El interventor general niega haber recibido instrucciones para rebatir a Anticorrupción por el expediente de Belate

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra ha vivido este martes su sesión más larga y una de las más tensas desde el inicio de los trabajos, con la comparecencia del interventor general del Gobierno foral, Juanjo Pérez Capapay. La sesión se ha prolongado durante más de seis horas —cinco por la mañana y otra hora y media tras la pausa para comer— y ha estado marcada por un arranque desordenado del interrogatorio, continuas interrupciones y reiteradas llamadas al orden de la presidenta de la comisión, Irati Jiménez (EH Bildu), especialmente durante el turno de preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza.

Pérez Capapay ha comparecido para dar explicaciones sobre los informes de la Intervención General en relación con la adjudicación y el posterior modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate, así como sobre otros contratos adjudicados a uniones temporales de empresas (UTE) en las que participaba Servinabar. Desde el inicio, el interventor general ha negado de forma tajante haber recibido presiones políticas o indicaciones del Ejecutivo foral para rebatir los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA). En este sentido, ha subrayado que ni el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ni ningún otro cargo político le ha trasladado instrucciones para modular o alterar el criterio técnico de su departamento.

El responsable de la Intervención General ha explicado que los informes de alegaciones se han elaborado porque los dictámenes de la OANA “iban en contra de la Intervención”. “Claro que nos hemos posicionado”, ha afirmado, defendiendo que su departamento cuenta con “criterios propios” que ya se han reflejado en informes anteriores. Ha insistido en que el control interno se ejerce “en unos términos de autonomía e independencia técnica” y ha rechazado que su actuación pueda interpretarse como un intento de “blanqueo” de la actuación del Gobierno de Navarra. En uno de los momentos más tensos de la sesión, y tras las acusaciones vertidas desde UPN, se ha defendido afirmando: “No puedo permitir que me llamen blanqueador del Gobierno. Vengo con voluntad de dar explicaciones, creo que merezco un respeto”.

Durante su intervención, Pérez Capapay ha detallado el procedimiento interno que sigue la Intervención General para la elaboración de los informes. Según ha explicado, todos los documentos, con independencia de quién sea su redactor, se han sometido a un “juicio interno importante” con el objetivo de evitar entrecomillados y juicios de valor, manteniendo un enfoque estrictamente técnico y jurídico. En este marco, ha recordado que la Intervención no es un órgano de gestión, sino de control, y que su labor se ha centrado en la fiscalización interna de los expedientes.

Mesa de contratación

Uno de los aspectos más relevantes de la comparecencia ha sido la valoración del interventor general sobre el funcionamiento de la mesa de contratación de las obras de Belate. Pérez Capapay ha afirmado que el proceder de esta mesa le ha resultado completamente inusual y que no ha visto “nunca” una forma de actuar similar en otras mesas de adjudicación de obras públicas. También ha señalado que tampoco ha visto “nunca” la relación existente entre los miembros de la mesa, aunque ha precisado que no puede afirmar que la decisión adoptada “no haya sido libre”.

En este contexto, ha explicado que le ha llamado especialmente la atención la incorporación de dos técnicos más a la mesa de contratación y ha reconocido que a él le resultaría “muy difícil” seguir formando parte de una mesa en la que existiera un rumor sobre a quién se iba a adjudicar una obra. De hecho, ha ido más allá al afirmar que, en su experiencia, ante la existencia de rumores sobre un adjudicatario concreto, “hubiera parado la licitación” y que “no lo hubiera consentido nunca”. No obstante, ha expresado su respeto por el trabajo realizado por el interventor delegado, al que ha reconocido autonomía en sus decisiones.

En relación con el primer reparo no suspensivo emitido a la resolución de la mesa de contratación, Pérez Capapay ha señalado que este tipo de reparo “mancha” el procedimiento y “abre la puerta a que un tercero pueda recurrir”. Ha explicado que el interventor delegado ha solicitado asistencia a la Intervención General al verse “superado” por el expediente, aunque sin desautorizar a nadie. Ha añadido que, una vez adjudicado el contrato e iniciadas las obras, la adjudicataria ha contratado a una ingeniería para realizar un estudio técnico que ha dado lugar a la modificación de la propuesta inicial.

Sobrecoste de Belate

El interventor general también se ha referido al reparo suspensivo emitido posteriormente al modificado de las obras, que ha implicado un sobrecoste. En este informe, la Intervención ha considerado que no estaba suficientemente acreditada la existencia de “circunstancias imprevisibles” y ha advertido de que, con las modificaciones planteadas, “podrían haberse aceptado otras ofertas” de empresas diferentes. Pérez Capapay ha explicado que el sobrecoste incluía una revisión de precios que “no cabe” en ese modificado y ha señalado que, tras el reparo suspensivo, corresponde ahora al órgano gestor, la Dirección General de Obras Públicas, decidir cómo proceder.

Durante la sesión, el interventor general se ha mostrado crítico con el pliego de la adjudicación de las obras de Belate, un contrato plurianual de 77 millones de euros. A su juicio, el pliego “echa en falta cosas” y no ha dotado al gestor de herramientas habituales en este tipo de contratos, como los anticipos a cuenta. Según ha explicado, las empresas están acostumbradas a trabajar con estos mecanismos y su ausencia ha dificultado la gestión cuando se han producido incrementos de precios. También ha cuestionado la parte administrativa del pliego y ha afirmado que él no es alguien “cómodo” para el Gobierno.

Reparo no suspensivo

Otro de los momentos de mayor tensión se ha producido al abordarse una serie de correos electrónicos intercambiados en noviembre de 2023, en los que se mencionaba al consejero Arasti. Pérez Capapay ha explicado que el interventor delegado le ha comunicado entonces la interposición de un reparo no suspensivo y que él ha escrito un correo señalando que, por lo que se había comentado, el director general de Obras Públicas no tenía intención de firmar la adjudicación y que no quedaba otra opción que desistir y volver a licitar. Sin embargo, este martes ha negado que el consejero le trasladara directamente esa información, lo que ha motivado nuevas preguntas desde UPN. El interventor general ha asegurado no recordar con exactitud lo hablado en esas fechas y ha apuntado que “en una situación de adjudicar un contrato de 77 millones a todo el mundo le tiemblan las piernas cuando hay un informe de reparo no suspensivo”.

Finalmente, Pérez Capapay se ha referido a las informaciones publicadas sobre la presunta trama de corrupción en la que están implicadas Acciona y Servinabar, adjudicatarias de las obras de Belate. Ha reconocido que ha sentido “vergüenza” al conocer esas noticias, pero ha subrayado que desde la Intervención no se ha dispuesto de ninguna información que apunte a que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pudiera ser propietario de parte de Servinabar. “En el proceso de la adjudicación y en el área administrativa nuestra no tenemos ningún documento a nuestro alcance”, ha indicado, aunque ha añadido que, de confirmarse esa participación, se trataría de un conflicto de interés.