La Ley de Vivienda, uno de los proyectos más importantes del Gobierno foral en la presente legislatura h,a superado hoy su último trámite parlamentario. La Cámara ha dado luz verde a la reforma con los votos de los miembros del Gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos), el apoyo de I-E y la abstención de EH Bildu.

La aprobación estaba garantizada tras su paso por comisión, donde se introdujeron 32 enmiendas, en su mayoría planteadas por EH Bildu, que avanzan en el objetivo central de la ley, la promoción de vivienda protegida de alquiler y el control de los precios en el mercado libre. El debate en cualquier caso ha servido para visualizar dos visiones lejanas en cuanto a las políticas de vivienda.

Por un lado la de los socios del Gobierno, que apuestan por intervenir en el mercado desde la premisa de que la vivienda es un derecho. Y, por otro, la del principal grupo de la oposición, que reivindica el derecho a la propiedad privada como premisa para el desarrollo de políticas públicas.

Habrá que ver qué consecuencias tienen ahora las medidas que incorpora la ley, y cuya efectividad habrá que valorar en el medio plazo. No obstante, habilitan algunas herramientas nuevas al Gobierno foral para controlar los precios abusivos y garantizar la cohesión social en las nuevas promociones. Insuficientes para grupos como EH Bildu, pero pioneras para otros como Geroa Bai, principal impulsor de la reforma.

CLAVES DE LA LEY DE VIVIENDA

  • Calificación indefinida. La calificación de la vivienda protegida (VPO y VPT) pasará a ser indefinida. Actualmente los plazos son de 30 años para la compraventa y de 15 para alquiler.
  • 50% de VPO para nuevas promociones. Serán protegidas el 50% de las viviendas en los nuevos desarrollos. Los ayuntamientos podrán reducir hasta el 30% el estándar mínimo de vivienda protegida si se justifica como “inviable” el 50%.
  • Coexistencia de VPO y libre. Se buscará la coexistencia de vivienda libre y protegida en los mismos desarrollos urbanísticos para favorecer la cohesión social.
  • Control de precios del alquiler. Se define la figura del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) y se crea el Registro de Contratos de Arrendamientos para “definir zonas tensionadas en el mercado del alquiler y adoptar medidas de regulación”.
  • Protección frente al desahucio. Antes de un proceso de ejecución hipotecaria o de desahucio, el arrendador, siempre que se trate de una entidad bancaria o inmobiliaria, deberá ofrecer al arrendatario una opción de alquiler bonificado, siempre que este no disponga de una alternativa.
  • Expropiación de uso. Se reduce de dos a un año el periodo de desocupación para que las viviendas deshabitadas propiedad de bancos y empresas puedan incorporarse al registro de vivienda desocupada. Pasado ese año, podría iniciarse un proceso de expropiación. El inmueble pasaría a la bolsa de alquiler público. La entidad mantendría la titularidad y obtendría las rentas.
  • Ayudas al alquiler. Se amplía de 31 a 35 años la edad máxima para participar en el programa Emanzipa de ayudas al alquiler para personas jóvenes. Se aplicará de forma progresiva en los próximos cuatro años. (En 2023 entrarán quienes tengan 32 años).
  • Bonificaciones. Aumentan las bonificaciones fiscales para propietarios que cedan su vivienda a la bolsa de alquiler.

Entre otras cuestiones, la reforma convierte en indefinida la calificación de las viviendas protegidas, tanto de VPO como de VPT, por lo que no se podrán vender a precio libre. Actualmente el límite está en 30 años para la compraventa y 15 para el alquiler. Se impide así que fondos buitre puedan asumir pisos de alquiler social para elevar los precios una vez liberados.

El debate confronta dos visiones opuestas: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada

La ley también incluye actuaciones novedosas dirigidas para controlar el precio del alquiler creando nuevos mecanismos como el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA) o el Registro de Contratos de Arrendamiento. Con ellos se pretende controlar la evolución de los precios definiendo y regulando las zonas de mercado especialmente tensionadas. La ley apuesta también por la rehabilitación de vivienda mediante el aumento de ayudas.