El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición del exasesor ministerial Koldo García para que se decrete el secuestro judicial “inmediato” de los audios incorporados a la causa en la que está siendo investigado, así como la prohibición de su difusión en los medios de comunicación. En un breve auto de seis páginas dictado este martes, el juez señala que no tiene competencia para adoptar dichas medidas cautelares, aunque García puede presentar la solicitud ante el órgano judicial competente.

Puente recuerda que fue Santos Cerdán quien solicitó el volcado completo del contenido de los archivos de audio hallados en los dispositivos intervenidos durante los registros en la casa del investigado, y que la defensa de Koldo García no solo no se opuso en su momento, sino que se adhirió expresamente a la petición. Sin embargo, el juez sí lamenta las filtraciones a los medios de comunicación de gran parte de las diligencias practicadas durante la fase de instrucción.

Derecho a la privacidad

En una entrevista en TVE, Koldo García ha expresado en repetidas ocasiones su indignación por la difusión de mensajes de voz extraídos de sus teléfonos y una grabadora incautada durante los registros judiciales. Ha pedido al juez instructor del caso en el Tribunal Supremo, a quien ha calificado como “el dueño” de su vida, que respete su intimidad y que no se expongan públicamente aspectos personales que nada tienen que ver con el procedimiento penal.

“¿Por qué se han dado a conocer 22.000 mensajes si solo en ocho se interpreta que se ha cometido una irregularidad?”, ha cuestionado. Ha denunciado que esas grabaciones contienen información personal que ha acabado en manos de terceros y ha lamentado las consecuencias profesionales que han sufrido personas de su entorno por mantener relación con él. “Hay amigos que se han tomado un café conmigo y les han despedido. Otras personas que trabajaban conmigo, profesionales como la copa de un pino, han sido apartados”, ha denunciado visiblemente molesto.

García ha alegado que la publicación de las grabaciones supone “una gravísima intromisión en su derecho fundamental a la intimidad personal”. “¿Qué tiene que ver mi vida privada? ¿Por qué tenemos que perjudicar a terceras personas?”, ha preguntado, antes de advertir que nunca ha visto que a otra persona involucrada en un proceso judicial se le publiquen grabaciones personales.