La inversión en el Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra ha alcanzado en 2025 los 157 millones de euros, el mayor volumen anual registrado hasta la fecha, mientras que la obra ejecutada entre 2018 y enero de 2026 asciende a 459 millones de euros. Son cantidades que dejan entrever el acelerón del proyecto en los últimos años, a la espera de conocer este año si el enlace con la Comunidad Autónoma Vasca se realizará por Ezkio (Gipuzkoa) o por Vitoria-Gasteiz.
El dato de 2025 constituye, en términos históricos, el ejercicio con mayor nivel de gasto en esta infraestructura estratégica. “Nunca había tenido esa inversión el tren en nuestra Comunidad”, destacó este jueves la presidenta María Chivite, durante el pleno parlamentario de control al Gobierno que lidera. “Desde el año 2018 hasta enero de este año llevamos 459 millones de euros de obra ejecutada del tren”, añadió Chivite, quien vinculó estos datos a un “impulso decisivo” en las dos últimas legislaturas.
El desarrollo del corredor sigue condicionado por la definición del enlace con la red de alta velocidad hacia el resto de territorios vascos, una decisión que el Estado prevé adoptar en 2026 tras la finalización de los estudios geológicos en la sierra de Aralar. La elección del trazado determinará la salida de Navarra hacia la red estatal y europea y condiciona tanto los plazos como el diseño final de la infraestructura, en un contexto en el que el avance de otros tramos contrasta con este punto aún sin resolver.
Reuniones en Madrid
La jefa del Ejecutivo foral defendió que las reuniones mantenidas entre cargos institucionales navarros con responsables de la Administración del Estado “forman parte del trabajo habitual”, en respuesta a las críticas del PP sobre los encuentros en los que estuvo presente el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto los entonces consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Chivite dio normalidad a estos contactos y subrayó que tanto diputados como cargos públicos mantienen de manera ordinaria interlocución con ministros y secretarios de Estado para defender los intereses de sus territorios. Según explicó, esta práctica es habitual tanto en el Congreso como en el Senado y resulta necesaria para canalizar inversiones y proyectos estratégicos. En este sentido, afirmó que los consejeros del Ejecutivo foral actúan dentro de sus competencias, con el objetivo de “mejorar Navarra”, y consideró “lógico” que, si se pretende impulsar el tren, se produzcan reuniones con organismos estatales como Adif. Chivite incidió, además, en que estos encuentros se hacen públicos mediante notas de prensa, imágenes y su inclusión en la agenda institucional, defendiendo así la “transparencia absoluta” de su Gobierno.
Parálisis del PP
En el plano político, la presidenta contrapuso la actuación de los gobiernos socialistas en Navarra y en España con la gestión anterior del PP y aseguró que “la historia real es que hay dos gobiernos” que “hemos dado un impulso decisivo al tren de alta velocidad”. Según afirmó, se han logrado avances con “niveles de inversión inéditos” y “nunca vistos” hasta la fecha. En esta línea, acusó al PP de haber mostrado “racanería” en esta materia y sostuvo que “estamos teniendo que compensar” ese periodo “acelerando todo lo posible la inversión estratégica”, defendiendo que el actual Ejecutivo está materializando un proyecto que los ‘populares’ “nunca entendieron como estratégico” y que “jamás quisieron para esta tierra”.
Por su parte, el portavoz del PP, Javier García, aseguró que “lo que estamos viendo no es un hecho aislado”, sino “un patrón” que, a su juicio, “compromete la credibilidad del Gobierno de Navarra”. El parlamentario cuestionó la participación de Santos Cerdán en estas reuniones y afirmó que “no es una cuestión ni habitual ni algo muy normal”, al tratarse, según señaló, de encuentros de carácter técnico en los que “ningún otro diputado participa” sin tener competencias ejecutivas en materia de infraestructuras. “¿Cuál era el papel de Cerdán?”, cuestionó. A su juicio, la explicación ofrecida por el Ejecutivo “no resiste a un mínimo análisis”.