Una crisis 'previsible': los socios de Gobierno tratan de restañar la confianza tras la peor semana de Belate

Ha sido una de las semanas más duras en cuanto a información sobre los túneles de Belate. Y eso, teniendo en cuenta todo lo que rodea a la obra, es mucho decir. El lunes, la presidenta Chivite y los socios se reunieron de urgencia para abordar la crisis ocasionada por un demoledor informe de la Intervención General, que formuló un reparo suspensivo contra la decisión de Obras Públicas de aprobar, poco después de la adjudicación de las obras, un sobrecoste en los trabajos de 8,5 millones de euros debido a imprevistos.

El informe rechaza que los imprevistos justifiquen el grueso del desvío y subraya que otras ofertas sí previeron los problemas que ahora han aflorado. En una tensa reunión, los socios pidieron responsabilidades políticas al más alto nivel. Un día después, el martes, el Gobierno destituyó a Pedro López Vera como director general de Obras Públicas, según la presidenta Chivite el responsable de haber tomado “las decisiones al respecto de esas modificaciones”, como expresó el miércoles.

El informe

Básicamente, y por resumir en pocas líneas un minucioso informe de 31 páginas: Obras Públicas aprobó un sobrecoste de 8,5 millones de euros en las obras basado en una petición e informes por parte de la adjudicataria y la dirección de obra externa –ahora también relevada– ya en mayo de 2024, mucho antes de que comenzaran incluso algunos trabajos. Entonces, el motivo esgrimido fueron los “imprevistos sobrevenidos”, tal y como detalló una nota de prensa del Gobierno el 23 de julio.

El interventor niega ahora que esta pueda ser la justificación en al menos tres aspectos que acaparan el grueso del encarecimiento: la instalación de un polvorín para explosivos, la forma de excavar el túnel y el sostenimiento del túnel.

Del polvorín, Intervención dice que ya estaba previsto en otras ofertas; de la excavación, la Intervención subraya que la petición de cambios se hace incluso antes de empezar la obra, por lo que tampoco pudo ser un imprevisto lo que motivó un cambio de metodología de excavación; y sobre las cerchas de sostenimiento, Intervención dice que el proyecto original consideró que las cerchas inicialmente previstas eran técnicamente válidas, y en cualquier caso el suplemento de casi el 50% del precio no está bien justificado.

Eso se ha sabido ahora, tras el informe. Porque hasta ahora la versión oficial, defendida por el consejero Óscar Chivite a finales de julio en rueda de prensa, era otra: la de los imprevistos.

La crisis, desatada por la disparidad entre lo que dijo el consejero y el informe de Intervención

Esa disparidad entre la versión oficial y el informe de Intervención es la que ha generado la crisis política. Los socios, sobre todo Geroa Bai y Contigo Navarra, se han sentido engañados. En verano, el departamento les pidió apoyo para defender que el sobrecoste era necesario.

Ahora ven que dichos imprevistos no eran tales –se desarrolla más en la información adjunta– y lo han tomado como una traición a la confianza política dentro de la coalición. “El consejero faltó a la verdad”, dijo Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, el lunes. Conocer la realidad sobre los imprevistos tras el informe de un funcionario y a hechos consumados ha propiciado una crisis previsible.

Además, a la derivada de la confianza política hay que añadir otra realidad que emana del informe. El interventor lo desliza, de forma discreta, pero inconfundible: tanto en el tema del polvorín como en el modo de excavación, otras empresas que concurrieron al proyecto –y que recibieron peores puntuaciones– sí preveían los problemas que luego movieron a la dirección de obra a pedir más dinero. En ese sentido, el informe de Intervención no ayuda a despejar dudas sobre un proceso que ya tenía demasiadas lupas encima. Es cuestión de tiempo –el último informe de la UCO se lo puso en bandeja al juez– que el Supremo añada Belate a la investigación en curso. Y ahí quizá se aclare todo.