pamplona. El programa de mediación lingüística e intercultural itinerante del Gobierno de Navarra, que cuenta con diez profesionales procedentes de nueve países diferentes, ha intervenido en un total de 7.007 casos en sus dos primeros años de existencia (julio 2008-julio 2010) y ha atendido a 3.877 personas y a 991 asociaciones, cifras que evidencia la "buena acogida" del servicio, admiten sus responsables. En el 95,4% de las solicitudes registradas (6.682 procesos), la mediación ha sido favorable para ambas partes, en el sentido de que se ha llegado a un acuerdo o una mejora de la situación de partida que motivó la solicitud de intermediación. Estos datos se dieron a conocer ayer en el marco de una jornada organizada por la Oficina de Atención a la Inmigración, en colaboración con la Fundación Anafe (CCOO) y Cruz Roja, para debatir sobre los nuevos desafíos socioculturales asociados a la migración.

La principal demanda, tanto de los profesionales del sector público (de los ámbitos educativo, sanitario, social...) como de los propios usuarios que tienen acceso a este programa, tiene que ver con problemas derivados de la "comunicación" y las dificultades con el idioma de la población inmigrante, que alcanza el 11% de la población (71.000) y supera las 87.000 personas si se suma toda la población empadronada con otra nacionalidad de origen. Según Susana Obanos, de Anafe, el nivel de comprensión no es tan sencillo como tener un cierto nivel de castellano. "A lo mejor te sirve en el ámbito sanitario para obtener una información básica pero no cuando hay un lenguaje más técnico y diagnósticos más complejos. De hecho, hemos tenido que traducir a personas que llevan ocho o diez años aquí", remarcó. En segundo lugar, intervienen en el ámbito de información y asesoramiento "en todos los niveles". Desde a dónde acudir para tramitar una renta básica, qué hacer si alguien se quiere casar, crear una empresa, empadronarse, hacer una declaración de la renta...

factores sociales Las dificultades se presentan en torno a factores personales y sociales ligados al propio proceso migratorio, y no tanto culturales. Economías frágiles y vulnerabilidad en el empleo están detrás de muchas consultas. Desde Anafe se ha mediado en numerosos casos de personas inmigrantes que han perdido su vivienda. Con el boom inmobiliario, reconoce Obanos, muchos inmigrantes optaron por comprar una VPO. "El mensaje social era que mejor pagar una hipoteca de 400 euros que un alquiler de 700-800 euros al mes". En el momento en que las dificultades de empleo se han multiplicado por tres en este colectivo, se han visto imposibilitados a pagar las hipotecas, generándose verdaderos "dramas". "Si entregas la vivienda, no cancelas la deuda porque al tasarla su valor ahora está por debajo de lo que pagaste, de manera que te quedas sin vivienda, perdiendo todo el dinero que habías aportado y con una deuda de 30.000 o 40.000 euros", remarcó. El papel de los mediadores en estos casos es analizar la situación económica de la persona afectada para que decida si puede seguir adelante, recurrir a la vía de embargo, o vender antes su vivienda. "Muchas veces vienen del banco o de la empresa con una carta en la mano, pero no entienden lo que ha ocurrido y no saben, por ejemplo, que pueden reclamar o tienene derecho a pedir explicaciones", indica. El mediador no es un solucionador pero va a facilitar que la situación "se aclare" por las dos partes, si tiene que acudir a un sindicato a denunciar a su empresa o al defensor del consumidor porque las condiciones de la hipoteca son abusivas, como también es fundamental esa función de "apoyo psicológico, de desahogo", expusieron. Para Cristina Pardo, de Cruz Roja, precisamente lo que menos se demanda es la resolución de conflictos interculturales o de convivencia vecinal. "El tema es cómo afrontas un conflicto. Pedir ayuda todavía cuesta. Nadie nos ha enseñado a plantear los problemas como una oportunidad de mejora, aunque con la nueva cultura de la paz y de la resolución de conflictos se va extendiendo esta idea", subrayó. De las 7.007 atenciones realizadas, 1.342 (19,2%) han estado relacionadas con el ámbito social, 1.330 (19%) con el laboral-económico y 1.255 (17,9%) con el jurídico-administrativo. A cierta distancia, les siguen el área educativo-formativa (9,8%), la sanidad (8,8%), la vivienda (8,2%), la inmigración (6,5%), la justicia y la seguridad (4,8%), la familia (3,7%), y la cultura, el ocio y el deporte (2%). El programa fue impulsado por la Oficina de Atención a la Inmigración del Gobierno, está gestionado por Anafe y Cruz Roja, y financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado Inmigración.