Educación estudia una moratoria para aplazar el cierre de aulas de Infantil en Navarra

El Departamento de Educación ha solicitado un informe jurídico para analizar la viabilidad de establecer una moratoria que evite el cierre de aulas de Infantil, tanto en la red pública como en la concertada, durante la planificación del próximo curso escolar. La decisión llega tras la petición formulada por varios grupos parlamentarios y fue confirmada este lunes por la presidenta María Chivite, quien señaló que el objetivo es “valorar la propuesta” a la espera de conocer las conclusiones técnicas.

El asunto se remonta a la semana pasada, cuando el consejero del ramo, Carlos Gimeno, confirmó la supresión de 33 aulas –19 en la red pública y 14 en la concertada– como respuesta al descenso de la natalidad. El anuncio provocó un fuerte rechazo en centros educativos y patronales, que denunciaron el impacto de la medida y avanzaron recursos administrativos e incluso acciones judiciales.

La decisión, además, ha tensado la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo foral. Geroa Bai ha planteado una moratoria para evitar el cierre de aulas –que ahora estudia el Departamento–, una posición que comparte EH Bildu al rechazar los recortes, mientras que PSN y Contigo-Zurekin respaldan al consejero y defienden ajustar las unidades a la caída de la matrícula.

Tensión entre socios

Los grupos parlamentarios se pronunciaron este lunes tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces. Desde el PSN, Ainhoa Unzu defendió que la actuación del Gobierno responde a “datos reales” y a la necesidad de ajustar la oferta educativa a la caída de la demanda. “Nadie quiere cerrar aulas, pero gobernar exige asumir la realidad”, afirmó, subrayando que la reducción de unidades es “proporcional, equilibrada y coherente”. Insistió, asimismo, en que no se puede “mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas”.

En la misma línea, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, respaldó la decisión del Departamento al considerarla coherente con el pacto de gobierno. A su juicio, la reducción de unidades en la concertada “es un buen paso” que permite reorientar recursos hacia el fortalecimiento de la educación pública. Guzmán fue especialmente crítico con sus socios, calificando de “decepción” la postura de Geroa Bai y EH Bildu y acusándoles de plantear “analogías tramposas” que, en su opinión, suponen “un ataque a la red educativa pública”.

Frente a esta posición, EH Bildu cargó contra la actuación del Ejecutivo. Su portavoz, Laura Aznal, calificó la medida de “totalmente desacertada y precipitada” y denunció la ausencia de un plan global, recordando que el Gobierno se comprometió a elaborar un plan estratégico a cinco años para la reducción progresiva de ratios que “debería estar hecho ya”. Además, señaló que los estudios demográficos prevén un repunte de la matrícula a partir del curso 2026-2027.

También desde Geroa Bai, su portavoz Pablo Azcona defendió la necesidad de evitar cierres y aplicar una moratoria de al menos un año. La formación ha registrado una moción en el Parlamento para instar al Departamento a no suprimir aulas en Infantil y plantea aprovechar la coyuntura demográfica para mejorar la calidad del sistema mediante la reducción de ratios y el refuerzo de la atención a la diversidad. “Lo que estamos pidiendo es no cerrar ningún aula”, subrayó Azcona.

La derecha, a una

La derecha, por su parte, ha aprovechado la polémica para situar el foco en la gestión del Gobierno foral. El portavoz de UPN, Javier Esparza, advirtió de que es necesario “proteger el sistema educativo” de lo que calificó como un “disparate”, y acusó al Ejecutivo de actuar con criterios ideológicos. Aunque anunció el apoyo de su grupo a la moción de Geroa Bai, reclamó ir más allá mediante una proposición de ley que garantice la paralización de los cierres, al considerar que una moción no ofrece garantías suficientes.

Por su parte, el portavoz del PP de Navarra, Javier García, denunció un “ataque directo a la concertada” y criticó lo que considera una deriva “sectaria” del Gobierno. Los populares también estudian impulsar una iniciativa legislativa para asegurar una financiación “justa” de ambas redes y evitar, según señaló, que existan “alumnos de primera y de segunda”, al tiempo que reclaman una reducción de ratios tanto en la enseñanza pública como en la concertada.