Los grupos del Congreso coincidieron ayer en la grave crisis migratoria que sufre el Estado español, focalizada en Canarias, Ceuta y Melilla y que se prevé que vaya a más a medida que avance el verano, pero ello no fue suficiente para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería que tiene como fin redistribuir de forma obligatoria a los menores no acompañados en el conjunto de comunidades autónomas. En concreto, se registraron 349 votos, 171 a favor, 177 en contra (PP, Junts y Vox) y una abstención, de UPN.
Durante el debate, el PP y Junts mantuvieron su rechazo a la toma en consideración de esta iniciativa, lo que provocó que una de sus proponentes, Cristina Valido García, de Coalición Canaria, pidiera retirarla y que no se sometiera a votación con el fin de seguir negociando. “Yo no tengo discurso para volver a Canarias y decir que no ha prosperado la ley de extranjería”, alegó.
El PSOE, que completa junto a CC y Sumar la tríada de partidos que registraron la propuesta, forzó la votación para que populares y JxCat se retrataran junto a Vox en su rechazo a la misma. Mientras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, siguió el debate con gesto serio desde la tribuna de invitados. Curiosamente, gobierna junto al PP, una contradicción que fue subrayada ayer por grupos como EH Bildu. El archipiélago acoge actualmente un total de 6.000 menores no acompañados cuando dispone de solo 3.000 plazas.
El primero en tomar la palabra fue el diputado socialista Luc André Diouf Dioh, de origen senegalés, que admitió que “la situación que afecta a Canarias me afecta en lo personal”. Denunció el “aumento de los discursos de odio”, en referencia a Vox, y expuso uno de los argumentos principales del debate: que los niños y niñas que llegan a España, lejos de suponer un peligro, “representan el futuro”. Su compañera de bancada María Guijarro censuró los discursos “insolidarios, irresponsables y racistas”.
Nahuel González (Sumar), que citó en varias ocasiones a los futbolistas de origen migrante Nico Williams y Yamine Lamal, criticó que “hoy el PP y Junts se han unido con la ultraderecha”, por lo que les pidió que “reconsideren su postura” y apeló a su “humanidad, empatía y altura de miras”. En el caso de socios habituales de Moncloa, como el PNV, EH Bildu y ERC, confirmaron su apoyo a la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la ley para convertir en obligatorio el reparto de estos menores cuando una comunidad tenga su sistema de acogida saturado. Sin embargo, emplazaron a la fase de tramitación para incluir enmiendas que aclaren y mejoren los extremos de esta iniciativa.
Maribel Vaquero, del PNV, alegó que “son menores y es nuestra obligación velar por su integridad y darles un proyecto de vida”. Denunció que “los discursos populistas, sean del signo que sean, no aportan soluciones sino todo lo contrario”. Por EH Bildu, Jon Iñarritu explicó que “el texto nos parece mejorable pero estamos de acuerdo en el fondo y presentaremos enmiendas”. En referencia al PP, calificó de “sinsentido que ahora que se quitan el lastre de los partidos más a la ultraderecha copien su discurso”. El portavoz de ERC, Jordi Salvador, defendió que los menores no acompañados “necesitan protección, lo pinten como lo pinten”, y pidió que todas las comunidades se sientan orgullosas de “ser tierra de acogida”. Más crítica, Noemí Santana, de Podemos, dijo que “no se trata de repartir menores como si fueran paquetes de Amazon sino de darles una vida digna y el arraigo que merecen”.
Junts se mantuvo, por su parte, en el no, lo que junto a la postura del PP y Vox impidió la tramitación de la reforma. Su portavoz, Míriam Nogueras, acusó al Gobierno español de “abusar” de la solidaridad que, según defendió, caracteriza a Catalunya y rechazó que esta propuesta aporte “tranquilidad y seguridad a los que llegan”. También hizo una referencia a la situación en su comunidad, donde continúan las negociaciones para posibilitar la gobernabilidad, y aseguró que “el señor Salvador Illa tendrá que explicar por qué su partido apoya una ley española que tensiona a Catalunya”.
