Antxon Alonso ha negado este martes que conociese al presidente de la mesa de contratación que adjudicó las obras de Belate, Jesús Polo, y ha reconocido que no le consta que ninguna concesión de obra pública en Navarra esté siendo investigada por el Tribunal Supremo. Son las únicas cuestiones a las que ha respondido, de momento, el administrador de Servinabar, quien se ha acogido a su derecho a no a declarar ante los grupos parlamentarios en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.
Alonso, investigado por el Tribunal Supremo por el caso Cerdán, ha comparecido en la Cámara foral para abordar las presuntas irregularidades vinculadas a su firma, pero ha optado por el silencio tras comunicar su decisión al inicio de la sesión.
“Egun on, buenos días. Señora presidenta, señorías, comparezco ante esta comisión con el máximo respeto a la función que desempeña el Parlamento de Navarra en el control de la actuación pública y en la defensa del interés general. No obstante, dado que el objeto de esta comisión coincide sustancialmente con el de la causa penal actualmente en tramitación ante el Tribunal Supremo, en la que me encuentro investigado, y siguiendo la recomendación expresa de mi letrado, me acojo a mi derecho a no declarar. Eskerrik asko, muchas gracias”, ha manifestado al inicio de la sesión,
LOS TURNOS
Tras la declaración inicial, ha comenzado el turno de los grupos parlamentarios. Javier Esparza, portavoz de UPN, ha señalado que el compareciente “tenía la oportunidad de contarnos la verdad” y ha afirmado que “Navarra merece conocer lo ocurrido sin ningún tipo de excusa”. Durante su exposición, Esparza ha planteado interrogantes sobre la trayectoria de Alonso: “¿Consiguió alguna adjudicación pública en Cintruénigo o en Milagro en 2005?” o “¿Quién le presentó a Koldo García? ¿Fue Santos Cerdán?”. Asimismo, el portavoz regionalista ha cuestionado la relación entre el administrador y el dirigente socialista, citando los informes de la UCO sobre la supuesta capacidad de decisión de Cerdán en Servinabar y la contratación de familiares en la empresa.
Esparza ha abordado también cuestiones relativas a la constitución de la sociedad y su vínculo con grandes proyectos de infraestructuras. Ha preguntado sobre la oferta de participación a Cerdán: “¿Cuando usted ofrece a Santos Cerdán participar en un 45% en Servinabar, por qué lo hace? ¿Qué valor aportaba Santos Cerdán a su empresa?”. También ha mencionado el presunto pago del mobiliario del domicilio en Madrid del político: “Nada que ver, pero pagaban el piso y el mobiliario del domicilio en Madrid del señor Cerdán”. Ante estas cuestiones, Antxon Alonso ha intervenido brevemente para indicar: “Le contestaría muy a gusto a casi todas, pero no lo voy a hacer, porque me acojo a lo que dice mi letrado. Le contestaría a todo”.
El portavoz de UPN ha continuado su intervención preguntando sobre los acuerdos con la empresa Acciona en proyectos como Mina Muga o la obra de Belate, cuestionando la experiencia de la firma en el sector: “¿Servinabar tiene experiencia en obras similares?”. Esparza ha concluido su turno criticando el silencio del administrador al señalar que “no se lo cree nadie” y preguntándole directamente si “¿cree que la gente es tonta, que somos idiotas, que la sociedad navarra se merece lo que usted dice?”.
A continuación, ha sido el turno de Javier Lecumberri (PSN), quien ha defendido que “Navarra no se merece tampoco que, sin ninguna imputación en ninguna de las obras públicas de Navarra en el Tribunal Supremo, algunos estén utilizando esta comisión para ensuciar el nombre de Navarra”. Durante su intervención, el portavoz socialista ha lanzado una pregunta directa al compareciente: “¿Podría usted confirmar que en la causa no hay ninguna obra pública en investigación?”. Ante esto, Antxon Alonso ha respondido brevemente: “A mí no me consta ninguna”.
Lecumberri ha abordado también el proyecto de Mina Muga, recordando que, al afectar a dos comunidades autónomas, dependía del Gobierno de España. “En Aragón gobernaba la señora Rudi, del PP; en Navarra gobernaba la señora Barcina, de UPN; y en el Gobierno de España gobernaba el señor Rajoy, del PP. Ambos gobiernos, en Aragón y Navarra, estando en funciones y sabiendo que van a ser sustituidos por otros gobiernos, firman una encomienda para que sea el Gobierno de Rajoy el que decida sobre el impacto ambiental”, ha subrayado el portavoz del PSN.
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha tomado la palabra reconociendo la dificultad que debe tener el compareciente para "aguantarse la lengua", pero subrayando que "la ciudadanía navarra le agradecería que contestase". Ante esta apelación, Alonso ha roto su silencio para apuntar que “llegará el momento de responder a esas cuestiones”.
Araiz ha formulado entonces una batería de preguntas críticas, pidiendo una valoración sobre los informes de la UCO y cuestionando si Alonso coincide con Santos Cerdán en que existe una "persecución política". El portavoz abertzale ha incidido en por qué se firmó y ocultó un contrato privado que otorgaba el 45% de la empresa a Cerdán, y si este último intervino en su calidad de parlamentario o representante socialista para lograr adjudicaciones en Mina Muga o en las obras de Belate. “La sociedad navarra necesita una explicación sobre todas sus actuaciones”, ha concluido Araiz, reclamando una confirmación firme de que el exdirigente del PSOE no era socio de Servinabar de forma encubierta.
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Cabe recordar que Servinabar participaba en un 15% de la Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a las constructoras Acciona y Osés, aunque salió de la alianza empresarial tras el estallido del caso, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al magistrado Leopoldo Puente el primer informe sobre el entonces dirigente socialista Santos Cerdán. El miércoles acudirá a sede parlamentaria la representante de la última empresa de la UTE que queda por declarar, Noemí Osés.
El desarrollo de la comisión se encuentra bloqueada, después de que los anteriores citados evitaran dar explicaciones. Este escenario de parálisis comenzó con los técnicos de las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Cantábrico, quienes eludieron su presencia alegando su condición de funcionarios del Estado. La situación se agravó la semana pasada con los directivos de Acciona; mientras el presidente del grupo, José Manuel Entrecanales, dio planrón a la Cámara, el exdirectivo Justo Vicente Pelegrini se acogió a su derecho a no declarar debido a su condición de investigado por el Tribunal Supremo.
