El relato sobre la violencia política copa las enmiendas al plan de convivencia

Cuando el Gobierno de Navarra aprobó su segundo plan de convivencia a finales de agosto, aspiraba a otra cosa: quería ofrecer un plan amplio, integral, adaptado a la realidad de 2025, que hablara de los retos que supone una sociedad diversa, que situara en el centro el respeto a los derechos humanos, que fomentara el diálogo entre distintos. Pero lo cierto es que, cerrado el plazo de aportaciones públicas a la ley, el relato sobre la violencia política, sobre los problemas de convivencia tal y como se entendían cuando ETA existía, sigue siendo lo que más importa a las asociaciones que han decidido hacer enmiendas.

El proceso acabó a finales de septiembre. Durante este tiempo el departamento de Memoria, Euskera y Unión Europea ha estudiado las propuestas y la previsión es que a lo largo de las próximas semanas el consejo de Gobierno le dé el visto bueno, que incorporará al plan algunas de las sugerencias y otras no.

No es fácil hacer un plan de convivencia en una tierra tan diversa como Navarra. El Gobierno ya hizo uno entre los años 2020 y 2024. Sirvió, asegura el Gobierno en el borrador del segundo plan, para darle a la convivencia un carácter transversal, amplio. El Ejecutivo cree que la convivencia debe dejar de verse como un problema relacionado con ETA, en resumidas cuentas, porque la sociedad navarra actual tiene problemas reales de convivencia que van por otro lado.

De ahí que este segundo plan sea todavía más abierto. En principio estará vigente entre 2025 y 2029 y contempla seis bloques: derechos de las víctimas, memoria crítica, cultura de la diversidad, educación y medios, derechos humanos y cultura del diálogo. Los dos primeros sí que están más ligados a la violencia pasada y reciente –del golpe de 1936 a las torturas, pasando por ETA–.

El Gobierno, por ejemplo, cree que ha llegado el momento de erradicar los mensajes y la iconografía a favor de los presos de ETA que pueden verse en muchas fiestas. También apuestan por la investigación histórica y la sensibilización mediante acuerdos con institutos de memoria. El resto de bloques habla sobre la necesidad de ver la inmigración en positivo así como de mejorar la red de acogida; de fomentar la educación ciudadana en convivencia; de ensalzar la cultura de los derechos humanos –se plantea incluso instaurar un premio con motivo del Día de la Paz–; y de bajarle un punto a la crispación política a través del fomento de la cultura del diálogo.

El difícil equilibrio

Sin embargo, casi todas las aportaciones formuladas durante el periodo de exposición pública –que acabó a finales de octubre– tienen que ver con los dos primeros bloques. Es muy sintomático que seis de las siete entidades que han querido hacer enmiendas nacieron por culpa del grave conflicto político y social en torno a ETA: la AVT, Covite, la asociación Anvite, la Red de Torturados de Navarra, Egiari Zor y Berridatzi Elkartea. La única asociación que ha formulado aportaciones fuera de este espectro ha sido el Consejo Evangélico de Navarra.

Basta echar un ojo a las principales críticas de las asociaciones para darse cuenta de la dificultad de un plan de este calado. Quizá el punto esté ahí, en tratar de que sea un documento que propicie el acercamiento, no un respaldo cerrado y sin fisuras a la posición oficial del Gobierno.

El departamento lleva semanas estudiando las aportaciones. También los grupos del Parlamento han podido hacer aportaciones al plan, aunque el grupo de UPN, mediante la parlamentaria Isabel Olave, preguntó al Gobierno por qué no habían recibido apenas información sobre las aportaciones parlamentarias que pudieron hacer hasta el 10 de octubre.