Recursos del PP
Cerraron el debate las formaciones que con más vehemencia han rechazado esta iniciativa. Andrés Alberto Rodríguez, de Vox, esgrimió diversas leyes y acuerdos para reclamar el regreso de los menores no acompañados a sus países de origen, ya que lo contrario “beneficia a las mafias de la emigración ilegal”. Sería “la única forma de acabar con el efecto llamada”, añadió, y trató de darle la vuelta a las acusaciones contra su formación de difundir bulos y fake news denunciando que la mayoría de migrantes no son niños sino adultos y que se oculta la nacionalidad de delincuentes y el gasto que supone acoger a los menores.
Ana Isabel Alós López, del PP, lamentó que “asistimos a un parche y chantaje al PP”. Acusó al Gobierno de “no tener política migratoria” y censuró que trate de “despachar en media hora de debate lo que no ha hecho en seis años gobernando”. Argumentó que las comunidades gobernadas por el PP acogen el 81% de menores no acompañados, mientras que las del PSOE se limitan al 2,5%, por lo que “si no fuera por el PP habría también una emergencia humanitaria”.
Alós López expuso la razón principal del rechazo del PP a esta medida, la falta de recursos por parte del Estado a las comunidades autónomas, y alegó que “cuando los recursos no existen, la solidaridad no es posible”. Definió por ello la pretendida reforma como un “yo reparto y tú te apañas”.
Finalizado el debate, trascendió que las comunidades del PP anunciarán recursos en cascada al Tribunal Supremo para reclamar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes en la que tratar el reparto obligatorio de menores migrantes. Así se lo transmitió ayer su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mediante una llamada telefónica.
Junts rechaza los objetivos de déficit y frena la tramitación de las Cuentas
– Nada más terminar su discurso la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que emplazaba a los grupos a “dar el primer paso para la aprobación de los Presupuestos” de 2025, Junts le hizo torcer el gesto cuando su portavoz adjunto, Josep Maria Cruset, ratificaba que el partido de Carles Puigdemont votaría en contra de la senda de déficit y, por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez se quedaba sin apoyos y contra las cuerdas, ya que propicia que crezcan las dudas sobre la longevidad de la presente legislatura.
Una postura adoptada al calor de las negociaciones entre los socialistas y ERC para investir a Salvador Illa. La justificación oficial de Junts para asestar este importante revés reside en la baja ejecución de presupuestos anteriores en Catalunya. Cruset lamentó que en el ejercicio presupuestario de 2023, Catalunya se haya quedado en el 45% de dicha ejecución. “Si miramos la totalidad de todas las comunidades, Catalunya se queda en el porcentaje de ejecución más bajo de toda España”, afirmó, aunque a nadie se le escapa que el mensaje es un nuevo aviso a navegantes hacia Sánchez. La senda de déficit se aprobó hace una semana en el Consejo de Ministros y se decidió llevarla rápido al Congreso, bajo la convicción de que saldría adelante. El paso de los días ya hizo crecer la desconfianza. Este rechazo complica el calendario presupuestario, ya que obligará al Gobierno a aprobar una nueva senda en Consejo de Ministros para su posterior remisión a la Cámara baja y, si resulta aprobada, al Senado. En caso de ser rechazada por la Cámara Alta, tendrá que volver al Congreso para que levante el veto.
PACTO SOBRE EL CGPJ Por otra parte, la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de cinco años de espera avanzó con la aprobación de la proposición de ley pactada entre el PSOE y el PP, formación que no obstante criticó a los socialistas por tratar de “amparar zonas de impunidad para Pedro Sánchez”. El resto de partidos censuró el acuerdo por quedarse al margen del mismo. Es el caso del diputado del PNV Mikel Legarda, que denunció que ambos partidos siempre hayan buscado tener una “cuota mayoritaria de personas ideológicamente afines” para que estas “actúen desde la cúpula judicial” a su favor.
El propio socio de gobierno del PSOE, Sumar, expresó su malestar en boca de su diputado Gerardo Pisarello. Así, al tiempo que celebró que se cierre “un capítulo nefasto de secuestro institucional perpetrado por el PP”, lamentó que “la regeneración de la justicia seguirá siendo un asunto pendiente”. Una de las más duras en sus reproches fue la líder de Podemos, Ione Belarra, que pidió de nuevo al PSOE que rompa este pacto con el PP.
