El Gobierno de Navarra prepara 8 millones de euros para seguir comprando pisos en 2026

El Gobierno de Navarra ha encontrado una vía para aumentar su parque público de viviendas: acudir al mercado y comprar pisos. Muy lejos han quedado los tiempos de las grandes promociones patrocinadas por Diputación, así que el Ejecutivo ha explorado en los últimos años todas las alternativas a su alcance conforme la oferta iba a la baja. Entre ellas, el conocido como tanteo y retracto, un derecho que tiene el Gobierno para adelantarse y adquirir vivienda protegida –sobre todo VPO y VPT– que sale al mercado.

En los próximos Presupuestos para 2026, el Ejecutivo reserva 8 millones de euros para este fin, cuatro veces más que lo que se destinaba en 2024. A 19 de septiembre de este año, el Gobierno de Navarra ya había comprado así 57 pisos. Todos ellos pasan a engrosar el Fondo Foral de Vivienda Social, una bolsa de viviendas cedida a entidades como Cáritas, Cruz Roja o CEAR para ofrecer techo a las personas más vulnerables. Eso, de momento.

A futuro, el departamento no descarta volcar parte de las viviendas de este fondo a la bolsa de alquiler protegido ordinario. Dependerá del número de operaciones que se haga en los próximos años.

Una tendencia al alza: de los 100.000 € de 2020 a los 6,7 millones de 2025

La cifra ha subido mucho en poco tiempo y ya apunta a tendencia. Basta volver la vista atrás. En 2020, la partida para tanteo y retracto era de 100.000 euros, aunque el año terminó con una ampliación de 430.571 €. Al año siguiente, 430.100 €; 600.000 € en 2022; y 1 millón en 2023.

Con ese dinero el Gobierno compró ocho pisos. Fueron quince en todo 2024, cuando el departamento de Vivienda dispuso de 2 millones de euros. Para mediados de septiembre de este año, y tal y como informó al Parlamento la consejería de la vicepresidenta tercera, Begoña Alfaro, que es la titular en la materia, eran 34 las viviendas compradas.

La actitud del Gobierno cambió mucho ya en 2018. Entonces, la Cámara aprobó la ley foral de Sobre el Derecho Subjetivo a la Vivienda. En el artículo 49, la ley estipula que el Gobierno tendrá opción de ejercer ese derecho de tanteo sobre las viviendas sujetas a limitación de precio de venta y renta.

Es decir, sobre los pisos que un día fueron de VPO y todavía están dentro del plazo –30 años para la compraventa y 15 para el alquiler– que obliga a los propietarios a venderlos –en caso de que quieran– con un precio fijado, unas condiciones concretas –porque no todo el mundo puede comprar una vivienda protegida– y aviso al Gobierno.

Aumentar el parque público y evitar el "sobreprecio" en estas ventas

De esta manera, el Gobierno no solo aumenta el parque público de vivienda. También supervisa de cerca que no haya sobreprecio en las ventas de pisos sobre los que todavía no ha expirado el plazo de 30 años de protección.

Se sabe desde hace mucho en el mundillo inmobiliario que algunos propietarios de VPO han intentado vender el piso al precio tasado y añadir a la operación un plus por mobiliario, por ejemplo, para burlar las restricciones del previo de venta. Esto está prohibido. Es muy difícil probar la existencia de sobreprecio, pero el Gobierno de Navarra lo ha podido constar al menos en dos operaciones.

323 operaciones notificadas al Gobierno en 2024

Ejercer este derecho de tanteo no es tampoco sencillo. El Gobierno tiene un derecho preferente porque en su día subvencionó esa vivienda, pero a los ojos de compradores y vendedores involucrados en la negociación no deja de ser un actor que llega en el último momento, se adelanta y además compra a precio reducido.

Tampoco Vivienda arrasa con todo lo que sale al mercado. En 2024, según datos del departamento, el número de operaciones de compra y venta de pisos protegidos comunicado al Gobierno fue de 323.

De todas estas operaciones, Vivienda solo se quedó con 15. El vendedor tiene obligación de comunicar la venta al Gobierno, el comprador no puede tener una propiedad a su nombre ni tener unos ingresos familiares de 6,5 veces el indicador SARA –unos 70.000 € al año–. A partir de ahí, el Gobierno tiene 40 días para decidir si ejerce el derecho de compra preferente o no. Un derecho que, a tenor de los datos, Vivienda va a seguir ejerciendo un tiempo más.