El Gobierno de Navarra también rechaza las leyes de UPN al calor de una polémica mediática

El Ejecutivo foral sigue la senda de los letrados del Parlamento y el Consejo de Navarra y critica la toma en consideración de la reforma del decreto de acceso al profesorado y los cambios en la ley de Subvenciones que propusieron los regionalistas después de que fuera noticia que un profesor en Tudela había cumplido pena por delitos relacionados con el terrorismo.

UPN quería reformar el decreto de acceso para introducir una cláusula específica: que personas con este historial no puedan dar clase. Y también querían que ninguna institución educativa pudiera acceder a ayudas en caso de contratar este tipo de perfiles. Sin embargo, estas propuestas han carecido de solidez jurídica y han sido criticadas por todos los letrados que le han echado un ojo a los textos.

En su resolución, el Gobierno de Navarra sigue los argumentos del Parlamento y el Consejo de Navarra para subrayar que una medida de estas características no puede introducirse con un cambio en la ley. El Ejecutivo foral menciona que ya existe un mecanismo para evitar que determinados perfiles con antecedentes den clase: la inhabilitación. 

Explicitada en la condena

Lo que pasa es que esta debe estar especificada en la condena, tiene que formar parte de la condena. Lo que UPN quería era que, una vez cumplida la condena, el profesor aludido en el reportaje fuera expulsado de la docencia, algo que no podría ocurrir sin que en la sentencia estuviera explicitado una pena de inhabilitación para el desempeño de labores públicas.

Esto fue específicamente señalado por Eduardo Santos, exconsejero de Justicia del Gobierno foral y actual secretario del Consejo de Navarra, que en un voto particular subrayó que esta iniciativa supondría aplicar un castigo mayor, añadido a una condena que no contempló penas de inhabilitación y ante la que no cabría ningún derecho de defensa.

Los argumentos que maneja el Gobierno son los que ya esgrimió el Consejo de Navarra. La propuesta de UPN, de alguna manera, vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública (art. 23.2 CE), porque pretende fijar un nuevo requisito de entrada a un sistema regido por legislación básica estatal y sobre el que Navarra no puede introducir otros criterios.

Además, la iniciativa de UPN exigía la presentación de un informe de penales que podía terminar en una injerencia de derechos fundamentales a la intimidad y protección de datos. Por todo ello, termina el Gobierno de Navarra en un escrito, “concurren motivos para oponerse a la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de modificación del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra”.