De confirmar que no hubo “presiones” a las “deficiencias formales”: los letrados de Belate marcan distancia con los ingenieros

Los dos vocales defendieron que actuaron con plena independencia y que sus observaciones se dirigieron exclusivamente al ámbito técnico y jurídico. En sus intervenciones, apuntaron que algunos elementos del expediente –como el sistema de votación o la motivación de las valoraciones– podrían haberse ajustado de forma más precisa a los principios de igualdad y transparencia que rigen la contratación pública.

Esta semana también ha reaparecido el presidente de la mesa, Jesús Polo, quien, tras su comparecencia en la primera jornada, remitió una carta al Parlamento para defender su actuación, cuestionada por algunos de los comparecientes. En su escrito, Polo negó haber ejercido presión alguna y aportó documentación para respaldar su versión. Tras las intervenciones de todos los miembros de la mesa de contratación de los túneles, la comisión reanudará las sesiones el próximo 18 de noviembre.

Valoraciones jurídicas

Las comparecencias de Pérez Remondegui y Muñoz coincidieron en ofrecer una visión crítica pero técnica del procedimiento seguido. Ambos subrayaron que no existieron presiones políticas ni empresariales y que sus observaciones se centraron exclusivamente en los aspectos jurídicos y formales del expediente.

Pérez Remondegui –quien fuera director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona con tres alcaldes distintos de UPN: Yolanda Barcina, Enrique Maya y Cristina Ibarrola–, calificó el expediente como “excepcional” y explicó que, por primera vez, se vio en la necesidad de emitir un voto particular “por motivos estrictamente jurídicos”. A su juicio, las valoraciones técnicas “carecían de motivación suficiente” y no comparaban las distintas ofertas, lo que limitaba la transparencia del proceso y, según señaló, vulneraba los principios de igualdad y publicidad establecidos en la Ley de Contratos.

Muñoz, por su parte, respaldó en gran medida esta visión y señaló que el procedimiento “estaba viciado” debido a que el sistema de votación permitía que el presidente de la mesa conociera las puntuaciones de los demás vocales antes de emitir la suya. “Cuatro vocales entregaron sus valoraciones al presidente”, indicó, una práctica que, a su entender, afectaba a la confidencialidad del proceso. Sin embargo, precisó que “no hubo pruebas de manipulación alguna en las puntuaciones” y añadió que, aunque “el sistema era contrario al espíritu de la ley”, no existía evidencia de alteración de los resultados.

Pérez Remondegui recibe indicaciones de la presidenta de la comisión de investigación, Irati Jiménez (EH Bildu), antes de comenzar su declaración. Iñaki Porto

Sistema de votación en el expediente de Belate

El método de valoración técnica fue otro de los puntos más controvertidos. Ambos letrados coincidieron en que la práctica de entregar las puntuaciones al presidente para la redacción de un informe conjunto podía restar objetividad al procedimiento y que el sistema empleado resultaba “no conforme a la ley”, aunque los ingenieros lo consideraban “habitual” en otros procesos.

Insistieron, además, en que sus críticas no se dirigían contra el presidente de la mesa, Jesús Polo, sino hacia un modelo de funcionamiento susceptible de mejora en futuras licitaciones para reforzar la transparencia y la independencia técnica.

Pérez Remondegui fue más allá al considerar que la adjudicación debió ser declarada nula de pleno derecho, al entender que el entonces director general de Obras Públicas actuó fuera de sus competencias al solicitar un informe de solvencia una vez disuelta la mesa. Muñoz, por su parte, coincidió en señalar que el procedimiento presentaba inseguridad jurídica, aunque defendió que la documentación disponible ofrecía suficientes garantías y trazabilidad. Ambos descartaron la existencia de una “guerra” entre las áreas técnica y jurídica, y describieron el proceso como un espacio de “argumentos encontrados”.

Polo reaparece y defiende su actuación

Esta semana se ha conocido la carta que el propio Jesús Polo remitió a la Cámara foral el pasado 30 de octubre, en la que negó rotundamente haber ejercido presión sobre los ingenieros. En la misiva, Polo atribuye las acusaciones a un incidente ocurrido una semana después del cierre de las puntuaciones, en el que el ingeniero Guillermo Vallejo golpeó una puerta tras una discusión en su despacho.

Según su versión, el episodio fue “personal y ajeno al trabajo de la mesa”, y las puntuaciones “ya estaban aprobadas antes del enfrentamiento”. Para respaldar su relato, Polo aportó una fotografía de la puerta y un acta notarial fechada el 29 de octubre de 2025, con la que pretende demostrar que el proceso ya había concluido. “Es imposible que existiera intento alguno de influir en las valoraciones una vez cerrado el proceso”, sostiene el presidente.