El Senado lleva a la Fiscalía un posible caso de espionaje parlamentario

El Senado ha puesto este miércoles en conocimiento de la Fiscalía un posible caso de espionaje parlamentario a miembros de la Mesa de la Cámara, senadores y cargos e integrantes de la institución y ha acordado el despido disciplinario de dos trabajadores por su supuesta implicación.

La Mesa del Senado se ha reunido de urgencia y de manera extraordinaria al finalizar el pleno de este miércoles tras detectarse accesos no autorizados en ordenadores de parlamentarios y personal de la Cámara.

En esa reunión, la Mesa ha acordado poner el caso en conocimiento del Ministerio Fiscal para que se realicen las pesquisas oportunas y por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.

En un comunicado, informa de que los dos trabajadores realizaron "accesos indebidos" y "ajenos a sus cometidos profesionales" a los portafirmas de miembros de la Mesa, senadores y diversos y personal de la Cámara, que incluyen la "descarga de documentos", inclusive "de carácter personal".

Explica en la nota que la Mesa ha decidido la sanción de despido a los trabajadores, en base a lo estipulado en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado, por una "falta disciplinaria muy grave" consistente en "el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas".

Denuncian la "gravedad" de los hechos

Por su parte, fuentes del PSOE han explicado que los senadores socialistas han decidido también llevar el posible espionaje a la Fiscalía y han advertido de que este hecho se produce en un momento en el que están en funcionamiento diversas comisiones de investigación en la Cámara Alta.

Los socialistas han reclamado, ante la "gravedad" de los hechos, una investigación "exhaustiva del alcance de la infiltración masiva" y de la vulneración de los derechos digitales de los senadores.

Aclaran desde el PSOE que la infiltración masiva al material informático confidencial de los senadores supone un hecho muy grave que podría suponer una injerencia en los derechos no solamente personales de los parlamentarios, sino también en las garantías democráticas de su trabajo de representación de la ciudadanía.