Juan Manuel Fernández: "Me preocupa que la sociedad perciba una politización de la Justicia"

Ligado a la Comunidad foral desde 1975, cuando llegó para estudiar Derecho, cree que el funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra es un referente pero reclama su "modernización".

Es constante su preocupación por la falta de medios en el ámbito judicial. ¿Han empeorado sus esperanzas por la crisis?

La organización de la justicia necesita una revisión profunda y la ampliación de las competencias presupuestarias del Consejo General del Poder Judicial. Debe articularse de un modo más eficaz la relación entre Consejo, Ministerio y Comunidades Autónomas. Y es vital implantar las tecnologías de la información y la comunicación.

Siempre incide en que Navarra tiene una buena situación comparativa y que aquí hay una menor litigiosidad. ¿A qué se debe?

Uno de los factores para la mejor situación en Navarra es la estabilidad de jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales, sin largos periodos de interinidad. En cuanto a la litigiosidad, Navarra tiene una tasa pequeña respecto al resto de España, explicable por varios factores, pero destacaría la labor de los profesionales del Derecho que también participan en la Justicia, como los abogados. Ejercen un importante papel de pacificación y resolución de conflictos sin llegar a la vía judicial.

La vía de la mediación cuenta con buenas tasas de resolución

R.- En Navarra llevamos años con experiencias piloto, muy particularente en un área del derecho donde la mediación es clave, la de familia. Si los conflictos de la pareja no se arreglan de mutuo acuerdo, perduran y generan un enconamiento que además repercute cuando hay hijos. La mejor manera de solucionarlo son las fórmulas de arreglo entre ellos, y esto hay que promoverlo. El nuevo gobierno ha anunciado una Ley de Mediación y ojalá sea así.

P.- Esa es una de las propuestas del nuevo Ejecutivo. ¿Son beneficiosas para descongestionar la Administración de Justicia? ¿Qué opina, por ejemplo, de que los notarios puedan resolver divorcios de mutuo acuerdo?

Se han anunciado muchas reformas, aunque hay una fundamental y prioritaria: Conseguir la modernización de la Justicia para que esta sea efectiva, lo que requiere implantar las tecnologías de la información y la comunicación. Es necesario que todos los juzgados españoles actuemos en red. Es necesaria una nueva forma de organización judicial. Y es necesario contar con el número de jueces y el personal adecuado y debidamente formado.

En cuanto a las reformas anunciadas, unas me gustan más que otras y habrá que esperar a su desarrollo. Respecto a la de la intervención notarial, no me parece mal que se puedan llevar fuera de los tribunales algunos asuntos que no son contenciosos, sin controversia entre las partes, pero en los que la intervención judicial supone una garantía. En el caso de la disolución de matrimonios de mutuo acuerdo, creo que sacarlo de los juzgados no supondría en absoluto aliviar la carga de trabajo. La celeridad tampoco sería una razón que lo justifique, porque son procedimientos que en la vía judicial se tramitan con absoluta rapidez, por lo que no alcanzo a ver las bondades de un cambio de sistema.

¿No se deteriora la estabilidad de la Justicia si con cada Ejecutivo se tocan leyes asentadas socialmente?

R.- La seguridad jurídica precisa de varios soportes y uno de ellos es que haya una estabilidad normativa, que las leyes nazcan con una vocación de permanencia. Por eso se han de redactar con más rigor y con la necesidad de llegar a amplios acuerdos parlamentarios. Es lógico que cuando hay un cambio de gobierno el nuevo implante sus políticas programáticas, pero esto no debe llevarse al extremo de un cambio absoluto del sistema normativo, al menos en leyes fundamentales y básicas.

En los últimos años hay una percepción social de que la Justicia está politizada ¿Lo vive con preocupación?

R.- Con enorme preocupación, porque repercute en la credibilidad de la Justicia ante los ciudadanos y en la confianza que depositan en nosotros. Afirmo que los jueces actuamos únicamente con sujeción a la ley, al principio de legalidad, lo que no quita que pueda haber algún caso en el que no se cumplan los deberes éticos exigibles a cada uno en nuestro trabajo. De ser así, serían supuestos muy excepcionales. Creo que esa imagen de politización viene mediatizada por la forma de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Este aspecto ha de analizarse, y ya el Gobierno del Partido Popular ha señalado como un remedio que 12 de los vocales sean elegidos por los propios jueces y magistrados.

P.- Parte de la sociedad española se siente decepcionada por el funcionamiento de la Justicia con resoluciones como las relacionadas con el ex-presidente valenciano Francisco Camps, la inhabilitación del juez Baltasar Garzón, o el alcance del caso Noos en el que está imputado Iñaki Urdangarín.

Es inevitable que se produzcan tensiones importantes cuando a los tribunales llegan asuntos en los que están implicadas personas con responsabilidades políticas o banqueros o el caso de Iñaki Urdangarin. Creo que las resoluciones judiciales pueden y deben ser criticadas, aunque esa crítica debe hacerse en clave argumentativa. Lo que no es legítimo son las descalificaciones de la naturaleza que se han hecho, llamando fascistas a los jueces del Tribunal Supremo o aludiendo a una persecución política al juez Garzón.

El cese de la actividad armada de ETA, ¿cambia o debería cambiar algo en la Justicia?

Nada en absoluto. Nuestra misión es aplicar la Constitución y las leyes que rigen en el Estado, y no podemos decidir en atención a criterios de oportunidad, y mucho menos de oportunidad política. Ello sin perjuicio de que el gobierno y los partidos políticos lleven a cabo sus estrategias y programas, de forma que en el ámbito penitenciario el Gobierno dispone de mecanismos como el acercamiento de los terroristas. Nuestra misión es seguir investigando los delitos perpetrados, juzgarlos y hacer que se cumplan las penas. La legitimidad democrática del juez descansa en su sujeción a la ley y la perdemos si nos salimos de eso.

¿Qué papel tiene el nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, en la gestión del fin de ETA?

Ante todo le deseo lo mejor. Es un compañero y buen amigo. Pero él no va a gestionar el fin de ETA, no va a entablar ningún proceso negociador con ETA, ni siquiera va a ser un instrumento al servicio de esa negociación. El poder judicial es independiente y nuestro papel será el de siempre, el de aplicar las leyes. Le va a tocar gestionar una enorme responsabilidad, la de conseguir que un órgano tan importante funcione adecuadamente y resuelva su trabajo lo mejor posible. Si se habla en otros términos, subyace que la justicia puede ser instrumentalizada polítiamente y se puede poner al servicio de un interés, de si conviene actuar más duramente o que el rigor se suavice. Esto no es cierto en absoluto, lo niego con rotundidad: El poder judicial español es un poder independiente.