Navarra mantiene la ley que blinda al profesorado de Religión tras un giro en la votación

Giro de guión de última hora. La propuesta del PSN y Contigo-Zurekin para derogar la ley que blindaba al profesorado de Religión, presentada sin el tercer socio de la coalición, ha decaído este jueves en el Parlamento de Navarra tras prosperar dos enmiendas de, precisamente, Geroa Bai al texto original para implementar un periodo de transición. La incorporación de esas modificaciones ha cambiado el sentido de la iniciativa hasta el punto de que los propios grupos proponentes han terminado retirando su apoyo.

La votación se ha saldado con el voto en contra de todos los grupos salvo Geroa Bai, que sí ha respaldado la propuesta una vez incluidas sus enmiendas, que han recibido el respaldo de UPN, PP y Vox. Esas modificaciones pretendían garantizar las condiciones laborales del actual profesorado de Religión mayor de 55 años hasta su jubilación, una protección que el grupo consideraba imprescindible ante una eventual derogación de la norma vigente.

La proposición de ley buscaba eliminar la legislación foral que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de Religión en los centros públicos de Navarra. Sus impulsores defendían que la regulación actual mantiene una “singular forma de selección” de estos docentes que no incluye la demostración de mérito y capacidad exigida al resto del profesorado del sistema educativo público.

En ese sentido, los proponentes originales argumentaban que la ley genera una situación de desigualdad respecto al colectivo ordinario de docentes, que accede a la función pública mediante procesos selectivos y que, en el caso del personal contratado, no cuenta con garantías de mantenimiento del puesto de trabajo.

PSN, EH Bildu y Contigo, por la derogación

Durante el debate parlamentario, la socialista Ainhoa Unzu ha defendido que “el debate no va sobre religión, sino sobre algo mucho más sencillo: si el sistema educativo público debe adaptarse a la realidad educativa o debe mantener situaciones que no responden a la realidad”. A su juicio, “defender la educación pública también significa que los recursos públicos se utilicen con justicia, equidad y sentido común”, y ha sostenido que la ley actual “no es justa ni equitativa ni responde a la igualdad de oportunidades”.

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha defendido que “frente al ruido político que está rodeando a la proposición, los principios de la defensa de la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública, y también la diligente gestión de los fondos públicos, son las ideas que motivan abordar esta cuestión”. Guzmán ha calificado además de “anómalo en pleno 2026” que continúe la enseñanza religiosa en las aulas escolares o que el Arzobispado seleccione “de forma discrecional” al profesorado.

EH Bildu también ha apostado por la derogación de la norma por considerar que vulnera principios básicos del sistema público. La parlamentaria Eneka Maiz ha afirmado que la ley resulta “injusta” porque vulnera “dos principios, el laicismo y la igualdad”. “Solo un Estado laico y la escuela laica garantizan la libertad de culto y la igualdad”, ha sostenido, y ha añadido que las religiones y creencias “deben cultivarse en el ámbito privado y no deben pagarse con dinero público”.

El papel de Geroa Bai, que ha intervenido en el turno a favor, ha resultado decisivo en el desenlace final. La parlamentaria Itxaso Soto ha explicado que su grupo no comparte que la Religión continúe en la escuela pública porque “genera una segregación confesional dentro de las aulas y supone una intromisión y una vulneración de la separación Iglesia-Estado”. Sin embargo, ha defendido que la proposición debatida no abordaba realmente esa cuestión: “Esta propuesta no evita que se siga manteniendo la Religión en las aulas públicas, sino que trata exclusivamente de las condiciones laborales de un colectivo de trabajadores que se va a ver directamente perjudicado”.

La derecha, a favor de los privilegios de la Iglesia

La derecha ha cargago con dureza contra la iniciativa. El parlamentario de UPN Pedro González la ha calificado como “la ley de la venganza y el rencor” y ha acusado a sus promotores de mentir para justificar lo que consideró “un enorme ataque” contra el profesorado de Religión. “La realidad es que el profesorado de Religión le cuesta al Gobierno cero euros”, ha afirmado, y ha asegurado que el debate responde a “una bomba de humo para desviar la atención de la ciudadanía”.

Por su parte, el portavoz del PP, Javier García, ha considerado que la iniciativa supone “una profunda injusticia” y ha criticado el posicionamiento de los grupos que la respaldaban: “Entendemos que se sientan cómodos defendiendo esta ley, porque quizás les incomoda más la Iglesia que pactar con quienes no han condenado el terrorismo de ETA”.

Finalmente, Emilio Jiménez (Vox) ha criticado que el Gobierno “sigue la misma agenda separtista y comunista de siempre, borrar las raíces cristianas de Navarra".