pamplona. Un colegio, un centro de salud, un puente, un bloque de viviendas, un barrio o una nueva ciudad. Son dotaciones, servicios y urbanizaciones en sus diferentes escalas que pagamos y disfrutamos todos, y confiamos en que sean diseñados con las mejores ideas (innovadoras, originales, contemporáneas, funcionales...), acordes con un entorno y, en ocasiones, con la virtualidad de planificar el crecimiento lógico y ordenado de la ciudad o de definir su modelo de desarrollo, su futuro. En definitiva, planos y alzados que dibujan todo aquello que nos une como comunidad; construyen ciudad, de ahí su responsabilidad. Eso exige tiempo y el coste de la obra no va a depender tanto del esfuerzo creativo del arquitecto como de la futura ejecución del plan.
La realidad, en cambio, es que las administraciones foral y local están primando otros criterios al margen de la calidad del proyecto en la valoración de los concursos de obra pública. Las presiones económicas y burocráticas parecen estar detrás de esta opacidad administrativa pese a que la propia herramienta legal, la Ley Foral de Contratos, permite hacer las cosas con más ambición. En concreto, los 920 arquitectos colegiados en Navarra están molestos por el actual sistema de concursos para la adjudicación de proyectos públicos en nuestra comunidad. En Navarra la situación no es mejor que en el resto del país en lo que parece un mal endémico de un sistema lastrado en los últimos años (las adjudicaciones de concursos) en el que va perdiendo fuerza la creatividad. "Si para valorar una idea se prima su precio, se pierde la garantía de que destaque la mejor solución", admiten Jesús Leache y Alfonso Alzugaray. Lo paradójico es que nadie desea esta situación, refrendan los miembros de la junta directiva y de la comisión de concursos de la delegación navarra del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. "Con dinero público tenemos que contar con las mejores ideas", reiteran.
La Ley Foral de Contratos (2006), que regula desde la venta de ordenadores hasta de "ideas", defiende para las propuestas arquitectónicas la vía de los concursos "con jurado y anónimos", sin embargo esta práctica se ha abandonado. Algunos de los últimos ejemplos que respetaron el espíritu de la ley fueron Baluarte o el Parlamento foral, concebidos muchos años atrás.
la figura del jurado La fórmula del "concurso de proyectos" se ha quedado fuera de juego. Y con ella la concurrencia abierta para que cualquier arquitecto pueda participar de manera anónima y que las propuestas sean posteriormente dirimidas por jurados competentes de capacitación similar a la que se exige a los concursantes. "Esto queda perfectamente claro en la ley pero la situación ha empeorado en los últimos años", indican. Una "mala interpretación" de la norma ha provocado "vicios" y que se estén aplicando criterios que resultan "incompatibles" con el objetivo último de buscar la "calidad" y seleccionar la "mejor propuesta arquitectónica". El problema real es que no existen jurados, órgano de deliberación que ha sido sustituido por las mesas de contratación compuestas fundamentalmente por personal "no necesariamente cualificado" (no mencionan el término funcionarios), tal y como asegura Alfonso Alzugaray. "Pueden ser equipos multidisciplinares, por ejemplo para diseñar un hospital, pero un tercio de los miembros al menos deben tener la misma cualificación que los concurrentes", explican. Personas "independientes" y especializadas en este caso en arquitectura. Ese jurado se debe nombrar desde la administración convocante.
Un edificio, un nuevo frontón, una nueva urbanización o una plaza deben encajar dentro de una concepción lineal y filosófica que es la base de todo. Cuando se valora la oferta técnica y económica a la vez se produce un "vicio de interpretación de la ley", aducen los arquitectos. Otro efecto "perverso" de esta práctica es la aplicación de diferentes criterios en función de cada administración o departamento del Gobierno foral. En lugar de apostar por los concursos de ideas -de proyectos en su acepción legal-, las administraciones se inclinan por la vía de los "contratos de asistencia técnica", que no son para aportar soluciones arquitectónicas o urbanísticas sino que sirven para una peritación, tasación, el levantamiento de planos, direcciones de obra... "Constantemente se introducen estos contratos para todo tipo de proyectos en lugar de convocar primero un concurso de ideas. Así, se aplican otras variables como la solvencia, la oferta económica, la experiencia, el currículum, incluso el número de obras realizadas, y al final se prime la cantidad y no la calidad".
Según detallan, las puntuaciones de las mesas de contratación responden además a complejas fórmulas matemáticas que no son más que reflejo de la "impotencia del tribunal para garantizar que prospere la mejor solución", admite Alzugaray. "Se puntúan aspectos parciales y disparatados, se mete lo técnico y lo económico en un mismo saco. Es un baremo absurdo que provoca resultados falseados", indica. Leache lo describe de forma gráfica: "Imaginemos dos habitaciones, en una se reúne la mesa técnica y en la otra la económica. Durante ese proceso ninguno de los componentes conoce cuál va ser el fruto de sus deliberaciones. Resulta cuando menos chocante. Y hay soluciones ganadoras cuya puntuación técnica había quedado en 2º, 3º, 4º o incluso 5º lugar", dice Leache.
bajas Por otra parte, las bajas respecto al precio de licitación han llegado a alcanzar hasta el 50%, pero insisten en que el "problema no es la cuantía sino el hecho de que se mezclen peras con manzanas". El concurso de proyectos en cambio incide "exclusivamente" en criterios de calidad, que es lo que "va a permanecer en ese solar". Declaran además que el ahorro que supone el gasto de un arquitecto (entorno al 6% del valor del proyecto) es "totalmente ridículo" en el coste final de obra.
El resultado es que muchos proyectos terminan repitiéndose en sucesivas convocatorias públicas con apenas variaciones para poder sobrevivir en esta jungla administrativa. "Se está desvirtuando la naturaleza de los concursos y hay soluciones técnicas que la propia administración ha reconocido como mejores pero que se han quedado en las estanterías", reiteran. "No es que sean malas soluciones es que podían ser mejores", puntualizan. Esta situación lleva a que en algunos concursos se note una menor participación del número de propuestas, mientras que en otros haya arquitectos que ni se planteen acudir.
Este sistema genera además "falta de claridad en todo el proceso" cuando los concursos de proyectos añadirían "transparencia y simplicidad, además de fomentar el interés por la arquitectura". Reconocen además que "lo menos discrecional es un concurso abierto y anónimo".
