Las auditorías encargadas por el Gobierno de Navarra avalan la legalidad de las adjudicaciones del Navarra Arena y el colegio de Arbizu

Las auditorías externas encargadas por el Gobierno de Navarra han avalado que los procedimientos de licitación, adjudicación, publicidad, formalización y ejecución de los contratos en las obras de construcción de la modificación del Navarra Arena (Lotes 4 y 5) y en el colegio público de Arbizu fueron conformes a la normativa en todos los artículos de la ley foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

El Gobierno foral encargó estas auditorías externas para analizar las adjudicaciones que realizó a empresas que aparecían mencionadas en un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre una presunta trama de corrupción que investiga el Tribunal Supremo.

El primero de los informes, que hace referencia al contrato de construcción de la modificación no sustancial del Pabellón Multiusos Navarra Arena Lotes 4 y 5, adjudicado a la UTE Acciona Construcción y Servinabar 2000, concluye que los expedientes de contratación respetaron los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia, y que la tramitación administrativa se acometió de acuerdo a los requisitos legales establecidos. Asimismo, señala que los procedimientos utilizados, la formalización de los contratos y su ejecución se ajustaron a lo previsto en los pliegos y normativa aplicable.

Además, el informe, que ha sido remitido este miércoles a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, pone de manifiesto que las decisiones adoptadas en las diferentes fases del proceso se fundamentaron en criterios técnicos y jurídicos, y que los mecanismos de control y supervisión aplicados lograron garantizar una correcta ejecución de estos contratos, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

En este sentido, la auditoría externa respalda también que las modificaciones contractuales, tanto en su justificación como en su tramitación, fueron adecuadas al enmarcarse dentro de los márgenes y condiciones previstos en la ley foral de contratación pública.

El informe también destaca que la gestión contractual se desarrolló conforme a los principios que rigen la actuación administrativa, sin apreciarse incumplimientos ni desviaciones que cuestiones la legalidad de los procedimientos.  

CONSTRUCCIÓN DEL CPEIP DE ARBIZU

En lo que respecta al contrato de las obras de construcción del colegio público de Educación Infantil y Primaria de la localidad de Arbizu, el informe analiza la adjudicación efectuada en junio de 2018 a la UTE CPEIP Arbizu, formada por Acciona Construcción y Alegure SL, y señala que la composición de la Mesa de Contratación cumplió con los requisitos legales, así como que las actuaciones preparatorias del contrato, la aprobación del expediente y la publicación del anuncio de licitación se realizaron conforme a la normativa vigente.

Asimismo, la auditoría externa señala que, al concurrir únicamente personas jurídicas, no existía obligación de declarar posibles incompatibilidades de sus administradores. También constata que la solvencia técnica o profesional de Alegure quedó acreditada mediante el apoyo en la solvencia de Acciona Construcción, conforme el artículo 15 de la ley foral 6/2006 de Contratos Públicos, y que la documentación que presentaron se ajustó a lo exigido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Más adelante, el informe auditor determina que los criterios valorados mediante fórmulas alcanzaron el 70% de la puntuación total y que el anuncio de licitación fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra el 4 de mayo de 2018, cumpliéndose el plazo mínimo de 18 días naturales para la presentación de ofertas. Según la auditoría, la oferta presentada por la UTE adjudicataria, con una baja del 8,89% respecto al valor estimado del contrato, no fue considerada "anormalmente baja" y resultó determinante en la adjudicación del contrato.

Respecto a la ejecución de los contratos, el informe recoge dos modificaciones de contrato, entre ellas una ampliación del plazo de ejecución de las obras en dos meses, hasta el 30 de junio de 2019, y cuya tramitación cumplió con lo estipulado en los artículos 105 a 109 de la Ley Foral 6/2006. También reconoce a la UTE CPEIP Arbizu el derecho a percibir 84.909,14 euros, IVA incluido, en concepto de gastos generales y costes indirectos del presupuesto de ejecución material por dicho periodo de ampliación del contrato (2 meses), respetando este importe lo dispuesto en el artículo 105.3 de la ley foral 6/2006, al no exceder del 20% del importe de adjudicación. En concreto, el importe acumulado de las modificaciones ascendió a 4,20% del valor de adjudicación, verificando que los informes técnicos que soportaron esta modificación fueron razonables y que la modificación se tramitó adecuadamente.

El Gobierno foral ha destacado que ambos contratos fueron también fiscalizados por la Cámara de Comptos, que en su informe emitió "una opinión favorable del cumplimiento de legalidad del proceso de licitación, adjudicación y ejecución", al igual que ocurrió con el contrato de las obras de rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra y jardines de acceso.

Precisamente, otra auditoría externa también analizó si esta adjudicación, realizada el 21 de mayo de 2018 a la UTE integrada por Acciona Construcción y Servinabar, así como sus posteriores modificaciones, se ajustaron a los procedimientos previstos en la Orden Foral 27/2023, de 5 de abril, de la consejera de Economía y Hacienda.

El informe externo, remitido también por el Gobierno de Navarra a la comisión de investigación del Parlamento de Navarra el pasado mes de diciembre, señaló que el incremento presupuestario de 467.000 euros hasta alcanzar los 2,9 millones de euros, se sustentó en informes técnicos razonables y, por tanto, dicha modificación se tramitó de manera adecuada.