Llegó la hora de los peces gordos. La comisión de investigación sobre la licitación de obras públicas en Navarra entra en su fase más suculenta. Tras semanas de comparecencias de perfil técnico que han ido desgranando con todo tipo de detalle cómo fue la adjudicación de obras de duplicación de los túneles de Belate, y de negativas a declarar por parte de funcionarios del Estado como las de esta semana, el Parlamento foral afronta ahora el turno de los principales nombres políticos y empresariales llamados a declarar, entre los que destacan Santos Cerdán, Koldo García, Antxon Alonso, José Manuel Entrecanales y responsables del Departamento de Cohesión Territorial.
La reunión celebrada este martes por la comisión ha puesto de manifiesto las dificultades con las que se está encontrando la Cámara para avanzar en la investigación cuando se trata de personal dependiente de la Administración General del Estado. Los representantes de los grupos parlamentarios han analizado los argumentos esgrimidos por los técnicos firmantes de los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que han declinado comparecer alegando que, en su condición de funcionarios del Estado, únicamente están sujetos al control de las Cortes Generales y no al de los parlamentos autonómicos.
Ante esta negativa, la comisión que preside Irati Jiménez ha decidido solicitar un informe jurídico antes de volver a cursar nuevas citaciones. El objetivo es despejar cualquier duda sobre la capacidad legal del Parlamento de Navarra para requerir la presencia de estos funcionarios, habida cuenta de que no son los únicos técnicos cuya comparecencia se considera relevante para esclarecer las circunstancias que rodearon la adjudicación y ejecución de las obras de los túneles de Belate. Pese a ello, fuentes parlamentarias reconocen que existen precedentes de funcionarios estatales que se han negado a comparecer ante comisiones autonómicas sin que ello haya acarreado consecuencias legales, lo que anticipa una nueva negativa a declarar.
Calendario completo de comparecencias
Mientras se resuelve este debate jurídico, la comisión hace esta semana un paréntesis en las comparecencias hasta el próximo martes, fecha en la que está citado el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Un día después, el miércoles, será el turno del exdirector de Acciona Construcción, Justo Vicente Pelegrini. A ambos se sumarán, ya en la semana del 26 de enero, el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, y la directora corporativa de Construcciones Osés, Noemí Osés Lana. Todos ellos son representantes de las empresas que formaban en origen la UTE adjudicataria de Belate.
Ya en febrero, el día 3 está prevista la comparecencia del presidente del PSN y consejero de Cohesión Territorial en la pasada legislatura, Bernardo Ciriza, a la que seguirá el día 4 la del exdirector general de Obras Públicas, Pedro López Vera. El día 10 comparecerá el actual consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y al día siguiente, el 11 de febrero, lo hará el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
En la segunda quincena del mes, los días 17 y 18 de febrero, están citados los agentes de la Guardia Civil identificados como Q14969J y C87609B, autores del informe de la UCO que dio origen al denominado caso Cerdán. El calendario de febrero se cerrará el día 24 con la declaración del exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, y el día 25 con la del exdelegado de Acciona en Navarra, Fernando Merino.
El Código Penal avisa a los comparecientes
En este contexto cobra especial relevancia el marco legal que regula las comparecencias. Tanto la normativa interna de la comisión como el Código Penal dejan claro que acudir no es una mera cortesía institucional. Las citaciones incluyen expresamente el apercibimiento de que, según el artículo 502.1 del Código Penal, la incomparecencia puede constituir un delito de desobediencia —castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses si es grave, y con multa de uno a tres meses si es desobediencia leve—.
El mismo precepto sanciona la incomparecencia tras requerimiento legal ante una comisión de investigación autonómica y, si se trata de autoridades o funcionarios, prevé además la suspensión del cargo de seis meses a dos años. Sin embargo, la aplicación práctica de estas previsiones penales no es automática. El conflicto competencial entre el control parlamentario estatal y el autonómico explica por qué, hasta la fecha, las negativas de funcionarios del Estado a acudir al Parlamento de Navarra no han derivado en actuaciones penales, pese a que la normativa de la comisión recoge expresamente el apercibimiento legal.
Las consecuencias tampoco se limitan a la ausencia. Mentir ante una comisión parlamentaria constituye igualmente un delito. La normativa obliga a la presidenta de la comisión a advertir al compareciente de lo dispuesto en el artículo 502.3 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de seis meses a un año o multa a quien falte a la verdad en su testimonio. Un recordatorio que subraya el carácter cuasi judicial de estas investigaciones y la trascendencia de cada declaración.
Las normas internas garantizan, al mismo tiempo, el respeto a los derechos constitucionales de los comparecientes, como la intimidad, el honor, el secreto profesional o la cláusula de conciencia. Las sesiones son públicas y abiertas a los medios de comunicación, aunque existe la posibilidad de solicitar que se celebren a puerta cerrada si se aportan razones que lo justifiquen. Los citados pueden, además, acudir acompañados de una persona de su confianza.
