Izquierda Unida plantea una "regulación urgente e incluso la prohibición" de pisos turísticos

Izquierda Unida plantea una "regulación urgente" de pisos turísticos, "con una limitación contundente e incluso su prohibición en las zonas en las que están generando un problema grave a los ciudadanos".

Lo ha propuesto este viernes en Pamplona la responsable de Vivienda de la formación a nivel federal, Carolina Cordero, en una rueda de prensa en la que ha recalcado que están trabajando "una propuesta política sobre la base de que la vivienda es un derecho y, por tanto, debe ser accesible al conjunto de la ciudadanía".

"Consideramos insuficiente la nueva Ley de Vivienda, que no ha logrado frenar el aumento de precios", ha afirmado, por lo que "es necesario seguir legislando en esa dirección, especialmente para abordar la proliferación de pisos turísticos, que actualmente son un foco de especulación sin regulación y contribuyen a la subida de precios".

"No vale con plantear medidas paliativas, el reto es articular un modelo alternativo que choque con los cimientos de la especulación, y eso sólo es posible con dos instrumentos: un parque público de vivienda fuerte y una nueva legislación que regule los precios de los alquileres y de compra-venta", ha asegurado.

"Emergencia social"

Cordero ha alertado que "nos encontramos en un momento de emergencia social, donde muchas personas enfrentan dificultades para acceder a la vivienda en todo el país".

Por eso, su objetivo es "avanzar en los próximos meses hacia un cambio de modelo que acabe con el enfoque especulativo que ha prevalecido en el país", ha recordado, ya que "entendemos que la vivienda es un derecho que las instituciones deben garantizar".

La responsable de Vivienda de IU ha abogado por trabajar en "medidas concretas en los tres niveles de gobierno: estatal, autonómico y municipal", con propuestas centradas en "dos ejes fundamentales: el parque público de vivienda y la regulación de precios, especialmente de los alquileres".

Ha hecho alusión también al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilización de 6 mil millones de euros para un parque público de vivienda en los próximos presupuestos, "una noticia positiva", aunque cuestionan su "enfoque en construcción y colaboración público-privada, dos características que consideramos parte del problema".

Frente a ello, creen que "el parque público debe ser de titularidad y gestión pública, con alquiler asequible y social. Además, proponemos movilizar las viviendas vacías antes de construir nuevas, ya que en el país hay casi 4 millones de viviendas vacías", ha propuesto.

Cordero ha abogado, asimismo, por "poner a disposición viviendas de la Sareb o expropiar aquellas de grandes tenedores, como fondos de inversión y bancos, con un plan de rehabilitación que permita ofrecer alquiler asequible".

Intervención pública en el mercado

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Navarra, Carlos Guzmán, ha defendido la "necesaria intervención pública del mercado de la vivienda, el mercado de alquiler y el de compra-venta, para garantizar de manera efectiva ese artículo 47 de la Constitución Española que habla del derecho a una vivienda digna y adecuada".

En ese sentido, ha puesto en valor la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado que va a aplicar el Gobierno de Navarra sobre 21 municipios que alojan al 68,3% de la población total de la comunidad.

"Esta medida es fundamental para garantizar el acceso a la vivienda de familias trabajadoras, jóvenes, migrantes y familias monoparentales, quienes enfrentan grandes dificultades para acceder a una vivienda debido a la mercantilización del sector", ha asegurado.

El también parlamentario foral de Contigo-Zurekin ha establecido que "en materia de vivienda hay dos modelos claramente definidos y totalmente enfrentados: el modelo de los derechos y el modelo de las derechas".

"El modelo de la derecha lo conocemos todos y todas; mercantilización y especulación con un derecho esencial", ha afirmado, frente a su modelo, "el de los derechos, apuesta precisamente por garantizar el derecho a una vivienda digna a todas y cada una de las personas que lo necesiten".