Admitida la querella contra ‘El Lobo’ por la muerte de Josu Mujika

El juzgado de instrucción nº 12 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal contra Mikel Lejarza, conocido como El Lobo, agente secreto y policía infiltrado, por su participación en la muerte de Josu Mujika Aiestaran el 30 de julio de 1975. La querella ha sido presentada por la familia del miembro de ETA político-militar (pm) muerto a tiros por la Policía Armada en el centro de Madrid.

Al amparo de Giza Eskubideen Behatokia, la familia presentó una querella ante un Juzgado de Bergara que se declaró no competente, por lo que en septiembre de 2024 el colectivo la registró de nuevo en un Juzgado de Madrid, que ahora la ha admitido a trámite.

Esta es la segunda querella criminal admitida por un juzgado por muertes violentas durante el franquismo. A comienzos de este mes, un juzgado de Donostia también admitió dar cauce a la investigación judicial en el caso de Txomin Letamendi Murua, militante de EAJ-PNV, capitán de gudaris y agente secreto al servicio del lehendakari José Antonio Agirre además de músico y trompetista, que murió en Madrid en 1950 tras haber sido sometido a torturas por la policía franquista en varias cárceles españolas.

Esta nueva querella está dirigida contra El Lobo, histórico agente secreto infiltrado y miembro de ETA (pm), en el que se le conocía como Gorka. El mismo ha reconocido en declaraciones a medios de comunicación y libros biográficos ser responsable de estos hechos. La causa judicial también va dirigida contra Jorge Cabeas, comisario de policía que, presuntamente, participó en el operativo policial que terminó con la vida de Josu Mujika.

Indultado por la Ley de Amnistía

No existe constancia alguna de que se abriera una investigación policial o un procedimiento judicial para esclarecer los hechos ni por vía penal ni militar. Los hechos ocurrieron pocos meses antes de la muerte del dictador Franco, en un contexto de graves y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos por parte del régimen franquista. La presentación de querellas por este tipo de hechos está amparada por la Ley española 20/2022 de Memoria Democrática, que establece que los delitos de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables.

Vecino de Legazpi, Mujika tenía 24 años cuando le mataron. La versión oficial fue la de un suicidio e incluso la de una muerte natural, pero esto no se correspondía con los balazos que presentaba su cadáver. En entrevistas a los medios, la familia sostiene que se trató de una emboscada.

Según el relato de Giza Eskubideen Behatokia, Mujika se encontraba junto con otros tres miembros de ETA (pm), entre ellos Gorka o El Lobo. Habían alquilado una máquina plastificadora de carnés falsos para los presos que planeaban fugarse de la cárcel de Segovia. Los cuatro circulaban por la calle Fleming, de Madrid, cuando fueron interceptados por la Policía Armada. En las publicaciones sobre el caso, Lejarza afirma que él disparó y no hace mención a que Mujika fuera armado.

La Comisión de Valoración de las Víctimas de violaciones de Derechos Humanos analizó el caso. De hecho, el organismo creado por el Gobierno vasco le reconoció como víctima de violaciones de derechos humanos de motivación política por estos hechos, según el dictamen emitido en mayo de 2023.

En este informe se recoge que el topo policial fue “cooperador necesario y por omisión de evitar el desenlace de muerte” le responsabilizó de no haber buscado “un operativo sin tantos policías”. Tras el tiroteo, Lejarza logró escabullirse del lugar, pero en su huida dejó muchas pistas sobre su identidad real. La Comisión de Valoración del Gobierno vasco señaló que las versiones oficiales contradictorias no pudieron dirimirse en una investigación que no fue independiente.

5 casos admitidos, 115 denegados

Giza Eskubideen Behatokia destaca la importancia de la admisión a trámite de esta denuncia, así como la de Txomin Letamendi. A estos dos casos se les añaden otros tres que también han pasado el primer filtro judicial de la admisión a trámite en el Estado español, impulsados por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo en juzgados de Madrid, Elda (Alicante) y Paterna (Valencia).

El observatorio destaca que estos cinco casos suponen una primera fractura de una “tendencia mayoritaria entre los jueces españoles desestimando querellas para denegar la investigación penal y someter a juicio a los criminales franquistas”. Añaden que hasta la fecha 115 querellas de este tipo han sido inadmitidas o archivadas en juzgados del Estado español. “En estos juzgados se ha hecho oídos sordos a la Ley de Memoria Democrática, plegándose a la preconstitucional Ley de Amnistía, de 1977, “garantizando con ello la impunidad de los aparatos del Estado”.