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Tras el plantón de Entrecanales, un exdirectivo de Acciona se niega a declarar en el Parlamento de Navarra

Justo Vicente Pelegrini se acoge a su derecho de no intervenir por estar investigado en la causa que instruye en Tribunal Supremo

Justo Vicente Pelegrini, este miércoles en la comisión de investigación sobre obras públicas en Navarra.Unai Beroiz

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Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona para España, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las adjudicaciones de obra pública desde 2011 y que tiene el foco puesto en la adjudicación de las obras de Belate. Pelegrini, que dejó la compañía —adjudicataria de los túneles junto a Osés y Servinabar, esta última fuera ya de la UTE— en junio del año pasado, ha iniciado su comparecencia con una breve intervención en la que ha explicado que, al estar investigado en una causa abierta en el Tribunal Supremo, no responderá a las preguntas de los parlamentarios.

“Excelentísima presidenta, excelentísimos parlamentarios y parlamentarias, buenos días. Por estar investigado en la causa especial 20775/2020 de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, me acojo a mi derecho de no declarar a las preguntas que me formulen los excelentísimos señores y señoras parlamentarios, lo que expreso con el mayor respeto a sus funciones. Muchas gracias”, ha afirmado. Tras estas palabras, los portavoces de los partidos políticos han ido haciendo sus preguntas al compareciente, aunque este no ha contestado a ninguna de las cuestiones planteadas. 

Al finalizar los turnos de intervención de los grupos parlamentarios, la presidenta del órgano Irati Jiménez (EH Bildu) le ha dado la oportunidad a Pellegrini de dirigir unas palabras a la comisión “Quiero agradecer a los excelentísimos parlamentarios y parlamentarias el respeto y laeducación que han mantenido en la sesión. Les quedó muy agradecido”, ha respondido, escuetamente, el exdirectivo de Acciona.

Investigación del Supremo

La decisión de Pelegrini de no declarar se apoya en su situación procesal. La semana pasada, el juez instructor del caso Cerdán en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona, entre ellos el propio Pelegrini. La resolución judicial también dio luz verde a la investigación de la sociedad cooperativa Erkolan, que habría recibido 367.290,43 euros de Servinabar.

Además de Pelegrini, la investigación alcanza al exdirector de la zona sur de Acciona Construcción España y al exdirector de la zona norte, Tomás Olarte. El objetivo de los mandamientos judiciales solicitados por la UCO es esclarecer si existieron pagos irregulares relacionados con adjudicaciones de obra pública y si estos fondos guardan relación con decisiones administrativas concretas.

Presión sobre Acciona

La comparecencia sin respuestas de Pelegrini llega un día después de que el máximo responsable de Acciona, José Manuel Entrecanales, diera plantón al Parlamento de Navarra pese a haber sido citado como persona física para declarar en la misma comisión. Este martes, la empresa envió en su lugar a un representante, Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, quien acudió a la Cámara con intención de comparecer, aunque la comisión le trasladó que la citación era personal y no dirigida a la compañía como persona jurídica.

Ante la incomparecencia del presidente de Acciona, la comisión parlamentaria decidió volver a solicitar formalmente su presencia y ha fijado una fecha extraordinaria para el próximo 9 de febrero. En esta ocasión, el Parlamento ha advertido expresamente de que, si Entrecanales no acude, se valorará la adopción de medidas legales.

No acudir a una citación puede tener consecuencias penales. El artículo 502.1 del Código Penal tipifica la incomparecencia como delito de desobediencia —castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses si es grave, y con multa de uno a tres meses si es desobediencia leve— y prevé además la suspensión del cargo si se trata de autoridades o funcionarios. A estas consecuencias se suma que faltar a la verdad ante una comisión también constituye delito.