Tanto la Red de Torturados de Navarra como Egiari Zor Fundazioa han tramitado sus aportaciones por separado, aunque en el fondo coinciden en muchos planteamientos. La gran crítica de la Red es que el plan “no atiende a la dimensión real de la tortura en Navarra a nivel político, social, cultural y humano” pese a que el Gobierno ha reconocido como víctimas a más de medio centenar de personas que sufrieron torturas a manos de la polícia. La fundación, por su parte, afea que el plan no señale más explícitamente al Estado como responsable de torturas y malos tratos.

Las alegaciones de la Red de Torturados no son nada complacientes con el Gobierno. La asociación, que ha ayudado a centenares de personas a tramitar sus denuncias ante la comisión de reconocimiento del Gobierno de Navarra, se queja de que el plan ni siquiera refleja los avances que sí se han producido. Por ejemplo, la Red señala que “en ningún momento el plan hace referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a su implicación en la práctica de la tortura cuando los datos expuestos muestran una realidad que no puede ser negada”. En ningún momento, añade en su documento la fundación, se habla de “Guardia Civil” o “Policía”. También lamenta que el plan “no abarca ningún tipo de acción encaminada a desenmascarar tantos años de impunidad” en cuanto a la tortura, y exige al Gobierno foral “valentía política” para que la realidad de la tortura “se vea reflejada en el plan en sus justos términos”. Exigen, además, que el Ejecutivo aclare algún punto explicitado en el plan, como el relativo a la supuesta existencia de un plan de atención a víctimas de motivación política que desconocen tanto Egiari Zor como la propia Red. También ambas coinciden en la denuncia de la “anomalía insoportable”, como dice la Red, que supone para las personas que han sido torturadas el hecho de ver a la presidenta celebrando actos con la Policía Nacional, por ejemplo.

Sin reflejo

Egiari Zor también transmite en las alegaciones cierta desilusión con el plan inicial. “La gravedad de los actos contra nosotros no parece tener el reflejo que se esperaría”, arranca en un documento extenso en el que sobre todo quiere que quede perfectamente atribuido que muchos de los malos tratos fueron cometidos por el Estado, con la “gravedad derivada” de que sea el propio Estado quien “transgreda la legalidad democrática para violar derechos humanos”.

Egiari Zor tampoco está de acuerdo con la división de las violencias que hace el plan: la de 1936, la de ETA y la de motivación política. “Resulta artificial intentar dividir la historia de violencia en Nafarroa en partes inconexas como si no hubiera un hilo conductor”, denuncian.

También quieren otra denominación para su realidad. El plan habla de víctimas de violencia política. En su caso, quieren que hable de “víctimas de violencia ejercida desde los aparatos del Estado y/o con la aquiescencia de este”.

La fundación sugiere, además, que el Gobierno elimine dos párrafos completos que considera llenos de “aseveraciones totalmente particulares e innecesarias”. Uno de los párrafos sostiene que la mayoría de víctimas del terrorismo no ejercían violencia contra ningún hipotético bando. La fundación cree que esa afirmación implica que una minoría sí ejercía la violencia, algo que a su juicio genera una separación entre “buenas y malas víctimas”, afirmación del todo “imprudente y peligrosa”.

Por último, Egiari Zor propone “impulsar un convenio de reconocimiento para que de facto sean reconocidas por el Estado las víctimas reconocidas por la ley foral 16/2019 del Gobierno de Navarra”.