El portavoz parlamentario de UPN y exconsejero de Desarrollo Rural, Javier Esparza, ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación de obra pública para reivindicar la legalidad del proceso de adjudicación de la primera ampliación del Canal de Navarra, que se realizó cuando ocupaba la cartera competente y que motivó un informe crítico de la Cámara de Comptos. Asimismo, ha sostenido que su presencia responde a motivaciones políticas por haber denunciado la adjudicación de Belate.
En su intervención, Esparza ha comenzado explicando su actuación al frente del Departamento responsable de la adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal y ha defendido que se trató de un procedimiento “absolutamente impecable”. Ha remarcado que fue “la adjudicación más controlada de la historia de Navarra” y ha insistido en que el criterio determinante fue la oferta económica, “donde no puede haber ningún tipo de subjetividad”, en referencia a las dos uniones temporales de empresas (UTE) que concurrieron al concurso.
El exconsejero ha detallado que la decisión de impulsar la ampliación de la primera fase respondió a la necesidad de garantizar la viabilidad global del proyecto del Canal de Navarra. Según ha expuesto, se ha optado por incorporar nuevas hectáreas de regadío —en torno a 15.000— con un coste inferior al que hubiera supuesto su desarrollo en otras zonas, con el objetivo de asegurar la ejecución de la segunda fase. En este sentido, ha defendido que la actuación obedeció a criterios técnicos y económicos orientados a consolidar la infraestructura hidráulica.
Cabe recordar que el origen de esta comparecencia se remonta a la gestión realizada en 2015, cuando la Cámara de Comptos cuestionó la actuación de Esparza en la adjudicación de las obras de ampliación de la primera fase del Canal, una inversión de 158 millones de euros. El órgano fiscalizador criticó entonces que el consejero con Yolanda Barcina paralizara el proceso cuando la mesa de contratación se disponía a resolver el concurso para instar a la solicitud de informes adicionales a colegios profesionales, una actuación que, según el informe, podía afectar a la autonomía e independencia del órgano técnico.
Comptos señaló que esa intervención no estaba prevista en la normativa vigente y advirtió de que podría haber generado situaciones complejas si los informes hubieran resultado contradictorios. No obstante, el órgano no apreció irregularidades en la adjudicación y concluyó que el resultado final estuvo determinado por los criterios económicos establecidos en los pliegos. Asimismo, recomendó al Gobierno foral evitar este tipo de recomendaciones externas a las mesas de contratación para preservar su funcionamiento autónomo.
Denuncia una “revancha”
Tras exponer este contexto, Esparza ha ampliado su intervención para situar su comparecencia en el escenario político actual. Ha afirmado que “yo estoy aquí porque soy quien ha denunciado el caso Belate, soy quien ha denunciado al Partido Socialista de Navarra (PSN) y soy quien ha denunciado a Santos Cerdán”. El portavoz regionalista ha sostenido que el PSN rechazó inicialmente la creación de una comisión de investigación y ha señalado que su puesta en marcha se produjo posteriormente, tras los registros realizados por la Guardia Civil en la sede de Servinabar. “Lo que era un ‘no’ no tuvo más remedio que ser un ‘sí’”, ha afirmado, para añadir que, en su opinión, a partir de ese momento “decidieron que había que manchar a UPN”.
En este contexto, Esparza ha criticado la intencionalidad de la comisión y ha asegurado que “hay mucho de revancha del Partido Socialista y poco de investigación”. Ha añadido que su comparecencia responde a un ataque político y personal y ha cuestionado la ausencia de otros responsables en las sesiones parlamentarias, mencionando expresamente a dirigentes socialistas que, a su juicio, deberían haber sido citados por su relación con los hechos investigados.
Finalmente, ha defendido que durante los más de doce años transcurridos desde la adjudicación del Canal ninguna formación política ha cuestionado el procedimiento, pese a haber concurrido a tres procesos electorales como candidato a la Presidencia del Gobierno de Navarra. “No lo hicieron porque saben de sobra que no hay nada”, ha concluido, reiterando que la adjudicación fue conforme a la legalidad y que la actual comisión responde a intereses políticos ajenos al esclarecimiento de los hechos.
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