió un escrito a Comunales para “contrastar la viabilidad de la cesión y conocer su parecer”.
Ante esta situación, la empresa promotora optó el pasado 5 de marzo por solicitar la declaración de utilidad pública, lo que le permite llevar a cabo el proyecto sin necesidad de llevar a cabo la desafección. Según la Ley del Sector Eléctrico del Estado, la declaración de utilidad pública autoriza las expropiaciones forzosas para desarrollar el proyecto energético si es de utilidad pública. Su aprobación depende ahora de Industria. Llegados a este punto de la tramitación administrativa, y pese al informe de alegaciones que ha presentado la dirección general de Agricultura y Ganadería, resulta poco probable que se pueda paralizar el proceso.
Un conflicto sin resolver
La disputa por la titularidad queda en todo caso abierta y pendiente de solución. La Ley de Expropiación Forzosa contempla posibles litigios en torno a la propiedad de los bienes a expropiar.
En ese caso, y una vez fijado el justiprecio, la empresa promotora abonará la cantidad correspondiente por los terrenos de propiedad clarificada al Ayuntamiento y a los particulares. En el caso del terreno comunal en disputa, las cantidades generadas por los terrenos se depositarían en la Caja General de Depósitos, a la espera de que se resuelva quién es el beneficiario.
Se trata de una solución que rechaza el alcalde de la localidad, Jesús Esparza, que considera que la expropiación sería perjudicial para todas las partes. Para el Consistorio porque la titularidad pasaría a manos privadas, para los particulares porque no podrían arrendar las parcelas y para la propia empresa, que tendría que asumir en una sola vez la inversión por los terrenos. En su lugar, reclama a Comunales que aclare la propiedad mediante un acuerdo con los particulares.
De momento la disputa entre los intereses públicos y privados sigue abierta, sin descartar una posible judicialización si las partes en litigio, Ayuntamiento y particulares por un lado, y Comunales por otro, no alcanzan un acuerdo satisfactorio.
