El interventor Jesús Muñoz Apesteguía, vocal letrado de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, ha asegurado que no recibió ninguna influencia ni presión externa, ni de políticos ni de empresas, en el desarrollo del procedimiento de adjudicación. Durante su comparecencia, ha subrayado que trabajó con plena libertad y autonomía, y que las dudas planteadas en sus votos particulares y en el reparo no suspensivo se limitaron a aspectos técnicos y formales del proceso.

Jesús Muñoz ha comparecido este miércoles ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, donde ha ratificado los votos particulares y el reparo no suspensivo que emitió en el caso de los túneles. Según ha afirmado, “se pudieron vulnerar los principios de igualdad de trato y no discriminación”, y “ciertos artículos de la ley foral de Contratos”, en un procedimiento que ha calificado como “atípico y anómalo”.

El interventor ha explicado que en el desarrollo de este expediente “faltó motivación en el informe de valoración” y que el sistema de votación empleado “no garantizaba la confidencialidad”. “Cuatro vocales entregaron sus puntuaciones al presidente de la mesa, lo que hacía posible que éste conociera las valoraciones de los demás antes de emitir la suya”, ha detallado.

“Jamás nadie me ha presionado”

Durante su comparecencia, Muñoz ha querido dejar claro que actuó en todo momento con independencia y sin presiones. “Jamás ningún superior mío ha tratado de convencerme de algo. Yo tenía dudas y consulté, pero nadie me obligó; el que firma soy yo”, ha afirmado, tras ser preguntado por las alegaciones que presentó, en las que copió y pegó frases literales de los votos particulares del secretario de la mesa, Lorenzo Serena. “Utilicé frases del señor Serena porque las cuestiones son las mismas y él redacta mucho mejor que yo”, ha señalado.

Asimismo, ha explicado que participó en una reunión con la jefa de su sección, el director general de Intervención y un letrado del Gobierno de Navarra para analizar el caso. “Llegamos a la conclusión de que no se había prescindido total y absolutamente del procedimiento, porque se había constituido una mesa, había actas y acuerdos adoptados por mayoría. Entendimos que el procedimiento existía, aunque dentro de él había aspectos de la evaluación técnica que generaban dudas”, ha precisado.

Muñoz ha señalado que esas dudas se centraban principalmente en la forma de puntuación técnica. “El interventor general consideró que no se anulaba todo el procedimiento porque no había ninguna prueba de que se hubiera manipulado ninguna puntuación”, ha explicado, aunque ha añadido que el sistema empleado era, en su opinión, “contrario al espíritu de la ley de Contratos”.

“El procedimiento estaba viciado”

El interventor ha reiterado que, a su juicio, “el procedimiento estaba viciado” por el modo en que se desarrolló la valoración técnica. “Yo no sabía que hacían así las adjudicaciones. Damos por sentado que han puesto las puntuaciones en común, pero en este caso pedimos los cuadros individuales y vimos que las puntuaciones se habían entregado al presidente”, ha declarado, algo que ha sido ratificado por todos los ingenieros que han declarado en comisión, que calificaron el procedimiento como “habitual”.

En una de las reuniones internas, ha relatado, advirtió al presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo, de que “el procedimiento estaba viciado”. “Pensábamos que lo había entendido. Le dijimos que puntuó el último y no dijo nada”, ha señalado. Según ha explicado, el presidente interpretó inicialmente que se le acusaba de manipulación, “pero ya se le explicó que no se trataba de una cuestión personal, sino de un defecto del procedimiento”.

Muñoz también ha explicado que la incorporación de dos vocales adicionales a la mesa de contratación se hizo “con la intención de dar mayor pluralidad y transparencia”, pero en la práctica “no sirvió para agilizar los trabajos” y “no evita que cuatro técnicos entreguen sus valoraciones a un quinto, que acaba concentrando la decisión”.

Dudas sobre la seguridad jurídica

Jesús Muñoz ha relatado que las primeras dudas surgieron a raíz de rumores sobre la empresa adjudicataria. “Un ingeniero me dice un día en mi despacho que varias fuentes le han dicho que las obras se las va a llevar Acciona. Esto a mí me inquieta. A mí es la primera vez que alguien ha venido a mi despacho para decirme eso”, ha recordado.

Según ha subrayado, el informe de valoración técnica no estaba correctamente motivado, “contra lo que exige la ley”, y la votación final del presidente de la mesa “dio un cambio” en la adjudicación. En consecuencia, el interventor considera que “se ha adjudicado sin seguridad jurídica”. Muñoz ha insistido en que, tras la emisión de su informe, esperaba que se solicitara una consulta a la Junta de Contratación de Navarra para reforzar la legalidad del proceso. “Estaba convencido de que se iba a pedir un informe a la Junta de Contratación, porque eso hubiera dado mayor seguridad jurídica. Se ha adjudicado sin esa garantía”, ha declarado.