Estaba claro. El Consejo de la Juventud de Navarra iba por mal camino, y ha terminado por reventar. El jueves pasado, la Cámara de Comptos emitió el informe definitivo: ese que acredita que el órgano, que desde 1986 ha gestionado miles de euros de dinero público –700.000 € solo en la pasada legislatura– para actividades con jóvenes, está tocado de muerte. No es “viable” mantenerlo, aseguran los auditores, con una “situación financiera insostenible” –una deuda de, al menos, 121.232 €–, sin dirección, rendición de cuentas ni actividad.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? Concurren varios factores. Pero lo fundamental: por una paulatina bajada de la inversión pública en un organismo cada vez menos útil y por las aspiraciones políticas de algunos miembros de las direcciones de los últimos años, que no tuvieron reparo en llevar al Consejo la agresividad y maneras de la política de los adultos para hacer méritos.
Aunque eso supusiera dejar de lado las actividades o perjudicar a los seis trabajadores que, uno detrás de otro, han sido despedidos entre juicios y bajas por estrés.
Hay un año clave, y es 2019. A partir de entonces, empieza a bajar el presupuesto. Aunque los estatutos fijaban las cuotas de los afiliados como principal fuente de financiación, lo cierto es que la gasolina del Consejo era un convenio que, año tras año, firmaba la dirección con el Instituto Navarro de la Juventud.
Fueron 161.329 € en 2019. La cifra va bajando hasta los 82.473 € de 2023. Insuficiente para mantener la estructura de trabajadores y las actividades, casi inexistentes desde 2023. Ese año, el Consejo destina menos de 10.000 € a proyectos, de los que casi la mitad se fueron en un viaje al Parlamento Europeo pagado con financiación comunitaria expresa.
La ‘guerra civil’, a finales de 2022 y principios del 2023
La bajada de financiación tenía razones. Comptos las dejó entrever en aquel informe: el Consejo, hoy en día, no es un instrumento tan útil para representar a la juventud como en 1986, cuando el mundo era otro.
Esta lectura provoca choques dentro del Consejo, que se divide entre quienes denuncian los recortes públicos y una facción más afín al Gobierno de Chivite que insta a la dirección a moverse y no protestar tanto. A todo esto, el Instituto Navarro de la Juventud, en manos de Podemos, sostiene que no tiene capacidad de intervención en el Consejo de la Juventud. El Instituto asegura que les ha ofrecido ayuda, pero que ha sido el Consejo el que no ha sabido gestionar la situación y por eso no suscribieron el convenio en 2024.
La guerra civil conoce su punto álgido a finales de 2022 y principios de 2023. Tania Ruivo, Pablo Lanaspa y Josu Igoa, los directivos del Consejo, denuncian los recortes en rueda de prensa.
Pero el clima interno es tan malo que al poco dimiten de sus cargos. Las aguas revueltas las aprovechó un sector socialista que ya había dado muestras de querer tener más poder y que se hizo con las riendas del Consejo sin pasar por asamblea. La cabeza visible de aquel golpe de mano fue Álex López Orejuela, al que le echó una mano el entonces presidente de Juventudes Socialistas, Kevin Lucero. Hoy son alcalde de Orkoien y parlamentario, respectivamente.
López Orejuela llegó con la promesa de dar calma al organismo. Pero son los mismos trabajadores los que denunciaron, en un comunicado en noviembre de 2023, que “nada más lejos de la realidad, la situación” había ido “a peor” con él al mando. Al poco fue Alberto Guijarro, próximo al PP, quien sustituyó a López Orejuela. El panorama ya era malísimo y lo que dicen los extrabajadores del Consejo es que Guijarro y su dirección estuvieron superados desde el primer momento. Dimitieron en junio de 2024.
