La Confederación Empresarial de Navarra (CEN) abonará 274.338 euros a la sociedad pública Sodena como parte de un acuerdo para compensar parcialmente las pérdidas derivadas del exceso de mascarillas adquiridas durante la pandemia.
Este convenio, que pone fin a la relación surgida entre ambas entidades en el marco del 'Acuerdo de colaboración y apoyo financiero para la adquisición de EPIs para pymes, micropymes y autónomos' firmado el 7 de mayo de 2020 por Sodena, Albyn Medical y la propia CEN, ha sido aprobado por los órganos competentes de ambas partes.
El acuerdo establece que la CEN cubrirá los costes que ha asumido hasta el momento en la ejecución de dicho convenio y renuncia expresamente a cualquier posibilidad de reclamación a Sodena o a Albyn Medical. Además, la CEN transfiere a Sodena todos sus derechos y obligaciones asociados al acuerdo, y renuncia a ejercer cualquier acción futura en relación con este tema.
La firma de este documento no implica el reconocimiento de responsabilidad por parte de ninguna de las organizaciones en la generación del excedente de mascarillas. Ambas entidades consideran que el importe pactado es una compensación justa, en línea con el informe de la Cámara de Comptos de Navarra, el cual valoró la participación de la CEN en la iniciativa y los esfuerzos realizados para cumplir con los objetivos planteados. Con este acuerdo, Sodena no tendrá más reclamaciones hacia la CEN ni hacia ninguna persona o entidad que haya actuado en representación de esta en el contexto del convenio.
La polémica sobre la compra de mascarillas de Sodena en colaboración con la CEN surgió a raíz de un acuerdo en 2020 para centralizar la adquisición de mascarillas durante la pandemia, con el fin de ayudar a las empresas navarras a reanudar sus actividades de manera segura.
Con fondos de Sodena, se adelantaron 2 millones de euros a la empresa Albyn Medical para adquirir una cantidad de mascarillas basada en una estimación de la CEN. Sin embargo, las empresas navarras compraron muchas menos mascarillas de lo previsto, dejando un importante stock sin distribuir y generando un posible "deterioro" en las cuentas públicas.
Un informe de la Intervención General de Navarra cuestionó que Sodena hubiera procedido sin obtener la autorización del Gobierno, señalando además una carencia de medidas de seguridad para proteger los recursos públicos. A raíz de esto, Pilar Irigoyen, quien ocupaba el cargo de directora de Sodena, fue relevada de sus funciones mientras se discutía el alcance de las responsabilidades y el impacto de esta operación.
Navarra Suma y EH Bildu manifestaron críticas hacia la gestión del proceso, mientras que PSN y Geroa Bai defendieron que la intención principal fue respaldar a las empresas, aunque admitieron que hubo carencias administrativas en su ejecución.
