La exvicepresidenta primera del Gobierno foral, Lourdes Goicoechea, ha asegurado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que no tuvo “ningún conocimiento” de la unión temporal de empresas (UTE) acordada entre Acciona y Servinabar en relación con el proyecto impulsado por Geoalcali para la explotación de Mina Muga.
En su comparecencia, que ha versado sobre este proyecto minero, Goicoechea ha afirmado que, durante su etapa en el Ejecutivo presidido por Yolanda Barcina, el expediente “tenía su relevancia” y siguió los cauces administrativos correspondientes. Según ha explicado, los técnicos del Departamento realizaron la tramitación y le mantenían informada de la evolución del proyecto, si bien ha limitado su conocimiento a ese ámbito administrativo.
La exconsejera de Economía, Hacienda, Empleo e Industria ha destacado que, como responsable del área, mantenía reuniones con promotores interesados en desarrollar iniciativas en Navarra, en línea con la actividad habitual del Departamento. No obstante, ha insistido en que no tenía conocimiento de la citada UTE ni de detalles empresariales concretos, y ha añadido que tampoco conocía a Antxon Alonso ni a Koldo García ni al exdirectivo de Acciona Fernando Merino.
En ese sentido, ha subrayado que “claramente no” recibió indicación alguna por parte de la dirección de UPN para favorecer el proyecto y ha recalcado que “no hubo ningún mandato político ni injerencias” durante su tramitación, que ha definido como “muy técnica” y sustentada en el trabajo de los funcionarios del departamento.
Una tramitación “técnica” y sin injerencias
Goicoechea ha reiterado a lo largo de su intervención que su conocimiento del proyecto fue “exclusivamente administrativo” y que nunca le trasladaron dudas sobre un posible carácter especulativo de la iniciativa. “El único conocimiento que tenía era la tramitación administrativa que se estaba llevando a cabo”, ha señalado.
También ha asegurado que no mantuvo contactos con responsables políticos estatales en relación con Mina Muga y ha afirmado que nunca ha hablado de este asunto con Santos Cerdán. En la misma línea, ha indicado que no tiene “conciencia” de haberse reunido con responsables de Geoalcali, pese a que otros comparecientes han apuntado a contactos institucionales durante aquellos años.
Sobre la evolución del expediente, ha explicado que el proyecto implicaba a varias administraciones —Navarra, Aragón y el Estado— y que en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración para que el órgano sustantivo fuera la Administración central. “Era un proyecto complejo”, ha resumido, enmarcando esa complejidad en la participación de distintos niveles institucionales.
Contexto político y paso del tiempo
La exconsejera ha enmarcado su intervención en el tiempo transcurrido desde su salida del Gobierno en 2015, recordando que Servinabar se constituyó en septiembre de ese mismo año, dos meses después de su cese. “Han pasado más de diez años”, ha insistido, para justificar la falta de recuerdo sobre determinados detalles.
Goicoechea ha defendido además la actuación de su equipo durante aquella legislatura, marcada —según ha señalado— por la crisis económica y por la gestión de proyectos “de calado”, especialmente en el ámbito minero. “La única instrucción que teníamos era hacer todo conforme a la legalidad”, ha afirmado, para añadir que su gestión fue objeto de un intenso escrutinio posterior: “Miraron todo, hasta debajo de las alfombras, y no había nada mal hecho”.
En este contexto, ha asegurado que no preparó la comparecencia con terceros y que carece de documentación de aquella etapa, ya que destruyó sus archivos al abandonar el cargo. “He venido sin información”, ha reconocido.
Finalmente, ha recalcado que más de una década después el proyecto de Mina Muga continúa en tramitación, lo que, a su juicio, evidencia la dificultad del procedimiento. “Queda patente que la tramitación no era sencilla”, ha concluido.
