La Ley de multirreincidencia da su paso definitivo este jueves en el Congreso

La ley de Junts para combatir la multirreincidencia llega este jueves al pleno del Congreso con un amplio respaldo y será aprobada previsiblemente por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras más de un año congelada.

La tramitación comenzó en 2024 y se reactivó en noviembre pasado, después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.

ERC se abstendrá

Esquerra Republicana ha anunciado este jueves que ha alcanzado un pacto para crear 180 nuevas plazas de jueces en Catalunya en los próximos dos años, y que a cambio se abstendrá en la votación. Según el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, este refuerzo de la plantilla de jueces permitirá paliar el "bestial colapso judicial" que padece la comunidad.

Según detallan desde ERC, ahora en Catalunya prestan servicio alrededor de 870 juezas y jueces y con la aplicación de lo acordado con el Gobierno de Sánchez la ratio por habitante se irá acercando a la media europea, en línea con los objetivos fijados por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rufián ha admitido que el problema de la multirreincidencia "existe" y que su formación sería "irresponsable" si ignorara esta realidad. Pero, a su juicio, la solución meramente punitiva de "subir penas" que, desde su punto de vista, plantea la nueva regulación sobre este fenómeno se ha "demostrado que no sirve de nada".

"Nosotros lo que hemos pactado con el PSOE son 90 jueces más para ya porque, si no, el colapso judicial es bestial. No tiene ningún sentido pactar que los ayuntamientos se personen en estas causas, si no hay jueces para juzgar", ha explicado, en línea con lo expresado en el Pleno por su portavoz de Justicia, Pilar Vallugera, que ha anunciado su abstención en la ley de multirreincidencia.

Apoyos

La Comisión de Justicia aprobó en diciembre el texto con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo. El dictamen de la ley que se vota este jueves incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

Sumar, Bildu y Podemos se han posicionado en contra de la ley, que deberá pasar también por el Senado, al calificarla de "populismo punitivo" y considerar que solo beneficia a la extrema derecha.

La aprobación de esta propuesta de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Puigdemont y se une a otras decisiones adoptadas para acercar a los socios de la investidura, como la regularización extraordinaria de inmigrantes. Gracias a ella Podemos ha abierto la puerta negociar la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña, una aspiración de Junts a la que hasta ahora se había opuesto.