UPN volvió a minusvalorar este lunes al Consejo de Navarra y a la letrada del Parlamento, al tiempo que reiteró su disconformidad con los informes publicados sobre las proposiciones de ley impulsadas por la formación regionalista para inhabilitar para la docencia a personas con condenas por terrorismo. Dichos informes dudan de la constitucionalidad de los textos defendidos por UPN.
Pese a ello, las dos proposiciones de ley se mantienen en el orden del día del pleno de este jueves, aun sabiendo que no tienen posibilidades reales de ser aprobadas, lo que dio origen a un cruce de reproches entre el PSN y UPN.
Alzórriz critica la falta de rigor jurídico
El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, expresó su “vergüenza” por que la Cámara vaya a tramitar estas leyes propuestas por UPN, pese a que “no tienen rigor jurídico” y tienen “visos de inconstitucionalidad”.
Alzórriz recalcó que los “informes” del Parlamento de Navarra, los letrados, el Consejo de Navarra y los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra advierten de su posible inconstitucionalidad.
El portavoz socialista insistió en que “hay que decir basta” a lo que se está produciendo con estas leyes, cuestionadas por juristas y que, según él, carecen de sentido porque “no son competencia” de Navarra.
La réplica de Esparza: acusaciones al PSN
Las críticas de Alzórriz encontraron una réplica en el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien afirmó que “vergüenza” no dan sus proposiciones de ley, sino el PSN y su portavoz.
Esparza acusó al Partido Socialista de “ponerse del lado de los terroristas”, en una valoración que distorsiona la realidad.
Según Esparza, la presidenta del Gobierno no estará en la votación del jueves para evitar “votar en contra” de que “terroristas puedan seguir dando clase”, en referencia a ETA.
También afirmó que “el Partido Socialista defiende a miembros de ETA”, en otra valoración exagerada.
Sobre la posibilidad de retirar ambas leyes, Esparza la descartó: “en ninguno de los escenarios”.
Aseguró que la “constitucionalidad” de una ley no la determina el Consejo de Navarra ni la letrada del Parlamento, sino el Tribunal Constitucional.
Defendió que el debate del jueves en el pleno es “positivo” y puede “enriquecer la actividad política”.
Concluyó arremetiendo contra los informes del Consejo de Navarra y los servicios jurídicos, asegurando que “no son expertos en Constitucional”.
