El Gobierno de Navarra se va a personar como acusación particular ante el Tribunal Supremo en el denominado 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' en "defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra", el día en que se ha conocido que el socialista navarro había adquirido en 2016 casi la mitad de Servinabar, una constructora señalada en el informe de la UCO.
Según el acta de registro, los agentes hallaron una escritura, fechada el 1 de junio de 2016, en la que Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000. También encontraron 16.180 euros en efectivo repartidos en paquetes de billetes de diferente importe.
La decisión de personarse como acusación particular, según han informado a este periódico fuentes del Ejecutivo foral, se ha adoptado en línea con la triple auditoría que ya ha anunciado la presidenta María Chivite tras conocerse que en el informe de la UCO aparecen empresas que han estado relacionadas con adjudicaciones en la Comunidad Foral y como "garantía adicional para una transparencia reforzada".
Chivite remitió el pasado 13 de junio sendas cartas al presidente del Parlamento, Unai Hualde, y a la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa, en las que solicitaba la revisión sin límite temporal de las adjudicaciones por el Ejecutivo foral a las empresas que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil 96/2025, de 5 de junio.
Todo ello, subrayan, "desde la evidencia de que el informe conocido de la UCO no refiere ninguna ilegalidad en las adjudicaciones del Gobierno Navarra".
Chivite ha incidido esta semana en que el informe "no apunta a indicios de ilegalidad", pero "en nuestra labor de asegurar un ejercicio de transparencia al conjunto de la ciudadanía de Navarra, nosotros hemos decidido tomar esos pasos", como son el encargo a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de analizar todas la adjudicaciones que ha tenido la Administración foral con las empresas que aparecen en este informe; la realización de una auditoría externa de estos contratos; y el análisis de estas adjudicaciones por parte de la Cámara de Comptos.
Seis obras
En concreto, la revisión afecta a las obras del pabellón Navarra Arena en la parte de las oficinas, la obra de rehabilitación del Archivo de Navarra, y dos adjudicaciones en materia de viviendas de protección oficial. "A Comptos no vamos a enviar Belate porque ya se hizo, pero sí a la Oficina de Buenas Prácticas", apuntó la presidenta. Todo ello "sin perjuicio de que pudieran ampliarse".
Hoy la presidenta ha informado también de que el contrato para la construcción del Colegio Público de Arbizu se suma a las adjudicaciones del Gobierno de Navarra a las empresas citadas en el informe.
Como Gobierno, apuntó Chivite, "nos estamos enfocando" en "despejar cualquier tipo de sombra de duda que haya sobre las adjudicaciones que esta administración foral haya podido hacer". "Ahí es donde nos estamos enfocando como Gobierno, y de ahí las decisiones que se han tomado y los pasos que estamos dando".
