Adjudicaciones de obra pública en Navarra, una investigación polémica pero sin papeles

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obra pública en las últimas cuatro legislaturas arranca con dificultades. A pocas semanas del inicio de las comparecencias, previsto para el 14 de octubre, la presidenta del órgano, la parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez, no ha recibido todavía un solo documento. El camino se presenta empinado: tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han rechazado remitir la información solicitada por la Cámara y, según denuncia la coalición abertzale, Hacienda Foral estaría poniendo también “trabas” al envío de determinada documentación sobre las empresas presuntamente implicadas en el caso Cerdán.

La comisión servirá también para medir la sintonía entre los socios de gobierno en pleno ecuador de la legislatura, con las elecciones forales a dos años vista. Geroa Bai ya ha propuesto que los trabajos arranquen con la investigación de la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, un asunto especialmente incómodo para los socialistas. Además, acusa a UPN y PSN de “falta de rigor” y de haber convertido las comisiones de investigación, tanto en Navarra como en el Senado, en un escenario de confrontación política.

El verdadero examen llegará a partir del 14 de octubre, cuando comiencen las comparecencias, que se celebrarán en sesiones dobles por la mañana y por la tarde, cada martes y miércoles. Hasta entonces, la incógnita es si los grupos parlamentarios dispondrán de la información suficiente para llevar adelante una investigación que, de momento, ha encontrado sus primeras piedras en el camino.

Una comisión de alto voltaje

La iniciativa se registró a última hora del pasado 19 de junio, tras una jornada maratoniana de intensas negociaciones que arrancó por la mañana, con la firma de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El objetivo declarado es doble: esclarecer posibles irregularidades en las adjudicaciones públicas desde junio de 2011 -periodo que abarca los gobiernos de Yolanda Barcina (UPN), Uxue Barkos (Geroa Bai) y María Chivite (PSN)- y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

El detonante fue el estallido del caso Cerdán, en el que se investiga la presunta trama de adjudicaciones amañadas en la que aparece señalado el exdirigente socialista navarro Santos Cerdán. Fue apenas una semana antes de registrarse la iniciativa en el Legislativo foral, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentó un extenso informe de 490 páginas ante el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Control progresista

La comisión se constituyó el 3 de julio con un reparto de puestos que refleja la correlación de fuerzas en la Cámara, en el que la mayoría progresista se aseguró su control: Irati Jiménez (EH Bildu) en la presidencia, Blanca Regúlez (Geroa Bai) en la secretaría y Pedro González (UPN) en la vicepresidencia. En esa primera reunión se acordó que los grupos presentaran sus planes de trabajo antes de finalizar julio, con el objetivo de consensuar un calendario en agosto.

El 31 de julio ya estaban sobre la mesa las propuestas de todos los grupos. Los partidos plantearon una gigantesca comisión con solicitudes ambiciosas: más de un centenar de comparecencias y documentación a reclamar a administraciones públicas y empresas privadas. Entre los nombres más señalados, coincidencia en citar al empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar; a Koldo García, exasesor ministerial; al exministro de Transportes José Luis Ábalos; a Santos Cerdán; y a la presidenta María Chivite. También se pusieron en el centro los contratos de los túneles de Belate, una de las principales banderas de la oposición, con peticiones de comparecencia para todos los miembros de la mesa de contratación.

Planes de trabajo

El 5 de agosto la comisión aprobó el plan definitivo. Se redujeron las comparecencias a 40, entre ellas Antxon Alonso, Koldo García, Santos Cerdán, el consejero Óscar Chivite, exresponsables de Cohesión Territorial como Bernardo Ciriza (PSN) y Javier Esparza (UPN), la directora de la Oficina Anticorrupción Edurne Eginoa, exgerentes de Nasuvinsa, mandos de la Guardia Civil responsables de la elaboración del informe, así como altos directivos de Acciona, entre los que destaca su presidente, José Manuel Entrecanales.

La exclusión de las tres presidentas forales de la última década (Barcina, Barkos y Chivite) y del exministro Ábalos levantó una fuerte polémica al término de la reunión. Además, se aprobaron más de 40 requerimientos documentales a administraciones, organismos de control y empresas. El plazo para recibir la información vence el próximo lunes 15 de septiembre, con la intención de disponer de un mes para preparar las sesiones parlamentarias.

Primeros reveses

Sin embargo, los planes han chocado con la negativa de las instancias judiciales. El 3 de septiembre, el Tribunal Supremo denegó al Parlamento foral el acceso a la documentación de la causa 20775/2020, alegando el carácter reservado del sumario en fase de instrucción. “No ha lugar a remitir la documentación solicitada”, señaló el magistrado Leopoldo Puente en su providencia, recordando que las diligencias son reservadas para las partes.

Un día después, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno adoptó la misma decisión. Rechazó atender la petición de información del Parlamento navarro sobre el caso Koldo, insistiendo en que las diligencias “no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral”, una postura respaldada por la Fiscalía.

A este obstáculo se suma la denuncia de EH Bildu, que acusa a Hacienda Foral de retrasar o limitar la entrega de información relativa a las empresas presuntamente implicadas. Geroa Bai, por su parte, ha pedido abiertamente que la comisión comience sus trabajos con una auditoría sobre el proceso de adjudicación de los túneles de Belate.