El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha anunciado este miércoles que el Gobierno de Navarra llevará a cabo una auditoría externa de los contratos públicos a empresas mencionadas en el informe de la Guardia Civil que han tenido adjudicaciones del Gobierno de Navarra, con el objetivo de reforzar las garantías de transparencia y control. Según ha explicado, el Ejecutivo quiere "acortar al máximo los plazos" para realizar este análisis y ya estudia el procedimiento más ágil dentro de los mecanismos que permite la Ley Foral de Contratos.
Arasti ha detallado que, paralelamente a la revisión anunciada por la Cámara de Comptos, el Gobierno realizará una evaluación de los expedientes de contratación afectados, con especial atención a aspectos como la adecuación a la legalidad contractual y procedimental, los posibles conflictos de interés, el valor estimado de los contratos o el comportamiento del licitador. “Lo que se va a controlar es que la licitación y la adjudicación cumplen con los preceptos legales vigentes”, ha señalado.
El análisis se llevará a cabo con la colaboración de profesionales externos del ámbito de la auditoría, que trabajarán junto al personal propio de la Administración y a los gestores de los expedientes.
Actualmente, son seis los contratos bajo revisión: dos de ellos pertenecen a Nasuvinsa (la promoción de 65 viviendas de protección oficial en el Valle de Egüés y otras 93 en Erripagaña) y los otros cuatro corresponden a diversas áreas del Gobierno (la reforma del Archivo de Navarra, la adecuación de las oficinas del Navarra Arena, la construcción del colegio de Arbizu y las obras de los túneles de Belate).
Arasti ha indicado que los contratos vinculados a Nasuvinsa serán auditados por la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), ya que la sociedad pública dispone de un contrato vigente de asesoría jurídica que incluye mecanismos de control anuales. Uno de estos contratos ya estaba previsto que se auditara en ese marco, y el otro se incorporará también a dicha supervisión.
En cuanto a los otros cuatro contratos, los departamentos responsables realizarán una licitación externa mediante el procedimiento simplificado, contemplado en la Ley Foral de Contratos, con el fin de agilizar el proceso. “Estamos analizando los escenarios más propicios para que el procedimiento sea lo más corto posible”, ha señalado el consejero, quien ha reconocido que no será viable recurrir a contratos menores por el volumen de trabajo requerido. “Posiblemente de esa manera no haya ninguna empresa de auditoría que pueda entrar”, ha advertido.
El procedimiento abierto simplificado permitiría ofrecer la licitación a cinco empresas distintas con un presupuesto por debajo de los 60.000 euros, esperando recibir al menos dos ofertas. “Pero esto es por abreviar. Si vemos que no hay empresas que entren en esta licitación, tendremos que ir al procedimiento ordinario, que puede demorarse más en el tiempo”, ha reconocido.
Aun así, Arasti ha insistido en que el objetivo del Gobierno es actuar con la mayor celeridad posible: “Estamos dando todos los pasos dentro de lo que nos permite la Ley de Contratos para abreviar los plazos, que es el interés de este Gobierno por aclarar cualquier duda que pueda suscitarse en torno a estos contratos”.
El consejero también ha querido subrayar que el informe de la UCO “no dice nada de la relación con el Gobierno de Navarra”, pero que, pese a ello, el Ejecutivo mantiene su compromiso de actuar con “garantías reforzadas”, en línea con lo que ha defendido la presidenta María Chivite: “Ahí nos van a encontrar siempre al Gobierno de Navarra”.
