Pamplona. Hace dos años, Eneko trabajaba en la fábrica de Volkswagen, aunque llevaba "varios años empleado en diferentes puestos en el ámbito de la electricidad", sector en el que está formado tras "estudiar un ciclo educativo de FP". En esa época "vivía en un piso de alquiler en Mendigorría" y empezó a "pagar una vivienda en Ripagaina". "Era una VPO y tenía que ingresar unos 800 euros al mes, además de la entrada". Eneko nunca llegó a vivir en el inmueble, ya que "estaba cotizando la vivienda por adelantado, son unos pisos que se están empezando a dar ahora", explica. Pero fue despedido de su trabajo y se dio cuenta de que no podría seguir haciendo frente al pago del piso. Cuando comunicó a la constructora su decisión de echarse atrás en la compra, le respondieron que "no había ningún problema, aunque le penalizarían con 1.200 euros". Esta cantidad es la fianza habitual que se queda la empresa cuando se abandona una compra en el caso de la viviendas protegidas, debido a que se considera un "incumplimiento de una obligación". Esto a él "no le pareció mal", pero exigió que le "devolvieran los 30.000 que llevaba pagados".
"La empresa se comprometió a pagar el dinero que había estado adelantado pero tras un par de meses sin tener noticias suyas decidí ir a la oficina", aseguró Eneko. Allí le dijeron que "tuviera tranquilidad, que era algo que llevaba su tiempo y que a veces tardaban en realizar la transferencia". Eneko empezó a "acudir cada dos semanas" para exigir su dinero pero le "daban largas". "No conseguía una respuesta concreta de cuándo me iban a dar mi dinero", critica. Sin saber que hacer se acercó al Ayuntamiento de Ansoáin, localidad a la que había vuelto tras quedarse en paro. "Una responsable de la asociación de consumidores Irache me atendió y me redactó un escrito para que se lo llevara a la empresa", pero tampoco tuvo éxito. Así que Eneko volvió a ponerse en contacto con la asociación, que "decidieron llamar ellos en persona". Esta vez sí logró su objetivo y le devolvieron los 30.000 euros que reclamaba.
Durante todo este proceso estuvo acompañado de sus progenitores, ya que tras quedarse en paro "no pudo seguir con el alquiler" y tuvo que "volver a casa de sus padres". Esta realidad le resulta "más incómoda", ya que ha "renunciado a parte de libertad", pero por ahora "no parece que vaya a cambiar porque está muy complicado conseguir trabajo".
un caso habitual La historia de Eneko no es un caso aislado. Él mismo asegura que "hay casos peores", como el de otro vecino de Ansoáin que "no consiguió el dinero que había pagado porque la empresa de declaró en quiebra". Esta constructora consideró que "debido a la situación económica ya no podía dar el dinero adelantado a su dueño y él no pudo hace nada", relata Eneko. En este sentido, Irache advierte de que hay "más de 17.020 navarros que no pueden acceder a una vivienda", la mayor parte de ellos debido a las "restricciones de crédito por parte de los bancos". "Muchos de estos afectados ya habían firmado un precontrato de compraventa de una vivienda libre, pero se han tenido que echar atrás por haberse quedado en el paro o haber empeorado su economía, lo que conlleva no solo quedarse sin la vivienda sino también la pérdida de la fianza dada, entre 500 y 1.200 euros en el caso de pisos protegidos y de miles de euros en los libres", según resalta Irache.
