Pulso en la Cámara de Comptos: el auditor discrepante se ratifica en sus conclusiones

El auditor de la Cámara de Comptos de Navarra Miguel Ángel Aurrecoechea ha defendido este martes en el Parlamento foral la legalidad y el carácter técnico de la cláusula de discrepancia incorporada al informe de las Cuentas Generales de 2024, en una comparecencia marcada por la controversia interna en el órgano fiscalizador y por su advertencia de que determinados hechos vinculados a las obras de duplicación de los túneles de Belate “podrían considerarse indicios de delitos”.

La intervención se produce después de que se hiciera pública su oposición al contenido final del informe aprobado por el presidente de Comptos, Ignacio Cabeza —comparecerá este viernes en el mismo marco para trasladar su visión—. En este contexto, Aurrecoechea ha insistido en que la cláusula de discrepancia es una herramienta prevista en el ordenamiento jurídico que garantiza “transparencia, probidad técnica y calidad” en la fiscalización pública y permite al Parlamento contar con “todos los elementos de juicio relevantes”.

La polémica tiene su origen en el desacuerdo entre el auditor, redactor del borrador inicial, y la dirección de la Cámara de Comptos. El documento fue considerado insuficiente por la Presidencia y el equipo técnico, que cuestionaron la base probatoria y el encaje jurídico de algunas conclusiones. Tras introducir modificaciones con el aval de la asesoría jurídica, se incorporó la cláusula que recoge la oposición de Aurrecoechea, quien había planteado inicialmente nueve salvedades —reducidas finalmente a cuatro— tras atender la mayoría de las 502 observaciones recibidas.

Rechaza que haya “subjetividad”

Durante su comparecencia, el auditor ha rechazado que sus conclusiones respondan a criterios personales y ha asegurado que su trabajo se fundamenta en “la documentación obrante en los expedientes” y en “las evidencias de auditoría disponibles”, fruto de “un análisis exhaustivo y muy riguroso”. En este sentido, ha criticado los comunicados emitidos por Comptos, que calificaban parte de sus apreciaciones como subjetivas, al considerar que le han supuesto “una pública humillación”."humillación pública"

Aurrecoechea ha subrayado que las divergencias “no deben interpretarse como una quiebra institucional”, sino como una expresión del “normal funcionamiento” de un sistema en el que pueden coexistir distintas valoraciones técnicas sobre un mismo objeto de análisis. Asimismo, ha explicado que en el proceso de elaboración de los informes el dictamen jurídico es “preceptivo pero no vinculante” y que no se producen votaciones para aprobar borradores, ya que la decisión final corresponde a la Presidencia.

El auditor ha asegurado además que “en ningún momento” se ha sentido presionado y que esta discrepancia “en modo alguno” afecta a sus futuros trabajos dentro de la institución, reivindicando su derecho a mantener un criterio técnico propio dentro de los estándares de la auditoría pública.

Ve indicios de delito en Belate

Uno de los ejes centrales de la comparecencia ha sido el análisis de las obras de duplicación de los túneles de Belate, donde Aurrecoechea ha sostenido que no existían causas legales que justificaran la modificación contractual que derivó en sobrecostes. Tras examinar “multitud de documentos”, ha concluido que determinadas decisiones administrativas podrían tener relevancia jurídica.

En concreto, ha señalado que una resolución de octubre de 2024 suponía “una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria”, mientras que otra posterior recogía hechos que, a su juicio, “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

El auditor ha explicado que trasladó esta advertencia a la asesoría jurídica, aunque la Cámara de Comptos concluyó finalmente que “no se aprecian indicios de responsabilidades”, una valoración con la que ha mostrado su desacuerdo, criticando que se adoptara “sin solicitarme ningún tipo de documentación”.

Otros aspectos del informe

Más allá del caso de Belate, Aurrecoechea ha mantenido sus reparos sobre otros aspectos del informe, como posibles duplicidades entre entidades públicas, la necesidad de determinados entes o el uso de subvenciones nominativas. Estas cuestiones formaban parte de las salvedades incluidas en su borrador inicial y que, tras el proceso de revisión, quedaron reducidas a cuatro.

El auditor ha defendido que el mecanismo de discrepancia “no responde a una lógica de confrontación”, sino que constituye una garantía de calidad en el control público, y ha insistido en que su actuación se ha desarrollado “con pleno respeto” a la institución y a las competencias de su Presidencia.