UPN fracasa en su intento de cercenar la capacidad de decidir de los navarros

UPN ha demostrado este jueves el porqué de su larga travesía por el desierto de la oposición que dura ya más de una década, instalado en una irrelevancia política que intenta combatir resucitando una Navarra monolítica y casposa que ya no existe. El regionalismo vuelve a cerrarse puertas a cualquier entendimiento con quienes no comparten su marco mental, aferrado a la premisa de que la identidad navarra le pertenece en exclusiva y levantando, una vez más, un muro entre los navarros buenos —ellos— y los malos —el resto—. Esa estrategia, que convierte la pluralidad en amenaza, ha vuelto a estrellarse contra la aritmética parlamentaria: la Cámara ha rechazado su proposición de ley para derogar la Disposición Transitoria Cuarta, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, frente a UPN, PP y Vox.

El alcance de la iniciativa no era menor. UPN pretendía suprimir el mecanismo constitucional que regula una eventual incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca, un procedimiento blindado en la propia Carta Magna que exige tanto la iniciativa de las instituciones forales como la ratificación posterior mediante referéndum de la ciudadanía navarra. De haber prosperado, la propuesta habría sido elevada a las Cortes Generales, pero su rechazo vuelve a evidenciar no solo la falta de apoyos del regionalismo, sino también el choque entre dos concepciones de Navarra: una cerrada, que busca eliminar cualquier resquicio de decisión futura, y otra que, con matices, defiende mantener intactos los cauces democráticos.

Javier Esparza, portavoz de UPN, ha desplegado los habituales mantras de la formación regionalista: que “la realidad política de Navarra ya está consolidada” y que “no tiene mucho sentido” mantener una disposición que, a su juicio, permite que la Comunidad Foral “pierda todo aquello que tiene reconocido” y “deje de ser foral”. El dirigente ha insistido en que existe “una mayoría social” que respalda el actual estatus, pero ha denunciado la ausencia de una mayoría política, señalando directamente al PSN: “Traiciona a nuestra historia, traiciona a nuestros mayores, traiciona al viejo Reino de Navarra. Se convierte en un partido antiforal a cambio de mantenerse en el sillón, el primer paso para vender Navarra cuando sea necesario”.

Frente a sus acusaciones, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha descalificado la iniciativa como “una trampa” que introduciría “un precedente muy peligroso”, al permitir que una mayoría parlamentaria en Madrid pudiera modificar elementos que afectan directamente a Navarra “sin contar con Navarra”. Unzu ha reprochado a UPN haber actuado “a las bravas, sin hablar con nadie” y ha reivindicado que cualquier reforma constitucional que afecte a la comunidad debe sustentarse en el diálogo previo entre el Estado y Navarra.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha situado el debate en un plano más amplio, señalando que la Transitoria Cuarta “existe porque hay una cuestión sin resolver, que es la relación de los cuatro territorios forales”. Aunque ha dejado claro que no es el modelo que defiende su formación, ha rechazado su eliminación al considerar que “supone un nuevo recorte del derecho a decidir de la ciudadanía navarra”. Aznal ha explicitado además el horizonte político de su coalición: “Nuestro objetivo es la república confederada de Euskal Herria. Navarra formaría parte de ella con plena soberanía, porque así lo decidiría libremente la sociedad navarra”, al tiempo que ha precisado que no apoyan “ninguna anexión o integración con ninguna comunidad o Estado”. También ha criticado esta iniciativa, ya que “consiste en usurpar la palabra a los navarros”.

En términos similares se ha expresado Pablo Azcona, de Geroa Bai, quien ha defendido que la disposición “no obliga a nada a nadie”, pero su derogación sí implicaría “quitar capacidad de decisión a la ciudadanía navarra”. Azcona ha cuestionado el planteamiento de UPN al plantear si el problema es que “pueda haber en algún momento una mayoría que no piense como ustedes y pueda decidir democráticamente otra cosa”, y ha recordado que el mecanismo fue fruto de un consenso en la Transición entre distintas sensibilidades políticas.

Desde el PP, Javier García ha respaldado la iniciativa subrayando que “lo que fue concebido como transitorio no puede mantenerse como permanente” y alertando de que la disposición sigue “manteniendo una puerta abierta que la inmensa mayoría de los navarros no quiere cruzar”. A su juicio, su permanencia “genera cierta incertidumbre sobre el futuro de Navarra”, pese a que ha defendido que la comunidad cuenta con “identidad propia, instituciones sólidas y un régimen foral reconocido y amparado en la Constitución”.

Carlos Guzmán, por parte de Contigo-Zurekin, ha enmarcado la iniciativa en “la alocada y disparatada carrera electoral” de UPN, señalando que responde a “una de sus principales obsesiones identitarias”. A su juicio, la propuesta revela “una idea muy pequeñita y monolítica de lo que es Navarra”, frente a una realidad plural y diversa en la que coexisten distintas identidades nacionales. En ese sentido, ha advertido de que la derogación supondría “acabar con uno de los pocos mecanismos democráticos que tiene la Constitución”.

El apoyo más contundente en términos ideológicos ha llegado desde Vox. Emilio Jiménez ha afirmado que la Disposición Transitoria Cuarta “solo genera incertidumbre” y “persigue lo que siempre ha perseguido ETA, que es el proyecto político de Batasuna y de Bildu