pamplona. Varias asociaciones y representantes de centros de la enseñanza concertada y de colegios religiosos de Navarra han suscrito una "declaración por la Libertad de Elección de Centro en Navarra" y expresan su rechazo a la iniciativa de I-E de suprimir los conciertos a los centros de educación que segregan por sexos. El documento ha sido firmado por las federaciones de padres Concapa y Fapacena, las patronales de la enseñanza concertada, Escuelas Católicas, representante de centros religiosos, Asociación Navarra de Centros de Enseñanza y Sepna.
Esta iniciativa fue presentada ayer en Pamplona y, según explicaron sus promotores, se enmarca en la reciente admisión a trámite en el Parlamento de Navarra de una proposición de ley de Izquierda Ezquerra para suprimir los conciertos a los centros de educación diferenciada (Miravalles-El Redín e Irabia).
Estos centros, indicaron, cuentan "con cerca de 4.000 alumnos, más de 2.800 familias y 360 trabajadores, lo que supone casi el 12 % de los alumnos escolarizados en la red concertada". Durante la presentación del documento, Francisco José Flores, presidente de CECE Navarra, defendió "la legitimidad de la educación diferenciada desde el punto de vista jurídico, aludiendo para ello a la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Supremo".
En relación a las dos sentencias del Tribunal Supremo que reconocen la discriminación de estos centros en la admisión de alumnos, Flores aseguró que no afectan a Navarra "puesto que en los dos colegios de educación diferenciada Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga se admite mixtamente en la admisión, es decir, se admiten a niños y niñas y luego en algunas etapas educativas se les separa por razones pedagógicas".
El presidente de CECE opina que la iniciativa de I-E va a provocar la desigualdad entre los ciudadanos navarros para elegir centro educativo por motivos económicos, la puesta en riesgo de la viabilidad futura, y la creación de colegios elitistas.
Por su parte, Iñaki Iraizoz, asesor jurídico de Escuelas Católicas, señaló "el carácter discriminatorio de esta proposición de ley de I-E, y valoró el peligro de establecer requisitos distintos a los existentes en la LOE (tener autorización para impartir enseñanzas obligatorias y satisfacer necesidades de escolarización) para acceder al concierto educativo. "Hoy es la educación diferenciada, mañana los centros de ideario cristiano o los modelos lingüísticos", opinó.
Ricardo Abete, del sindicato Sepna, pidió al Parlamento el mantenimiento de los actuales conciertos educativos, y al Gobierno que tome las medidas necesarias "que garanticen la libertad de las familias al elegir el centro educativo que desean para sus hijos, y el mantenimiento de los más de 350 puestos de trabajo".
En representación Concapa y Fapacena, Nagore Gil, dijo que "suprimir los conciertos con los centros de educación diferenciada es una discriminación por motivos ideológicos y de raíz económica. Supone una amenaza al pluralismo educativo por la pérdida de libertad para las familias que ello conlleva", ha sostenido.
Iraizoz y José Flores destacaron que el auténtico progresismo exige ampliar derechos y libertades, y que esta iniciativa sólo quiere atacar a las 26.000 familias y 36.000 alumnos de la enseñanza concertada.
