pamplona. El pasado 2007, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra declaró que las señales de tráfico que indican la localidad de Zizur Mayor "deberán obrar además de la denominación en castellano la de euskera, Zizur Nagusia". Ese mismo año, el Parlamento foral aprobó una moción, impulsada por Nafarroa Bai, por la que se instaba al Gobierno foral a que no recurriera ese fallo. Pero el Ejecutivo hizo caso omiso y, aunque modificó la señalización, decidió impugnar la sentencia ante el Tribunal Supremo. Su fallo ha supuesto un nuevo varapalo judicial para el Gobierno de UPN al desestimar su recurso de casación y dar la razón a Batzarre, formación que había presentado el recurso contra la señalización de la Autovía del Camino A-12.
Para el parlamentario de NaBai y miembro de Batzarre, Ioseba Eceolaza, que compareció en rueda de prensa junto al concejal de NaBai Txema Mauleón, el fallo del Supremo "pone en entredicho toda la política lingüística del Gobierno de Navarra desde 2001". Esta sentencia, en opinión de Eceolaza, "es histórica e importante porque crea un precedente judicial para otros pueblos que se encuadran en la zona mixta".
El origen de esta resolución se remonta a un recurso presentado por Eceolaza ante el TSJN contra la señalización de la Autovía del Camino, ya que el nombre de Zizur Mayor sólo figuraba en castellano y no en euskera, una localidad perteneciente a la zona mixta. El TSJN dio la razón a Eceolaza y el Parlamentó pidió al Gobierno que no recurriera. Pero fue en vano ya que éste presentó un recurso de casación ante el Supremo. Ahora, este tribunal ha confirmado la sentencia del Tribunal de Justicia de Navarra y condena al pago de las costas al Ejecutivo foral.
invitación a dimitir Ante esta situación, Eceolaza acusó al Gobierno foral de "utilizar el dinero público de forma caprichosa e irracional para imponer su política y para restringir derechos lingüísticos, algo criticable a nivel político y administrativo". En su opinión, nos encontramos "ante una política, la de UPN, arbitraria en lo judicial e inaceptable en lo político".
Batzarre considera que "si los responsables del Ejecutivo foral tuvieran un mínimo de decencia política, algún cargo político debería presentar su dimisión". Por ello, Eceolaza pidió al Gobierno de Navarra que "asuma las responsabilidades políticas y administrativas que se derivan de esta sentencia y, sobre todo, que reflexione y que pare ya esta huida hacia adelante en la que se está convirtiendo el camino jurídico que está abriendo el Gobierno foral.
Por su parte, Mauleón afirmó que "o se cambia la actitud sectaria que tiene el Gobierno foral en materia de euskera o difícilmente vamos a poder superar un elemento que, sin duda, interviene en la convivencia de la sociedad navarra". Y concluyó: "se habla de buscar espacios de consenso en materia de euskera, pero tienen que partir de la base del respeto a la lengua".
