Imagínese que tiene un primo de Alemania, o en los Países Bajos. Un día viene a visitarle a Navarra. Usted, que le quiere enseñar lo más bonito, le lleva un día a las Bardenas. Hacen una excursión preciosa, suben al Rallón y desde allí admiran la Bardena Blanca. Pues bien, justo en la cima le cuentan que allí, en medio de esa magnífica reserva de la biosfera, hay en funcionamiento un campo militar de bombardeo donde ejércitos de toda la OTAN han hecho prácticas con fuego real, incluso con las bombas que llevaban las cargas nucleares. ¿Se sorprendería? ¿Cómo se quedaría si, además, supiera que el campo lleva 75 años en marcha y no tiene visos de cierre?
Es la rocambolesca historia del Polígono de Tiro de Bardenas, que la semana que viene celebrará su cumpleaños, ya que nació el 9 de junio de 1951. Este pedazo de desierto de 2.240 hectáreas ha sido un terreno codiciado por las más altas esferas políticas y militares desde hace décadas, y año tras año el Ministerio de Defensa de España gasta un dineral –alrededor de 16 millones de euros– para poder utilizarlo. Es, de todo, menos un erial. No tiene alternativa no ya en España, sino en Europa, donde la lluvia y la falta de cielos despejados arruina las horas de vuelo que necesitan los pilotos para manejar las máquinas que mueven la poderosa industria de la guerra.
Su uso intensivo durante todo este tiempo ha dado un sinfín de titulares y ha generado polémicas y noticias. De aquí nació a finales de los 80 la Asamblea Antipolígono, uno de los movimientos populares con más raigambre de la Ribera. En una de sus protestas el Estado perpetró un crimen, el de Gladys del Estal. En 75 años ha habido decenas de accidentes, muchos pilotos muertos, millones de euros en canon, polémicas por el destino de esos fondos públicos, bombas extraviadas, atentados de ETA... incluso avistamientos de ovnis. Sobre todo esto publicaremos en este periódico entre hoy, mañana y el lunes.
La denuncia vecinal que prendió la llama de la protesta
En junio de 1987, hace ahora 40 años, cuatro vecinos de Tudela (José Ángel Pérez-Nievas, Carmen Borderas, Vicente Irala y José Alba) iniciaron una lucha legal contra el Polígono de Tiro de Bardenas que tuvo su prolongación en el nacimiento de la Asamblea Antipolígono de Tiro y la oposición de buena parte de los habitantes de la Ribera.
Políticos e instituciones han ido, desde entonces, cambiando su opinión y criterio según les convenía políticamente, desde una clara oposición hasta un apoyo sin fisuras. UPN, PSN, los gobiernos de Navarra anteriores y la propia Comunidad de Bardenas han pedido su desmantelamiento y, años después, han defendido sin pestañear la continuidad de la instalación militar.
El primer contrato se firmó el 9 de junio de 1951, pagando Defensa 20.000 pesetas por las 2.222 hectáreas y 120.000 pesetas de indemnización por 300 de esas hectáreas que estaban cultivadas y debían dejar en barbecho. Cuarenta años después todo sigue igual, las bombas siguen cayendo, las marchas celebrándose (la primera fue en junio de 1988) y los partidos que están en el poder siguen cambiando de opinión.
El abogado tudelano José Ángel Pérez-Nievas (junto a María del Carmen Borderas, Vicente Irala y José Alba, todos ellos militantes del Partido Carlista-EKA), presentó una demanda por acto de conciliación contra la Junta de Bardenas que presidía José Antonio Gayarre para que rescindiera el contrato con Defensa al considerarlo nulo.
Según esta demanda “para ejercitar los disfrutes de pasto, siembra, caza y leña, cal, yeso, piedra que figuran en las ordenanzas (y que impide la existencia de un instalación militar) es condición figurar como vecino, con una antelación mínima de 10 años y residir nueve meses al año en uno de los pueblos congozantes”.
Sin embargo, mostraban que “ni se trata de aprovechamientos posibles con arreglo a las Ordenanzas ni los concesionarios o quienes lo aprovechan son vecinos de los pueblos congozantes ni cumplen las exigencias de residencia”. Por todos estos motivos pedían que “no siendo válido el contrato de cesión, ni su prórroga, se deje sin efecto, procediendo a su lanzamiento en la misma forma que hace con quienes han perdido las condiciones exigibles para el disfrute de los aprovechamientos”.
El juzgado de Tudela les dio la razón y el asunto pasó a la Junta de Bardenas en la que Gayarre señaló apoyar a los demandantes y mostró su deseo de “dejar sin efecto la prórroga del contrato”, aunque antes pidió tres informes a abogados (uno de ellos Juan Cruz Alli, cuyo trabajo fue el más cercano a las tesis de los tudelanos) y remitió el asunto al Consejo de Estado. El informe de Alli señalaba en sus conclusiones que “existen en el contrato vicios por incompetencia para enajenar un derecho que corresponde a los congozantes, no a la Junta General, determinante de nulidad de pleno derecho”.
El definitivo informe del Consejo de Estado fue concluyente y en mayo de 1990 determinó que no procedía “la revisión de oficio del acto de la Junta de Bardenas que dio su consentimiento para arrendar al Estado la superficie destinada a la instalación de un Polígono de Tiro”.
Pese a que finalmente no siguió adelante el proceso legal, de estos primeros movimientos nació la Asamblea Antipolígono de Tiro, en noviembre de 1987, integrada en sus inicios por 17 partidos políticos y asociaciones. Ese mismo año habían muerto 2 pilotos al estrellarse un F-5 en San Isidro del Pinar y 3 bombas cayeron en Peralta. En junio de 1988 se celebró la primera marcha y en 2027 tendrá lugar la 40ª edición.
La presión que se ejerció tuvo como contrapartida que el Estado pasó de pagar 5 millones de pesetas al año, entre 1985 y 1990, a 50,495 millones hasta 1995, en que se negoció una nueva subida. Ahora, el Ministerio paga unos 16 millones de euros anuales.
