La ley para combatir la multirreincidencia de los delitos leves fue aprobada este jueves por la mayoría del Congreso de los Diputados, que dio luz verde al endurecimiento de los castigos por infracciones reiteradas como la penalización con hasta tres años de cárcel por el robo de móviles y el castigo por pequeños hurtos. Tras más de un año congelada, la iniciativa aprobada se traducirá en la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque previamente deberá tener el visto bueno del Senado.
La votación dejó una aritmética muy poco usual en la Cámara ya que unió en el apoyo a la norma a PSOE y PP, además de Vox, Junts per Catalunya y PNV. Sumar, socio de la coalición del Gobierno de Pedro Sánchez. se alineó con las formaciones que votaron en contra de la iniciativa, entre los que se cuentan Podemos, EH Bildu y BNG. ERC se manifestó en contra de la iniciativa, pero terminó absteniéndose, a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Catalunya.
Este recuento revela que el texto tuvo más apoyos de la oposición que de socios del Ejecutivo. Se trataba de una medida impulsada por Junts que en esta ocasión sí contó con el apoyo del PSOE que esta vez dio la espalda a su socio de gobierno, Sumar. Fue un gesto socialista al partido de Carles Puigdemont pero que, en palabras de los catalanes, “no cambia nada” en sus relaciones con el Gobierno de Sánchez y votarán no al decreto sobre el escudo social, para cuya aprobación son indispensables sus siete votos en el Congreso, o bien su abstención.
La reforma penal aprobada impone una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, una infracción que no estaba prevista en la ley hasta ahora. Por su parte, el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado por otros tres delitos menos graves.
Además, se añade otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. En este caso, la clave es que contengan datos personales porque se trata de información sensible, es decir, el delincuente no solo se lleva un objeto, sino también el correo electrónico de esa persona, quizás su cuenta de banca electrónica, etc. Por el contrario, si el teléfono es nuevo y no contiene esa información personal, no entra dentro de esta casuística.
Asimismo, se permitirá imponer cautelarmente al delincuente la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse a determinadas personas.
La reforma de la ley llega en un momento en el que el debate sobre la seguridad está muy presente en la agenda política vasca. El consejero de Seguridad Bingen Zupiria insiste en el endurecimiento de la legislación tanto en lo que respecta al porte y uso de armas peligrosas, como en los daños que se pueden causar a otra persona mediante el uso de la violencia, la intimidación u objetos peligrosos. Asimismo, destaca que los delitos que generan más alarma social son cometidos con frecuencia por reincidentes. En este sentido, ha reivindicado la utilidad de los juicios rápidos. No solo a la Ertzaintza, sino también a los jueces vascos y a la Fiscalía, les parece que la vía de los juicios rápidos es la más eficaz para hacer frente a la sensación de impunidad por las personas que cometen delitos de forma reiterada. El consejero del ramo admite que “encima de la mesa de la justicia hay muchas cuestiones apiladas con tres o cuatro años de retraso”, por lo que insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que atienda las peticiones del Gobierno Vasco y la judicatura para aumentar el número de jueces en Euskadi.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió la reforma porque permite “incrementar las garantías legales para responder más adecuadamente a unos concretos hechos delictivos”. Además, hizo hincapié en que la reforma penal ha sido “una pretensión y una petición de distintos partidos, también desde el entorno judicial y la Fiscalía”.
Delincuentes
Desde el PNV, Mikel Legarda, defendió su apoyo a la norma que busca dar respuesta a la multirreincidencia en hurtos y estafas porque la ley actual “resulta ineficaz y generaba la percepción de que por una puerta entran y por otra salen”. Por su parte, el diputado de Bildu, Jon Iñarritu esgrimió que el aumento de penas “es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención”.
El diputado de Sumar Enrique Santiago rechazó que se endurezcan penas para “delincuentes de poca monta, mientras hay impunidad con los fuertes”. Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera anunció su abstención tras el pacto con el Gobierno para aumentar la planta judicial con 180 nuevos jueces para Catalunya, pero precisó que “la realidad no se cambia a golpe de Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Civil”. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, celebró la aprobación de la ley y pidió que tampoco haya “atajos” para los okupas porque “la seguridad es lo primero”.
