El Congreso, un camino lleno de espinas para Pedro SánchezEFE
Tras cumplir con la ley de amnistía y con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Congreso de los Diputados encara el nuevo curso con el reto de aprobar un techo de gasto que propicie los Presupuestos de 2025 y con la mirada puesta en el plan de calidad democrática que el Gobierno Sánchez quiere aprobar con sus socios. La Cámara Baja acaba de cerrar el primer periodo de sesiones de 2024 con la celebración de cuatro plenos extraordinarios en julio y tras dejar atrás una reforma constitucional en beneficio de las personas con discapacidad.
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Sesiones de julio que han marcado la unión del PSOE y el PP para reformar el poder judicial y han dejado entrever grietas entre el Ejecutivo español y sus aliados parlamentarios. Y es que aunque el Congreso ha convalidado el último decreto anticrisis que elimina el IVA al aceite y reduce el IRPF a rentas bajas también ha evidenciado el poder de Junts al tumbar el techo de gasto, base para elaborar los presupuestos de 2025.
La aritmética parlamentaria PSOE-socios funcionó al inicio de la legislatura, durante la tramitación de la ley de amnistía y con la convalidación de dos decretos vinculados a medidas anticrisis como consecuencia de la guerra en Ucrania, pero se ha puesto en entredicho en el último mes. Las exigencias de los aliados parlamentarios de derogar la ley mordaza y reformar la ley de secretos oficiales, volverán a estar sobre la mesa en septiembre cuando el Gobierno Sánchez presente diferentes iniciativas para luchar contra la desinformación y los bulos.
Una aritmética complicada
Tras siete meses de actividad parlamentaria, interrumpida por varios procesos electorales, el Gobierno español ha convalidado cinco decretos leyes (modernización de la Justicia, medidas anticrisis, suspensión de desahucios hipotecarios, mejora del subsidio por desempleo y ayudas para viajes de jóvenes en verano).
El PSOE ha tramitado 111 iniciativas, entre las que destaca –además de la amnistía–, la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra disminuidos, el proyecto de ley de Enseñanzas Artísticas, la ley de paridad y la reforma del Reglamento para aplicar las lenguas cooficiales en el Congreso. Ayudas a la automoción, un acuerdo de país contra discursos del odio, medidas para frenar la soledad no deseada, han salido adelante en los plenos donde las leyes aprobadas por unanimidad han sido muy pocas.
El Congreso sí ha conseguido aprobar una reforma constitucional con todos los votos a favor, menos Vox, prorrogar las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para colectivos vulnerables –con 347 síes–, o apoyar al sector del automóvil y al vehículo eléctrico, con 340 apoyos. Cerca de la unanimidad estuvo la proposición de ley del PSOE para reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
El PP ha tramitado en el Congreso 120 iniciativas y ha aprobado varias mociones sobre Marruecos, Ucrania, Venezuela o Palestina con el apoyo de los socios de Sánchez. En ocasiones la aritmética parlamentaria ha reflejado sumas de votos nunca vistas, como PSOE, PP y Vox apoyando a respetar de forma “escrupulosa” el ejercicio de los jueces así como su independencia y la separación de poderes. También la suma de socialistas y populares ha instado a subir el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 2030 o a enviar sistemas de defensa y tanques a Ucrania. l
MENORES MIGRANTES
El PSOE busca otro pacto con el PP
Apelación. La portavoz del PSOE, Esther Peña, apeló al PP para que los menores migrantes no acompañados que siguen en Canarias a la espera de ser acogidos en el resto de comunidades no tengan que esperar “cinco años y medio como ha tenido que esperar la renovación del Consejo General del Poder Judicial”. Esther Peña se refirió a la situación de los menores migrantes después de que esta semana el pleno del Congreso rechazara con los votos en contra del PP y de Junts la toma en consideración de una proposición de ley para reformar la ley de extranjería con el fin de establecer un reparto vinculante de estos menores entre las comunidades autónomas y así aliviar zonas tensionadas como Canarias.